La jugada gubernamental de suspender la evaluación docente –y revivirla pasadas las elecciones– buscó debilitar a la oposición magisterial. Con esto, la administración de Enrique Peña Nieto se aseguraba el apoyo del Panal y, por lo tanto, la mayoría en la Cámara de Diputados, de acuerdo con una fuente cercana a la negociación. El partido fundado por Elba Esther Gordillo ganó por partida doble: se convirtió en un aliado poderoso del PRI y quedó en una posición muy favorable de cara a la repartición de una bolsa que suele rondar los 51 mil millones de pesos anuales para apoyos a los profesores. Y cuando el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, por fin dio la cara, lo hizo para quedar evidenciado, una vez más, como embustero. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La tarde del 29 de mayo, en la antesala de los comicios intermedios en el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un breve comunicado, que en tres líneas anunciaba la suspensión “indefinida” de todos los procesos de evaluación docente que soportan la reforma educativa. La medida se convirtió en uno de los asuntos más convulsos del sexenio y, oculto el gobierno, el escándalo de inmediato se atribuyó a uno más de los pactos entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la disidencia magisterial, que amenazaba con boicotear las elecciones. Pero la suspensión de las pruebas tenía un objetivo adicional, orquestado desde la SEP en connivencia con la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), según pudo acreditar Proceso con una fuente de alto nivel, próxima a la negociación: El plan era desgastar económicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a través de la instauración de reglas convenidas con el SNTE, alineado con el gobierno, que venía perdiendo terreno ante la disidencia y que controla el Partido Nueva Alianza (Panal), instituto político que en retribución habría pactado con el PRI para que éste lograra la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y es que detrás de ese arreglo está en juego una bolsa de 51 mil millones de pesos que la Federación pagaba anual e indistintamente a los maestros de todas las corrientes sindicales, a través del programa de Carrera Magisterial, como estímulos derivados de las evaluaciones que incrementaban hasta en 200% el salario de los docentes... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2017 de la revista Proceso, ya en circulación.