MÉXICO, D.F., (apro-cimac).- La tarde del 15 de noviembre de 2014, Jacqueline Santana López y Bryan Reyes Rodríguez caminaban por las calles de la colonia Jardín Balbuena, cuando fueron detenidos arbitrariamente por policías encubiertos, acusados de intentar robarle 500 pesos a una uniformada federal con un cuchillo de cocina. Tras casi ocho meses presos y al cumplirse dos semanas en huelga de hambre, la pareja de estudiantes y activistas salieron libres de los reclusorios femenil de Santa Martha Acatitla y Varonil Norte, respectivamente. La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo probar el cargo que le imputó en un principio. De acuerdo con el testimonio de ambos, el día de su detención –antes de la “Jornada de Acción Global por Ayotzinapa”– salieron de su domicilio sobre las avenidas Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, en la delegación Venustiano Carranza. De pronto, policías vestidos de civil –mujeres y hombres– los detuvieron y obligaron a subir a dos vehículos en plena vía pública. Ellos alcanzaron a gritar que estaban siendo secuestrados y pidieron auxilio, pero nadie los ayudó. En el interior de los autos, los captores los intimidaron y cuestionaron sobre sus intereses políticos. En el trayecto fueron interceptados por policías del Distrito Federal que sospechaban de un secuestro. Sin embargo, los ocupantes se identificaron como elementos de la policía de inteligencia federal que trabajaban encubiertos. Entonces, continuaron su “trabajo”. A decir de los jóvenes, este episodio obligó a los captores a trasladar Jacqueline y a su novio Bryan al Ministerio Público (MP) en Venustiano Carranza, donde los acusaron del delito de robo agravado calificado contra el ejercicio de la autoridad. Las violaciones al debido proceso El sistema de justicia federal tardó ocho meses para determinar la inocencia de ambos jóvenes, ya que el Ministerio Público y los dos juzgados que revisaron el caso --uno de competencia federal-- seguían inculpándolos sin elementos probatorios. El 16 de noviembre de 2014, cuando Jacqueline rindió su declaración, fue intimidada con ofensas y golpes por agentes ministeriales. Y sin dejar pasar las 72 horas que ordena la ley, fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla un día después de su detención. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió los expedientes CNDH/1/2015/2012/R y CNDH/1/2015/21627R. En ellos constan las lesiones “no graves” ocasionadas a Jacqueline y Bryan, así como los episodios de estrés que padecieron. Ella en particular tuvo una situación psicológica por la preocupación de una enfermedad que padecía su madre. En diciembre de 2014, sin pruebas suficientes, el Juzgado Trigésimo Noveno Penal del DF, encabezado por Rafael Jiménez Abundez, aceptó los testimonios idénticos de dos policías presuntamente testigos del asalto como pruebas para declarar el auto de formal prisión a los jóvenes. Según las indagaciones del abogado defensor Sergio Soto Nájera, los policías José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo y la supuesta víctima, la oficial Lidia Zarate Herrera, forman parte de la Coordinación de Operaciones Encubiertas e Infiltración de la Policía Federal. Ninguno pudo comprobar que estaba en funciones al momento del supuesto asalto. Pese a estas irregularidades, el juzgado culpó a ambos jóvenes del delito de robo agravado; incluso a pesar de que el Ministerio Público también “perdió” el billete de 500 pesos que presuntamente robaron a la mujer policía. Más: debido a que la denunciante era una policía federal, el juez declinó su competencia al Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del DF, a cargo de Carlos López Cruz. Ahí se llevó a cabo un nuevo desahogo de pruebas. Como resultado, se determinó que los análisis de los videos de la vía pública del Gobierno del DF no muestran que Jacqueline y Bryan amenazaron con armas blancas a una mujer policía. Por el contrario, aunque de forma borrosa, se observa cómo los jóvenes son transportados en dos vehículos particulares. A ello se sumó que los resultados de la prueba pericial de dactiloscopia comprobaron que no había huellas de los jóvenes ni de la agente federal en las armas con las que presuntamente cometieron el delito. Por estas “inconsistencias”, el abogado presentó un amparo. El pasado 19 de junio, la jueza María Catalina de la Rosa Ortega, del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, brindó el amparo y la protección para ambos jóvenes, según consta el expediente 1221/2014. Además, ordenó que el juzgado federal devolviera la competencia del caso al juzgado del DF –el primero que lo observó–, para que éste decretara la libertad inmediata de Jacqueline y Bryan por falta de pruebas. Jacqueline Santana López es estudiante de Economía de alto rendimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También es activista por los derechos humanos, actividad reflejada en su participación en el movimiento social #YoSoy132 y las movilizaciones en apoyo a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, víctimas de desaparición forzada. Bryan Reyes Rodríguez es músico y fue uno de los jóvenes detenidos durante las protestas del 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República. Previo a su detención arbitraria, el activista se movilizó para evitar reformas constitucionales en contra del derecho a la libre manifestación en el DF. Ambos jóvenes aseguraron que su detención fue en realidad un intento de desaparición forzada. Analizan continuar huelga Este viernes alrededor de las 16:30 horas, Jacqueline Santana salió del penal femenil de Santa Martha Acatitla, mientras que Bryan Reyes dejó el varonil del Norte hacia las 17:00 horas. Ambos jóvenes, junto con otros seis presos en distintas cárceles, iniciaron una huelga de hambre el pasado 27 de junio para exigir fin a los malos tratos contra los internos en los reclusorios. Al salir esta tarde de la cárcel, dijeron que evaluarán si continúan con el ayuno, tanto ellos como los que siguen encarcelados. Jacqueline dijo que iría hacia el plantón que un grupo de compañeros mantiene afuera de la PGR, sobre Paseo de la Reforma, en demanda de su liberación.