COLIMA, Col. (apro).- La violencia contra defensoras de derechos humanos en la entidad ha escalado hacia una situación “extremadamente grave”, alertó José Martínez Cruz, coordinador de Comunicación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) durante la presentación del informe “Defensoras somos todas: Análisis de la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en la República Mexicana”. Días antes de dar a conocer el documento en esta ciudad, la coordinadora general de la CIDHM, Juliana García Quintanilla, y el propio José Martínez, se entrevistaron con defensoras y activistas colimenses que han sufrido represión y violencia institucional de parte de diversas instancias con motivo de su labor de protección de los derechos humanos. Martínez Cruz destacó que en Colima ha sido la solidaridad de las organizaciones la que ha impedido que ocurran asesinatos en casos extremos como el conflicto de la comunidad indígena de Zacualpan, donde la población se ha opuesto a la explotación de una mina de oro en su territorio. Sin embargo, expuso: “No está lejos Colima de una situación como la de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Morelos en los niveles de violencia contra defensoras, por lo que se tienen que tomar todas las medidas de protección y de garantías, porque así lo establece la Constitución para que cada quien tenga el derecho de defender los derechos humanos”. Uno de los asuntos más delicados y peligrosos actualmente en la entidad, dijo, es el de las agresiones y amenazas de muerte contra integrantes de la organización ambientalista Bios Iguana, particularmente contra su coordinadora general Esperanza Salazar Zenil, en cuyo caso “hay indolencia y omisiones”. De acuerdo con indagaciones de la CIDHM, en Colima “existe una connivencia entre poderes establecidos y poderes económicos de mineras, con personajes que quieren construir un negocio grande pasando por encima de derechos como el de la tierra y el territorio, situación que ha provocado una descalificación sistemática y ataques contra activistas de Bios Iguana, algunos de los cuales se han visto obligados a salir del estado. Este caso, añadió Martínez Cruz, se encuentra en la mira de organizaciones nacionales e internacionales, que permanecen al pendiente exigiendo a las autoridades que procedan a garantizar los derechos de quienes integran Bios Iguana. Luego mencionó que, entre otros casos, la CIDHM detectó que en la entidad se ha ejercido también violencia institucional contra sindicalistas de la Universidad de Colima, quienes demandaban transparencia en el manejo del fondo de pensiones, contra trabajadoras de la Secretaría de Salud y magistradas electorales, etcétera. Ante la situación de Colima, estimó, se requiere tomar conciencia social de que hay un problema y que hay que atender, así como exigir ante las autoridades que cuando exista una denuncia se debe actuar inmediatamente, pero cuando no hay denuncia formal se deben establecer mecanismos alternos, pues el propio mecanismo de protección de defensoras y periodistas establece que no necesariamente se tiene que presentar denuncia penal. Juliana García Quintanilla manifestó que en el país el principal generador de violencia contra las defensoras es el Estado, que desde las instituciones agrede a quienes se dedican a defender los derechos humanos, además de que fomenta la impunidad. También refirió que los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero ocupan los primeros lugares en agresiones contra defensoras, situación que muchas veces ha llevado a algunas mujeres a abandonar esa lucha que habían asumido como un proyecto de vida. García Quintanilla afirmó que el objetivo del informe, entre otros, es difundir este tipo de situaciones y acompañar a las defensoras agredidas en busca de que la violencia se vaya erradicando y que las mujeres puedan continuar en su labor de defensa.