MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa decidieron revocar este martes la admisión de la demanda de amparo interpuesta por la periodista Carmen Aristegui, con el argumento de que la empresa MVS no es autoridad pública, cerrándose así la posibilidad del retorno de la conductora de la Primera Emisión de MVS Noticias y de su equipo de reporteros y colaboradores. En su comunicado, subido al portal de noticias poco después de conocerse la decisión, Aristegui consideró que “con esta resolución se pone fin a la batalla judicial en defensa de la libertad de expresión” que se inició desde el 15 de marzo, cuando MVS decidió romper unilateralmente el contrato con su principal conductora de noticias, argumentando supuestas violaciones al “uso de la marca” y la imposición de lineamientos editoriales que contravenían la autonomía periodística. “Ha sorprendido la noticia”, afirmó el comunicado de Aristegui. “Con semejante proceder el Tribunal Colegiado contradice la jurisprudencia definida de la Suprema Corte, que establece que el análisis sobre la naturaleza de la autoridad responsable debe hacerse, no en el auto admisorio, sino en la sentencia de fondo que resuelva el juicio de amparo”. “Se esperaba que en la resolución de este día se actuara a la altura del nuevo paradigma de los derechos humanos y de la necesidad de establecer un estatus judicial a la defensa de la libertad de expresión”, abundó. Apenas el martes 12 de mayo, el juez Fernando Silva García concedió la suspensión definitiva a Carmen Aristegui y dictó cinco medidas cautelares que incluyeron el reconocimiento a la vigencia del contrato de la periodista, la orden de una negociación en presencia del árbitro designado por ambas partes, el profesor José Woldenberg, así como el pago de los salarios de la conductora. En su resolución, el juez Silva García afirmó al admitir la demanda de amparo que “si bien los actos reclamados son actos de particulares, lo cierto es que se dan en un contexto de derecho público” y que el fondo del asunto supone “un acto unilateral de terminación de contrato de la quejosa respecto a un tema de relevancia pública por tratarse de periodismo crítico y difusión de información”. Según el juez, estos temas “deben ser abordados en la sentencia respectiva cuando se cuente con todos los elementos por resolver”. Los magistrados del Tribunal Colegiado resolvieron exactamente a la inversa del juez Silva García, a petición de MVS, que interpuso un recurso, apoyado por un intenso cabildeo de los demás concesionarios de radio y televisión, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Para el abogado Xavier Cortina, integrante del despacho de defensa de Aristegui, los magistrados resolvieron sin que pudieran argumentar que existía una causa “manifiesta e indudable” de que el caso no se trató de un asunto de derecho a la información y respeto a la autonomía de los periodistas. “Resolvieron radicalmente distinto al juez. Es un retroceso. En este terreno, seguimos siendo muy infantiles y poco valientes en nuestro sistema judicial. Se decidió no abrir la puerta a los derechos de audiencia y de información”, afirmó. –¿Hubo presión de otros sectores? –se le cuestionó. –Sabíamos que había un lobby muy fuerte no sólo de la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión sino de la industria en general. El juicio mercantil Cortina confirmó que aún continúa el litigio mercantil interpuesto por MVS por presunto “uso indebido de la marca y los contenidos” en el programa de Carmen Aristegui, ante el juez Décimo Cuarto Civil que dio entrada en abril pasado a la demanda de la empresa de Joaquín Vargas. “En este juicio se determinará por el juez la existencia de los incumplimientos al contrato por parte de la periodista”, argumentó MVS en un comunicado. Para MVS la terminación del contrato “constituye un acto entre particulares pactado en el mismo contrato” y consideró que la aplicación de los “lineamientos editoriales” es sólo un pretexto porque “estos lineamientos nunca le fueron aplicados” a la periodista. De hecho, MVS presentó una hoja ante el juez Silva Garza para afirmar que los lineamientos ya no se aplicarán. “Disfraz de la censura” Para Carmen Aristegui, los argumentos de Grupo MVS en su contra constituyen un “disfraz de la censura”. “Ya no pueden utilizar o alegar que usaba la marca Mexicoleaks, porque sólo sirve para recibir y ser fuente de información. Es vergonzoso lo que están diciendo. Se trata de disfrazar un claro hecho de censura con artilugios”, afirmó en entrevista después de terminar la segunda audiencia de conciliación, el 21 de mayo pasado. “MVS ahora dice, tres años después, que los contenidos de mi programa, mis entrevistas, lo que mañana tras mañana transmitía al aire no tenía derecho de reproducirlos en mi portal de noticias, y alega que se acaba de enterar de la existencia del portal. “Nosotros no reprodujimos ningún otro contenido que no fuera el contenido de nuestro programa. Dábamos crédito a la propia empresa, cuyos contenidos seguían teniendo efecto en nuestras audiencias. La marca de MVS, lejos de verse dañada, se veía beneficiada, al ser retransmitidos sus contenidos”, explicó Aristegui. “Hoy alega MVS y saca de la chistera que es una demanda mercantil que aparece en escena y pretenden que el contrato se rompa por una razón de esta naturaleza. Ya no saben qué inventar. Al rato van a decir que me robé los gises del pizarrón”, ironizó Aristegui. Amparos colectivos El 20 de mayo, un día antes de la segunda audiencia en MVS, los impulsores de los amparos colectivos ante tribunales especializados en telecomunicaciones y radiodifusión informaron que ya se presentaron un total de 3 mil 580 de amparos de ciudadanos afectados en sus derechos de audiencia por la suspensión del programa radiofónico de Aristegui. 535 han sido rechazados por falta de algún requisito, aunque pueden volver a presentarse, afirmó la abogada Karla Michel Salas. En esa conferencia, Michel Salas destacó la importancia de estos amparos porque “es necesario poner en la mesa de los juzgados especializados del Poder Judicial que la libertad de expresión ni los derechos de las audiencias pueden ser violados o vulnerados por parte de agentes del Estado o particulares”, sobre todo, después de la reforma de telecomunicaciones. La analista Denise Dresser, el actor Héctor Bonilla, el cartonista Rafael Pineda Rapé y el abogado David Peña también argumentaron sobre el “estado de indefensión” de la prensa ante el gobierno federal del PRI. Y reiteraron la necesidad de involucrar al Poder Judicial ante este caso que consideraron también un claro ejemplo de censura.