MADRID (apro).- España amaneció este miércoles con menos derechos que ayer. En el primer minuto de este miércoles, entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, que recorta de manera sustancial los derechos de la ciudadanía y da un enorme poder a la policía para actuar en contra de manifestaciones y actos de protesta, sin necesidad de que éstos sean conocidos y sancionados por un juez. Se trata de la “Ley Mordaza” que incluye 44 conductas que pueden ser motivo de multas desorbitadas, que oscilan entre 100 y 600 mil euros, en un país donde las manifestaciones y protestas son pan de cada día desde que estalló la crisis en 2008. Sin capacidad de hacer frente de otra forma al malestar ciudadano provocado por la crisis y las medidas de choque, el gobierno de Mariano Rajoy recurrió a la mano dura con una ley que recorta de forma evidente actuaciones de protesta o de libertad de expresión. Con excepción del gobernante Partido Popular (PP), el resto de los partidos políticos e innumerables colectivos sociales repudiaron esta nueva ley, la que consideran no tiene que ver con la seguridad ciudadana, sino con restar derechos, en especial el de la protesta. En la madrugada, una vez que entró en vigor la ley que fue aprobada en marzo solo el voto del PP, se convocó en el centro de Madrid una manifestación silenciosa en contra de la Ley Mordaza. Por la mañana, los activistas de Greenpeace desplegaron desde una grúa, frente al Congreso de los Diputados, una pancarta de grandes dimensiones con la leyenda “La protesta es un derecho”. Hoy cuatro integrantes de la organización feminista Femen protestaron con el torso descubierto en la fuente de Cibeles, frente al edificio del Ayuntamiento de Madrid, por la aprobación de la ley mordaza. Ondearon banderas con la leyenda “desobediencia” y en sus torsos desnudos escribían “mi nombre es democracia” y “no ley mordaza”. Además exigieron la derogación de esta nueva ley que votó el gobierno de Mariano Rajoy. La ley prevé multas de 30 mil a 600 mil euros para quien realice protestas no comunicadas en infraestructuras críticas Hay 23 faltas graves, que se sancionan entre 601 y 30 mil euros, como “perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas”. También “perturbación grave” de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas; causar desordenes en la calle u obstaculizarla con barricadas y una más dedicada a las actuaciones ciudadanas para impedir los cientos de desahucios que se registran a diario: “impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales” En este apartado se incluye la desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes; negarse a disolver manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes, entre muchas otras. Videograbar la actuación de la policía a la hora de disolver manifestaciones y difundir esas imágenes en internet es también penado como una falta grave, que tiene una sanción que oscila los 30 mil euros. En teoría, la medida exceptúa a la prensa, aunque siempre y cuando no se identifique a los miembros de las fuerzas de seguridad, lo cual limita también la libertad de comunicación. El texto final sufrió numerosos cambios del primer borrador del Ministerio del Interior, presentado en noviembre de 2013, en el cual se sancionaban cosas como “ultrajes a España”, que fue eliminado o las concentraciones sin autorización frente al Congreso de los Diputados, que en principio se sancionaba con 600 mil euros y se rebajó a un máximo de 30 mil euros. En el pasado, las protestas frente al Congreso fueron contra las medidas de austeridad, de trabajadores en paro, gente que tiene apenas para sobrevivir o que vio reducida su capacidad de compra con la crisis. Partidos como Podemos criticaron que Rajoy no combate las causas de esas protestas, que son el repudio a sus medidas contra la crisis, sino la consecuencia. Albert Rivera de Ciudadanos, el nuevo partido de centro-derecha, consideró que esta ley se trata de “un calentón” del gobierno. La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advirtió a las autoridades que de forma urgente den instrucciones precisas a los cuerpos de seguridad, para “impedir cualquier extralimitación policial”. La preocupación de la Defensora del Pueblo se da en el marco de los excesos cometidos por la policía española durante su papel como antidisturbios.