BOGOTÁ (apro).- Lo que el gobierno de Colombia definió el domingo 5 de julio como “el peor momento” del proceso de paz desde su inicio, en noviembre de 2012, fue superado solo tres días después, el miércoles 8, cuando la guerrilla de las FARC anunció un cese unilateral del fuego que pondrá fin a una muy impopular escalada de ataques contra los oleoductos petroleros y la infraestructura. Con ese gesto, la guerrilla reaccionó al desconcierto de los colombianos, que no alcanzan a entender cómo es que mientras en La Habana los delegados del gobierno y las FARC negocian la paz, en Colombia repunta la guerra. Un sondeo de Gallup divulgado días antes indicó que por primera vez desde el comienzo de la negociación, el respaldo de los colombianos a una salida militar al conflicto con esa guerrilla es más alto (46%) que el apoyo a una solución negociada (45%). Además, dos terceras partes de los ciudadanos no creen que se logrará un acuerdo de paz. El pesimismo es producto de la escalada de violencia que registra el país desde el 15 de abril pasado, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rompieron una tregua unilateral –decretada en diciembre– al atacar un campamento militar en el que murieron 10 soldados. Ese acto de guerra, que impactó a la opinión pública, pareció una torpeza de la guerrilla, pues ocurrió en momentos en que el proceso de paz registraba un alto respaldo ciudadano y en que los niveles de violencia derivada del conflicto armado estaban en sus mínimos históricos. Como era de esperar, esa acción fue el detonante de un recrudecimiento de la guerra. El gobierno, que había suspendido durante la tregua de las FARC los bombardeos a los campamentos guerrilleros, reanudó en mayo los ataques aéreos a esas posiciones y en un lapso de cinco días dio de baja a 40 insurgentes, entre ellos dos jefes de frentes que habían estado en los diálogos de La Habana, Jairo Martínez y Emiro Chaqueto. La guerrilla respondió con emboscadas a la fuerza pública y con una oleada de 46 atentados explosivos –hasta el pasado 1 de julio–  contra la infraestructura petrolera y eléctrica. El derrame de miles de barriles de crudo causó un grave daño ambiental en el suroccidente del país, y poblaciones enteras quedaron sin energía eléctrica y agua potable durante varios días. Ultimátum El 5 de julio, el jefe de negociadores de paz del gobierno, Humberto de la Calle,  señaló en una entrevista con el periodista Juan Gossaín que esa ofensiva resultaba “insoportable” para los colombianos y puso un ultimátum al grupo insurgente al advertir que “el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal”. Sostuvo que “algún día es probable que (las FARC) no nos encuentren en la mesa de La Habana”, donde se desarrollan las negociaciones. Sin embargo, al mismo tiempo De la Calle ofreció a la guerrilla negociar un cese bilateral del fuego antes de llegar a un acuerdo final, aunque este deberá ser definitivo, sujeto a la verificación de observadores nacionales e internacionales y con las tropas de las FARC concentradas en zonas especiales. El martes 7, en nun comunicado conjunto, los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y los facilitares, Chile y Venezuela, que sólo hacen pronunciamientos públicos en situaciones de excepción, pidieron a las FARC y al gobierno un “desescalamiento urgente del conflicto armado”, e instaron a las partes “a restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimiento en Colombia”. Un día después las FARC respondieron anunciando el cese unilateral del fuego, que entrará en vigencia el próximo 20 de julio, día en que se conmemora la Independencia de Colombia, y que en principio tendrá vigencia de un mes. Para el profesor de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, William Duica, la tregua unilateral de la guerrilla puede ser, en esta oportunidad, el primer paso hacia un cese bilateral y definitivo del fuego que entraría en vigor incluso antes de que el gobierno y las FARC logren un acuerdo final de paz. “Este es un punto en el que el gobierno ya cedió. Había condicionado un cese bilateral a la firma de un acuerdo final, pero ya está dispuesto a hacerlo antes. Esto, sin embargo, va a estar sujeto a que el tema de justicia, que es el más difícil y en el que las partes tienen un año negociando, esté ya en la fase final”, dice a Apro el doctor en Filosofía de la UN y maestro en Historia de la Universidad de Londres. