MONTERREY, N.L.(proceso.com.mx) La Procuraduría de Justicia de Nuevo León desechó la denuncia por actos de corrupción en contra del gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz y su padre, Humberto Medina Ainslie, al considerar que no había delito qué perseguir. Gilberto Lozano González, fundador del colectivo denominado Congreso Nacional Ciudadano (CNC), quien presentó el 20 de mayo la denuncia, con el respaldo de miles de firmas, acusó al procurador estatal Javier Flores y a la titular de la Fiscalía especializada contra delitos electorales y servidores públicos, del estado, de actuar como súbditos del mandatario y desechar la denuncia de hechos sin haberla analizado. Al ser notificado de que había sido rechazado el Expediente Administrativo 77/2015-I, Lozano dijo que insistirá ante la ley para que la justicia sea aplicada al actual mandatario y sus familiares. “Esto es la crónica de un rechazo anunciado; Javier Flores y los funcionarios de la Procuraduría son súbditos de Rodrigo Medina y su papá, por lo que vemos lógico que ocurriera esto. Le dieron orden a la fiscal para que desechara la denuncia, ni siquiera la revisaron”, dijo en entrevista el integrante y líder del CNC. Señaló que el viernes presentó el recurso de inconformidad por el sobreseimiento, y aunque espera otra vez el rechazo de la autoridad estatal, tiene que cumplir con el requisito para buscar auxilio de la justicia federal, mediante la promoción de un juicio de amparo indirecto. De esta forma, el Tribunal Federal obligaría a la Procuraduría de Nuevo León que investigue a Medina y su padre, por enriquecimiento ilícito o que deseche la denuncia presentada. “Esta segunda instancia tiene un 50-50 de probabilidades de proceder. Y depende de la voluntad que tenga el presidente de México Enrique Peña Nieto. Si desea defender a quien considera su socio en este latrocinio, y no lo juzga, llegaremos a la Suprema Corte de Justicia o la Corte Internacional Penal de La Haya”, dijo. Los 20 mil 894 ciudadanos que, dice, firmaron en días pasados la denuncia, piden que la justicia estatal investigue a Medina por los delitos de peculado, desfalco, asociación delictuosa y usurpación de funciones. Como pruebas aportan 575 páginas del dictamen del Auditor superior del estado, que detectó irregularidades por 14 mil 135 millones de pesos en el ejercicio 2012 del actual gobierno. Presentaron, también, 42 páginas del dictamen de la comisión de Hacienda del Congreso del Estado, donde hubo dos delitos: la aprobación de la cuenta irregular y la premeditada modificación de la cuenta, a la que le restaron tres ceros, para hacer que el monto cuestionado fuera de 14 millones 135 mil pesos, una cifra considerablemente inferior. En octubre del año pasado, denunciaron por esta inconsistencia a 22 diputados del Congreso Local, aunque tampoco hubo respuesta favorable de la autoridad. También denuncian a los Medina por la compra de predios en Mina, donde se hicieron pasar por ejidatarios, residentes de ese municipio rural, para adquirir predios mediante una triangulación que fue documentada y denunciada por los mismos campesinos afectados. Anexan evidencias de la adquisición irregular de 17 propiedades de personas ligadas al Mandatario como su padre y sus hermanos. Anexaron las audiograbaciones telefónicas en las que papá Medina da ordenes a la Tesorería Estatal, para dar instrucciones de sobrecostos. Lozano González afirma que nunca antes en la historia de México un grupo ciudadano había presentado una acusación penal contra un gobernador en funciones. La próxima semana, Lozano acudirá a la Procuraduría General de la República para solicitar la apertura de otro expediente en contra de Rodrigo Medina, por delitos de orden federal como lavado de dinero, evasión de impuestos, uso indebido de recursos federales y asociación delictuosa.