La traición de los generales

Un juicio contra militares por homicidio y violación a los derechos humanos pasó al fuero civil e hizo necesaria la declaración del general que encabezó la Operación Conjunta Chihuahua desde 2008: sus subordinados lo implican en la fabricación de pruebas y la tortura de que fueron objeto para firmar confesiones falsas. En entrevista, uno de los inculpados, el mayor Alejandro Rodas, indica que la acusación es una venganza política y pugna por investigar a la cadena de mando que “traicionó a sus propias tropas”, incluidos el exsecretario Guillermo Galván y el expresidente Felipe Calderón.

La mañana del 23 de octubre de 2014, el general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández llegó al Juzgado Décimo Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Declaró como testigo en el proceso por tortura y homicidio que se realiza en el Juzgado Décimo de Distrito, en la ciudad de Chihuahua, contra un grupo de militares de la tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga.

De abril de 2008 a  julio de 2010 el general Espitia fue el coordinador de la Operación Conjunta Chihuahua, ordenada por el entonces presidente Felipe Calderón y que dejó una estela de desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y decenas de quejas de violaciones a los derechos humanos.

Declaró en el caso de la supuesta tortura y asesinato de los civiles Esaú Samaniego Rey, José Heriberto Rojas Lemus y Erick Campos Valenzuela, delitos de los que se acusó a 19 militares de un “pelotón de la muerte” (Proceso 1933).

Espitia compareció por videoconferencia. Quien la solicitó fue el mayor Alejandro Rodas Cobón, uno de los señalados y segundo comandante de la CINE cuando presuntamente se cometieron los crímenes.

Rodas le preguntó sobre el puesto que desempeñó en Chihuahua y el general dijo que fue comandante de la quinta zona militar, en la capital del estado, desde 2007 hasta mediados de 2010. A partir de 2008 también fue nombrado coordinador de la Operación Conjunta Chihuahua. En esta posición, explicó, recibía órdenes directas del Estado Mayor de la Defensa.

–¿Cuando fue coordinador realizó visitas a las operaciones militares que realizaba la tercera CINE en Ojinaga? –prosiguió Rodas.

–Realicé una o dos visitas a las instalaciones de Ojinaga, mas no a las actividades que realizaban.

–En su carácter de comandante de
la quinta zona militar y coordinador de la Operación Conjunta, ¿no era su obligación supervisar las operaciones que desarrollaban la tercera CINE?

– No, no era mi obligación.

Explicó que el comandante de la tercera CINE era el que estaba obligado a informar del resultado de operaciones como aseguramiento de personas, armas y droga, lo cual no significaba que él estuviera enterado.

–En su carácter de comandante de la zona, ¿no era su obligación enterarse personalmente de los partes rendidos por todas y cada una de las unidades que dependen de la quinta zona militar que estaba bajo su mando? –cuestionó Rodas.

–No, no era mi obligación.

El general explicó que en los cuarteles de zona militar existe personal encargado de recibir los informes y enviarlos al Estado Mayor de la Defensa. Dijo no recordar quién era el responsable de hacerlo en Chihuahua, ya que tuvo cinco jefes de Estado Mayor en la quinta zona.

También  eludió la parte nodal de la comparecencia:

–¿En qué ordenamiento legal se basó la actuación de las tropas en la Operación Conjunta Chihuahua? –planteó el mayor.

–Desconozco el ordenamiento.

–¿No era su obligación, como coordinador de la Operación Conjunta Chihuahua, conocer el ordenamiento legal?

–No, no era mi obligación.

–¿Realizó alguna junta de trabajo con los comandantes de las unidades a su mando para darles a conocer órdenes, directivas que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, emitía por su conducto a todos los comandantes de dichas unidades?

–Sí, tuve reuniones con los comandantes para dar directivas del Estado Mayor de la Defensa a fin de actuar contra el narcotráfico y con estricto respeto a los derechos humanos.

–Ya que refiere que recibió directivas del Estado Mayor en el sentido de respetar los derechos humanos, ¿supervisó que esas directivas fueran cumplidas a cabalidad?

–Esas directivas eran responsabilidad de todos los comandantes de todos los escalones, hasta el nivel más bajo, que es un sargento. Mi obligación es supervisar, mas debido a la extensión del estado de Chihuahua y a la cantidad de unidades y efectivos, aproximadamente 10 mil elementos, no me era posible estar en cada uno de los diferentes lugares.

La línea de mando

Con la comparecencia del general Espitia, el mayor Rodas comenzó a fundamentar la responsabilidad de la cadena de mando en lo ocurrido entre abril de 2008 y julio de 2009 en Ojinaga.