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos había defendido desde el inicio de los diálogos, hace dos años y ocho meses, su negativa a acordar con la guerrilla un cese bilateral del fuego con el argumento de que eso podría permitirle a las FARC su fortalecimiento militar e incentivarla a perpetuar las negociaciones, tal como ocurrió en procesos anteriores. “Pero hoy tenemos un proceso de paz que está muy avanzado y con un muy buen nivel de interlocución en la mesa”, señala Duica. Incluso, militares colombianos activos y comandantes guerrilleros trabajan en La Habana, desde hace cuatro meses, en una subcomisión técnica del fin del conflicto, la cual elabora el modelo de cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo que se pondrá en marcha cuando lo decidan las partes. Esto incluye concentración de tropas insurgentes y, en una última etapa, la dejación de armas. “Tiene sentido que el cese al fuego bilateral y definitivo se ponga en marcha antes de un acuerdo final, en el marco del modelo que ya están negociando, con verificación nacional e internacional y concentración de tropas de la guerrilla”, indica Duica. El último tramo Las partes ya han alcanzado acuerdos en tres de los seis puntos de la agenda de negociaciones (tierras, participación política y solución al problema de drogas ilícitas) y avanzan en forma simultánea en dos más: víctimas –que incluye justicia, verdad y reparación– y fin del conflicto. A pesar de la crisis que vive el proceso frente a la opinión pública, nunca antes unos diálogos de paz en Colombia habían llegado tan lejos.  Tanto, que los más documentados especialistas en el tema creen que se encuentra en su recta final. “Estamos en el último tramo, pero puede ser el más difícil porque falta desenredar el tema de mayor complejidad, que es el de justicia. Las partes ya llevan un año discutiendo este asunto y un reclamo generalizado en Colombia es que se acelere la negociación”, destaca la editora de paz del diario El Tiempo, Marisol Gómez Giraldo. Los jefes de las FARC han rechazado pagar con prisión los crímenes de lesa humanidad que hayan cometido en el transcurso del conflicto. Ellos aspiran a que se les apliquen penas alternativas a la cárcel y a satisfacer a las víctimas con verdad, reparación y garantías de no repetición. El gobierno quiere, en cambio, que cumplan penas efectivas, como lo estipula la Corte Penal Internacional (CPI). Y según la más reciente encuesta de Gallup, 85% de los colombianos –el más alto porcentaje desde el inicio de los diálogos– está en desacuerdo con que los insurgentes desmovilizados puedan participar en política sin pasar por la cárcel. Solventar ese complicado asunto en términos jurídicos y políticos es el principal desafío de los negociadores de la guerrilla y el gobierno en La Habana, donde sin duda gravita la crisis de credibilidad que tiene el proceso en Colombia. Al principio de las negociaciones las partes acordaron que lo que ocurra en el campo de batalla en Colombia no debía impactar el desarrollo de los diálogos en La Habana. Gómez Giraldo considera que “esa regla ya se volvió insostenible porque una escalada de violencia como la que se ha vivido en las últimas semanas puede hacer que el apoyo de los colombianos a una salida militar crezca hasta el punto que haga inviable el proceso de paz”. La tregua unilateral decretada el pasado miércoles (8 de julio) por las FARC es, en ese sentido, un buen comienzo para recuperar la confianza ciudadana que han perdido los diálogos. Celeridad y justicia El politólogo, especialista en resolución de conflictos y maestro en Derecho, Álvaro Villarraga, considera que para dar sustentabilidad al cese al fuego que aplicará la guerrilla, y evitar que se rompa, el gobierno debería responder con gestos de reciprocidad. “Mal haría el gobierno en estos momentos en producir acciones militares ofensivas contra las FARC.  