MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sorprende el triunfalismo con el que los distintos actores políticos asumen los resultados del proceso electoral. Para Enrique Peña Nieto, se trató de un referéndum aprobatorio de su gobierno y de los resultados positivos en la economía nacional tras las reformas estructurales, por lo que el PRI logró una mayoría en la Cámara de Diputados, lo que no ocurría desde 1991, en momentos en que las expectativas de crecimiento económico para este año han caído a 2.2%, en tanto el desempleo y la desigualdad crecen y los salarios continúan depreciándose.

Para Lorenzo Córdova, los comicios fueron un éxito. Se logró –dijo– ‘‘exorcizar la amenaza del boicot” y el entorno adverso llevó a ‘‘la delicada circunstancia de tomar como rehén de las demandas sociales al Estado” a través de las elecciones’’.

Las afirmaciones de ambos personajes denotan el divorcio entre las instituciones públicas y la sociedad. Quien evade la realidad respecto a la precaria situación económica que enfrenta la inmensa mayoría de los mexicanos no impulsará la reorientación de la economía nacional; y quien asume que las demandas de los movimientos sociales limitan el desarrollo democrático del país, representan el principal obstáculo para alcanzarlo. Qué son las elecciones sino la disputa entre distintos proyectos políticos por el poder público; la disputa por la Nación por la vía democrática.

Si bien los comicios trajeron consigo resultados que impactarán la vida política nacional y superaron las expectativas de participación ciudadana, no es posible perderse en el laberinto del triunfalismo oficial que elude los graves problemas que acompañaron este proceso.

Las campañas se caracterizaron por su escasa intensidad. Ningún partido planteó una propuesta clara; se limitaron a la mercadotecnia, promoviendo la imagen de candidatos o dirigentes, y todos plantearon el combate a la corrupción. Lejos de erigirse en una arena política para la confrontación de ideas y plataformas partidistas, se convirtieron en un mercado por los votos.

Las elecciones fueron ajenas a la normalidad democrática. A la violencia de la delincuencia organizada, se sumó el cuestionamiento al bajo nivel de credibilidad y legitimidad de los partidos e instituciones públicas; la militarización y la violencia política. Durante la campaña electoral fueron asesinados 28 candidatos y dirigentes en 12 estados del país; 16 ciudadanos más muertos en un enfrentamiento en Acapulco el día previo a la elección; tres asesinatos más se registraron durante la jornada electoral (Antonio Vivar en Tlapa, José Alfredo Jiménez en Oaxaca, y Carlos García, en Puebla). Dos días después fue asesinado Francisco López Liborio, en Iguala. A lo anterior se sumaron conflictos agrarios y de los pueblos indígenas en defensa de sus recursos naturales.

La quema de casillas se extendió en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y posteriormente en el Estado de México, de los que resurgió el viejo México mágico, como ocurrió en el Distrito XI de Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde se incendiaron 103 casillas que posteriormente aparecieron computadas en favor del PRI. Como lo denunció el exdirigente de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Erangelio Mendoza Vargas, quién cuestionó el llamado boicot electoral operado por el grupo llamado Los Pozoleros, vinculado con el exgobernador Ulises Ruiz y Eviel Pérez Magaña, y por el grupo Los Pelones, relacionado con José Nelson Murat Casab, “los que sirvieron sólo para encumbrar a los candidatos a diputados federales del PRI”.

Durante el proceso prevaleció la anomalía democrática, se mantuvieron las viejas prácticas de coacción, intimidación, compra del voto y desvío de recursos públicos. La violencia y otros incidentes graves representaron para estos actores políticos, un daño colateral.

El INE descepcionó en su desempeño. A la impunidad que otorgó al Partido Verde en sus recurrentes violaciones a la ley, incluida la promoción del voto durante la jornada electoral, hasta por el “Piojo” Herrera, que implicaban la cancelación de su registro, se sumó su renuencia a fiscalizar los recursos utilizados por los partidos, su origen, la contratación ilegal de espacios en los medios de comunicación; la distribución de artículos utilitarios prohibidos por la ley (útiles escolares, monederos electrónicos, materiales de construcción), así como el eventual rebase del tope de gastos de campaña.

Destaca la contradicción de criterios de interpretación y adopción de resoluciones con los órganos locales electorales, donde siguió predominando el control de los gobernadores. Por ejemplo, en Colima se aceptó el recuento voto por voto en la elección de gobernador, mientras que en la delegación Gustavo A. Madero se negó el mismo a pesar de que la diferencia entre los candidatos punteros es menor a 1%.

La falla en los sistemas informáticos del INE son un indicador más. En el Estado de México a las 18 horas del domingo 14 de junio, la diferencia entre los votos emitidos para diputados federales y diputados locales, era superior a 1 millón 200 mil votos, lo que a la vieja usanza mexiquense se ajustó a las dos de la mañana del día siguiente.