En la denuncia que presentó el 30 de junio pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a otros dos militares procesados en el caso, Rodas indica que los mandos que ejecutan las órdenes de los comandantes no pueden tomar decisiones con base en su propia evaluación de situaciones, “teniendo que ejecutar única y exclusivamente la orden que recibe del superior de manera literal, aun cuando sea visiblemente ilegal e imposible de realizar y se cause graves daños a la seguridad de las tropas y a la población civil”.

Además de Rodas, el teniente Gonzalo Huesca Isasi y el cabo Gabriel Roque Bernardino denunciaron ante la CIDH la “detención ilegal y arbitraria, violación al debido proceso, simulación de existencia de pruebas” y otras arbitrariedades desde agosto de 2009, cuando fueron privados de su libertad durante casi un mes en el cuartel de Ojinaga.

Argumentan que los mandos superiores y territoriales del Ejército “tienen responsabilidad desde el momento de emitir las órdenes… al no dirigir correctamente las operaciones militares y permitir el atropello de la población civil, son responsables directos de los resultados de la actuación del personal militar; por lo tanto deben ser investigados también”.

La cadena de mando en la Operación Conjunta Chihuahua estuvo conformada –dicen los procesados en su texto– por el presidente de la República, entonces Felipe Calderón Hinojosa, “quien declaró la guerra contra el narcotráfico”; el entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván; el general de división Marco Antonio González Barreda, comandante de la undécima región militar, con sede en Torreón, Coahuila; el general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la quinta zona militar, en Chihuahua, de quien provenían las órdenes para la que fuera su compañía de infantería.

Añaden al general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, actualmente detenido, quien era el comandante de la guarnición de Ojinaga y supervisaba el cumplimiento de las órdenes; lo mismo que al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, también preso y en aquel tiempo comandante de la tercera CINE.

“Medidas enérgicas”

El mayor Alejandro Rodas se especializa en análisis de inteligencia. Afirma que el caso Ojinaga fue fabricado por la Sedena durante la gestión del general Galván, para demostrar a la clase política, a la población civil y a los medios de comunicación que se actuaba con “apego a la legalidad en la fallida guerra que había implementado el entonces presidente de la República contra las organizaciones criminales”.

Entrevistado en el penal militar de Mazatlán, Rodas explica que entre 2006 y 2007 la tercera CINE batió récord en decomisos y detenciones. Durante una junta de jefes en Chihuahua, el comandante de la región militar destacó que con sólo 220 efectivos esa CINE hizo más que el resto de los batallones y regimientos en todo el estado, que tenían más recursos y personal.

A partir de abril de 2008 inició la Operación Conjunta Chihuahua. El secretario de la Defensa envió a Juárez Ramírez como comandante de la compañía de infantería y le dio el mando de la guarnición de Ojinaga al general Moreno Aviña.

Comenzaron las revisiones de vehículos sobre vías de comunicación, acordonamiento de calles, cateos de domicilios y detención de personas sin los requisitos de ley. Entonces surgió la inconformidad de la población de Ojinaga, que comenzó a interponer quejas ante la CNDH.

El modelo de “denuncia ciudadana” telefónica, al que el mando militar exhortó a la ciudadanía, fue utilizado por los delincuentes para incriminarse unos a otros. Muchos civiles la usaron para perjudicar a sus vecinos. Al final de 2008 los militares acumulaban más de 50 quejas ante la CNDH por abuso de autoridad y robos; ninguna por homicidio.

Un domingo de 2009, el alcalde panista de Ojinaga, César Carrasco Baeza –primo del entonces gobernador José Reyes Baeza–, estaba en las tribunas del campo de beisbol municipal mirando un partido de la liga estatal. En una cancha adyacente, el equipo de la base militar jugaba futbol.

De pronto se oyeron sirenas de patrullas. Desde las gradas del estadio se vio la llegada de un vehículo compacto con vidrios polarizados, que zigzagueaba a toda velocidad, perseguido por la policía municipal. El auto se detuvo cerca del campo de futbol, vigilado por soldados. El alcalde fue a ver lo que sucedía; observó cuando los militares encaraban a los policías y los desarmaban.

Los agentes argumentaron que el chofer del automóvil conducía a exceso de velocidad, no se detuvo cuando le marcaron el alto y, por los vidrios polarizados, pensaron que era gente armada. El conductor era el teniente coronel Juárez Ramírez, quien –según posteriores versiones periodísticas– iba ebrio.

Los militares desconfiaban de los policías municipales porque tenían información de que trabajaban para la Línea, grupo de pistoleros del cartel de Juárez, y pensaban que querían “levantar” a su comandante.