Es necesario que dé una respuesta política a la tregua de la guerrilla y que eso lleve al desescalamiento efectivo del conflicto y, posteriormente, a un cese bilateral del fuego”, señala el presidente de la Fundación Cultura Democrática. Villarraga advierte que las partes “no se pueden dar el lujo” de que la tregua decretada por las FARC se rompa de nuevo y el país regrese a una escalada de violencia con enfrentamientos armados, bajas de lado y lado y ataques de la guerrilla a la infraestructura pública que causan graves daños ecológicos y afectan a la población civil. “Lo que se requiere en estos momentos es todo lo contrario, desescalar la guerra y acelerar las negociaciones. Hay un clamor nacional por dar mayor celeridad a los diálogos y terminar pronto el proceso. Es claro que hay una dificultad en el tema de justicia, pero es de esperar que las partes resuelvan esto para renovar la confianza ciudadana en el proceso”, sostiene. Una fórmula que se abre paso es que los jefes de las FARC acusados de crímenes de lesa humanidad paguen penas efectivas en centros especiales de reclusión, no en cárceles tradicionales, y que sean beneficiados con rebajas sustanciales respecto de las sentencias con las que se sanciona ese tipo de delitos. El gobierno y la guerrilla ya acordaron crear una Comisión de la Verdad que entrará en funciones una vez que se firme la paz. Estará integrada por 11 personalidades de reconocida independencia y tendrá entre sus cometidos esclarecer las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que han tenido lugar durante el conflicto. El negociador de la guerrilla, Pastor Alape, dijo el mes pasado a la periodista Marisol Gómez Giraldo en el diario El Tiempo que si la Comisión de la Verdad determina que tanto los jefes de las FARC como los militares, políticos y empresarios que hayan cometido delitos de lesa humanidad deben pagar con reclusión especial esos crímenes, ellos no descartarían acatar esa recomendación. “Seguramente lo vamos a tener en cuenta”, señaló. Aunque esa comisión no tendrá carácter judicial, formará parte del sistema integral de justicia con las víctimas del conflicto armado. Un juego de ajedrez De acuerdo con el profesor William Duica,  para lograr la paz en Colombia “se tiene que romper el paradigma de que los guerrilleros tienen que someterse a la justicia, porque eso hablaría de un enemigo derrotado y las FARC no son eso”. Agrega que “aquí, lo que hay, son dos partes negociando políticamente y el país tiene que estar en esa sintonía”. El filósofo e historiador cree que una parte del país espera ver a los jefes de las FARC en piyamas de presidiarios, con rayas blancas y negras, y metidos en jaulas, como ocurrió en Perú con el líder de la guerrilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, quien fue capturado en 1992 por la policía de ese país. “Pero eso en Colombia no va a ocurrir, porque a Abimael Guzmán lo derrotó el Estado y lo capturó. Con las FARC no está ocurriendo eso, y eso significa, de entrada, que el Estado tiene que negociar políticamente con ellos el tema de justicia”, explica. De hecho, la negociación en esta última fase del proceso de paz –que no por ser la última es garantía de éxito– está determinada por las tensiones que plantea el tema de justicia. O, dicho de otra manera, en esta etapa definitoria las partes tienen que negociar políticamente un asunto jurídico y hacerlo aceptable para la justicia internacional y para la sociedad colombiana. A final de cuentas, esta última tendrá que refrendar los acuerdos de paz en las urnas, y hasta ahora rechaza en forma mayoritaria que los jefes de las FARC participen en política sin pagar cárcel. Por ello es que la negociación de este tema ya se prolongó durante un año y eso llevó al proceso de paz a un punto  en el que es imposible disociar lo que ocurre en el campo de batalla de lo que acontece en la mesa de negociaciones en La Habana. Para Duica,  el desconcertante ataque de las FARC a una base militar el 15 de abril anterior –una acción que rompió la tregua unilateral anunciada por la guerrilla en diciembre– tiene una explicación. “Eso quizá era parte de lo que las FARC tenían que hacer para dejar claro en el país y en el gobierno que ellos no están siendo derrotados. Es decir, para dejar claro que la paz que se firme es la paz de dos enemigos políticos armados que tienen que llegar a un acuerdo político sobre su tratamiento penal”, indica el profesor universitario.