Los resultados de la elección ponen en evidencia la profunda crisis de legitimidad de un agotado sistema de partidos y de los órganos de representación en el país. La predominancia tripartidista sufrió un revés. Pese a que la votación entre 2009 y 2015 se incrementó en 2.5 millones de votos, el PRI perdió 1.2 millones de votos y el PAN 1.3 millones. Con ello, la concentración de votos en los tres principales partidos cayó de 77% en 2009 a 61% en 2015, beneficiando esta redistribución de los votos a los nuevos partidos: Morena que alcanzó 8.4% de la votación y el PES con 3.3% y a los partidos pequeños (con excepción del PT), en especial Movimiento Ciudadano que superó 6% de la votación.

Un comportamiento especial se acreditó en las zonas metropolitanas donde se registró la mayor libertad del voto, en especial de jóvenes y sectores medios de la población, favoreciendo el triunfo del primer candidato independiente a gobernador en Nuevo León; el de Movimiento Ciudadano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la emergencia de Morena en el Distrito Federal, donde las encuestas se colapsaron, demostrando que no se puede inventar la realidad.

Si bien el PRI y sus aliados electorales tendrán (con apenas 19% de los electores en el listado nominal) mayoría simple en la Cámara de Diputados, y con sus aliados del Pacto por México una cómoda mayoría calificada, estas elecciones no pueden asumirse como un refrendo al actual gobierno, ya que el factor determinante lo conformaron los procesos locales, en el que concurrieron por primera vez tres elecciones más de gobernador (Campeche, Colima y Guerrero); un importante número de jóvenes que votaron por primera vez, así como la participación de candidatos independientes, quienes llegaron para quedarse, e impondrán un nuevo sello en nuestro sistema electoral, ya que si bien algunos de estos candidatos provienen de la militancia partidista o contaron con el apoyo de estructuras partidarias disidentes o de grupos económicos, obligarán a los partidos a imprimir perfiles ciudadanos en sus candidaturas, con mayor identidad por causas locales, como lo demuestra la experiencia de Enrique Alfaro en Jalisco.

Si bien la participación de los ciudadanos fue superior a lo previsto y el voto nulo descendió, se registró un comportamiento desigual en el territorio nacional. Por ejemplo, mientras en Yucatán se presentó una votación atípica con la participaron de 72% de los electores; en Baja California concurrió apenas 31.4%; en tanto que los votos nulos que a nivel nacional sumaron 4.7%, en el Distrito Federal alcanzaron 7.3 %.

Desde la izquierda, los dirigentes del PRD han pretendido minimizar su colapso electoral y la fractura causada por Morena restando peras con manzanas, al querer comparar la votación obtenida por el nuevo partido con los votos alcanzados por las coaliciones electorales de 2006 y 2012 que postularon a López Obrador en una elección presidencial.

A lo largo del proceso, la izquierda, fragmentada, debatiéndose entre el pragmatismo y el sectarismo, y compitiendo entre sí, obtuvo resultados desiguales. El PRD sufrió su mayor colapso electoral, y si bien aumentó su votación en más de 100 mil votos y ganó la gubernatura de Michoacán sin tener mayoría en el Congreso local, cae 10.8% de la votación nacional; pierde el gobierno de Guerrero y la mayoría en el Distrito Federal y en el estado de Morelos. Incluso se desploma al décimo lugar en Nuevo León.

Morena alcanza su registro y se constituye en el nuevo centro de gravitación de la izquierda, tendrá un importante grupo parlamentario y alcanza el primer lugar en el Distrito Federal; el segundo lugar en Quintana Roo, y en 17 entidades se coloca por encima del PRD.

El proceso electoral ha puesto en evidencia la profunda crisis de credibilidad del Estado mexicano y sus instituciones, las cuales se encuentran entrampadas en medio de estructuras corrompidas incapaces de responder al interés de los mexicanos. El saldo que arrojan las urnas demuestra cuán lejanos se encuentran los partidos políticos de las causas ciudadanas, y cuan arraigada prevalece la cultura política de la corrupción y del engaño construida desde la época del partido hegemónico.

No existe un escenario de normalidad democrática. Es necesario construir uno nuevo. El inicio de una nueva época, con una visión crítica y con iniciativas que induzcan una ruptura cultural para edificar un nuevo pacto social entre los mexicanos. Ello no provendrá del gobierno ni de los partidos políticos.

Si se pretende construir un frente político electoral hacia 2018, éste debe emerger de la sociedad. Construir candidaturas vinculadas a los movimientos sociales para recuperar los vínculos con las luchas sociales y la disputa territorial que permitieron a los movimientos sociales convertirse en gobierno, y a la izquierda en una fuerza nacional. Las fuerzas progresistas deben dejar atrás el pragmatismo y el sectarismo que las han aniquilado. Aprender a escuchar y actuar con inteligencia para coadyuvar a articular el enorme archipiélago de indignación en que se ha convertido nuestro país.  l

*Senador de la República