Al apoyar a los agentes municipales, el alcalde se hizo de palabras con el jefe militar. Un soldado cortó cartucho y le dijo a Carrasco Baeza que se retirara. El alcalde respondió que el militar no tenía derecho a correrlo, pues era la máxima autoridad del municipio. El soldado reviró que eso no le importaba, y le repitió que se fuera.

Cuando se retiró con los policías, el panista advirtió a Juárez Ramírez que el atropello no quedaría impune. Se quejaría con su primo el gobernador y lo reportarían con el general Galván para que él y sus soldados terminaran en la cárcel.

Tres días después Juárez Ramírez recibió una llamada del general de división Marco Antonio González Barreda, entonces comandante de la undécima región militar, quien le ordenó disculparse con Carrasco Baeza. Respondió que no lo haría porque Carrasco Baeza tenía vínculos con la delincuencia organizada.

Informes militares señalaban que desde 2007, durante su campaña electoral, el primo del gobernador recibió financiamiento del narco. Un cabecilla local, Sergio Aranda Rodríguez, La Chiva, lo acompañó a varios actos proselitistas. En marzo de 2009, Aranda fue detenido por militares portando 200 paquetes con casi 100 kilos de mariguana. En septiembre de 2008, Héctor Carrasco, yerno del edil, fue asesinado en el centro de la ciudad.

A mediados de julio de 2009, el gobernador Reyes Baeza y el alcalde de Ojinaga visitaron en la Ciudad de México al general Galván. Acusaron de abuso al teniente coronel Juárez Ramírez, y a los soldados de la tercera CINE de violar los derechos humanos con el consentimiento del comandante de la guarnición, el general Moreno Aviña.

El 18 de agosto de 2009, 14 agentes del Ministerio Público castrense asumieron el control de la tercera CINE, con apoyo militar retuvieron a sus 200 integrantes y los encerraron en los dormitorios. Posteriormente fueron llamándolos para interrogarlos. Algunos fueron apartados en un salón, donde los amarraban, golpeaban y torturaban para que inculparan a otros y firmaran confesiones ya fabricadas.

Así surgió el “pelotón de la muerte”, término que ideó Carlos Alberto Rivera Medeles, mayor de la Policía Judicial Militar, señalado en la denuncia ante la CIDH de “armar” las historias de Esaú Samaniego Rey, José Heriberto Rojas Lemus y Erick Campos Valenzuela, quienes estaban reportados como desaparecidos en diarios locales.

Rodas asegura que durante las fechas que se denunciaron las desapariciones él vacacionaba en Tapachula, Chiapas.

Por otro lado, al general Moreno Aviña, el teniente coronel Juárez Ramírez y el sargento Andrés Becerra Vargas se les imputa el manejo de un “grupo externo” de pistoleros de La Línea, vinculados al asesinato de un policía ministerial, un agente municipal, un comerciante y una secretaria.

El 13 de septiembre de 2009 “quedó consumada por motivos políticos la gran traición del general Guillermo Galván a sus propias tropas”, asientan en su escrito los tres denunciantes. Ese día, 31 militares fueron trasladados de Ojinaga a la prisión militar de Mazatlán.

Los acusaron de robo, delitos contra la salud, torturas, asesinato de tres civiles y violación a las leyes de inhumación en la modalidad destrucción de cadáver. Los cargos de robo y delitos contra la salud se desvanecieron. Se supo que 12 saldrían libres y el resto quedó sometido a la justicia militar.

Una controversia constitucional, impulsada por algunos de los procesados, llevó en septiembre de 2013 a que por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara que los militares fueran juzgados en tribunales federales, por estar involucradas víctimas civiles.

El 14 de febrero de 2011, visitadores de la CNDH entraron a la prisión militar de Mazatlán para aplicar el llamado Protocolo de Estambul, y en julio de 2012 emitieron un informe donde determinaron que dos presos mostraban secuelas por los malos tratos.

En otro documento la CNDH consideró que había evidencias suficientes para que la Sedena indagara probables conductas ilegales en la investigación y detención de los 19 militares. La secretaría determinó que no había responsabilidad de los agentes.

El mayor Rodas relata que el general Galván viajaba a Chihuahua para dar órdenes directas al comandante de la undécima región militar, al de la quinta zona, a las guarniciones y batallones para actuar contra el narco mediante “medidas enérgicas”, como llamó a los cateos amparados en jurisprudencias sin órdenes judiciales, revisiones a vehículos en puestos de control urbanos y detención de civiles.

Siguiendo esa línea de mando, la juez décima de Distrito citó a declarar para el lunes 6 al general Galván, quien aparece en el directorio de la Sedena como “asesor” del actual secretario. Si sigue esa ruta, en algún momento podría sentar en el banquillo a Felipe Calderón.

Comentarios