MADRID (apro).- Muy cerca de cumplirse cuatro décadas de su muerte, el dictador Francisco Franco todavía es motivo de debate en España: La nueva alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, anunció hoy lo que sus predecesores no se atrevieron a aplicar: la eliminación de todos los nombres franquistas en las calles de la ciudad, como lo dicta la Ley de la Memoria Histórica. De inmediato surgió la oposición de la Fundación Francisco Franco, que encabeza la hija del dictador, Carmen Franco, quien dio a conocer que presentará querellas judiciales contra quien modifique los cerca de 200 nombres franquistas de calles, plazas, parques y monumentos. No obstante, diversos actores, entre ellos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), considera una irregularidad la sola existencia de una fundación que preserve la memoria del dictador. Es una anomalía que exista una institución dedicada a preservar el nombre del dictador, a los “militares golpistas”, “criminales de guerra” y miembros de una dictadura “que obligó a exiliarse a medio millón de españoles, asesinó a más de 100 mil civiles cuyos cuerpos siguen todavía desaparecidos”, “secuestró las elecciones durante cuatro décadas”, “convirtió a las mujeres en ciudadanas de tercera clase y persiguió a los homosexuales como delincuentes”, planteó en un comunicado. En opinión de la ARMH, que aglutina a cientos de familiares de reprimidos en la Guerra Civil (1936-1938) y la dictadura (1938-1975), en otros países como Alemania no se permitiría la existencia de dichos nombres en sus calles, ni se les celebraría, aún más, estaría penado. En su comunicado del día 11 de julio, la ARMH lamentó que la delegada del gobierno central en Madrid, Concepción Dancausa, declarara que no deben retirarse los nombres franquistas de las calles de la capital, “porque la historia es la que es y ha pasado lo que ha pasado”. Las declaraciones de Dancausa, añadió, son “antidemocráticas” simplemente al oponerse al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que dispone, entre muchas otras normas, la eliminación de todos los nombres de los miembros del régimen franquista, pero va más allá, porque sus afirmaciones defienden a quienes desaparecieron a 114 mil 226 civiles. El organismo que encabeza el periodista Emilio Silvia, nieto de víctimas del gobierno franquista y cuyos restos fueron exhumados en 2001 (conocidos como Los trece de Priaranza), anunció que la próxima semana presentará un informe sobre la modificación del callejero ante la Fiscalía General del Estado. En este informe, precisó, incluirá las desafortunadas declaraciones de la delegada Dancausa, integrante del Partido Popular (PP), que se ha opuesto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Los dos predecesores de Manuela Carmena, los alcaldes populares Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, pasaron de largo en la aplicación de dicha ley, incumpliendo abiertamente su puesta en vigencia. El caso de Ruiz Gallardón fue incluso más grave si se toma en cuenta que fue el ministro de Justicia en el primer período de la legislatura de Mariano Rajoy. Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, originó un fuerte debate porque hubo sectores ultraconservadores que hasta ahora siguen defendiendo la existencia de dichos nombres en el callejero. Zapatero fue vilipendiado por estos sectores, quienes lo acusaron de pretender “romper España” y exigieron que “ese tema no se debería remover”. Otros se opusieron a que los familiares de los mártires recibieran subvenciones públicas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para financiar la búsqueda de los restos humanos de las víctimas del franquismo, asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas, conocidas aquí como cunetas. Desde el PP hubo polémicas declaraciones que pretendían hacer ver a los familiares de dichas víctimas como si su único interés fuera el dinero y no encontrar y sepultar debidamente los restos de sus seres queridos. En España tiene presencia un minoritario sector muy cercano al nacional-catolicismo que sigue festejando, cada 20 de noviembre, la fecha de fallecimiento del dictador, y hacen una marcha hasta el templo del Valle de los Caídos, cerca de Madrid, donde se celebran actos religiosos, se canta el Cara al Sol, el himno de la Falange Española, y se hace el saludo fascista. El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica insta a las administraciones públicas a tomar las medidas oportunas para la retirada, en el ámbito de sus competencias, de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. No obstante, de “forma excepcional”, apunta, se conservarán aquellas menciones que sean “de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artísticas-religiosas protegidas por la ley” La llegada del nuevo gobierno, proveniente de la candidatura ciudadana de la juez jubilada Manuela Carmena, ha puesto en marcha algunas medidas de gobierno novedosas, quizá la más conocida es su intervención para suavizar el fenómeno de los desahucios. Pero en días recientes su portavoz, Rita Maestre, informó que el ayuntamiento cambiará los nombres de las calles que incumplan la Ley de Memoria Histórica y los sustituirá por otros que sean acordes con la legislación; incluso se debate si algunos podrían ser sustituidos por ciudadanos, hombres y mujeres ilustres, o bien vecinos afamados. Refirió que la ley no se está cumpliendo al seguir vigentes nombres franquistas en el callejero, y se busca que los nuevos sean fruto de un proceso participativo con los grupos municipales y la ciudadanía. La ARMH celebró que el ayuntamiento vaya a retirar los nombres actuales a por lo menos 170 calles. “Se trata de un deber democrático la retirada de los espacios públicos dedicados a quienes hicieron de un golpe de Estado y del terrible uso de la violencia su método de acceso al poder”, afirmó en su comunicado. La alcaldesa Carmena aún no hace pública la lista de las calles que modificará, sin embargo, Izquierda Unida (IU) dio a conocer en 2010 un listado de 200 calles, plazas y monumentos con nombres franquistas. A su vez, la ARMH posee un índice, realizado por el historiador Antonio Ortiz Mateos, con las más de 200 calles que cumplen con los requisitos que establece la ley para su retiro. Dicho listado no sólo incluye el nombre del dictador Francisco Franco y a decenas de militares que lucharon junto a él, sino a políticos, artistas, periodistas y escritores afines al régimen. Solo como ejemplo, esa lista incluye el nombre del último presidente del gobierno en la etapa de Franco, Carlos Arias Navarro, quien fue fiscal de Málaga; participó en los consejos de guerra del franquismo, por los que es recordado como el “Carnicerito de Málaga”; fue gobernador civil de León, de Santa Cruz de Tenerife y de Navarra, y fungió como director general de Seguridad y alcalde de Madrid, antes de ser presidente de España. El monumental Arco de la Victoria que da entrada a Madrid por la Plaza de la Moncloa tomó su nombre actual en febrero de 1999, en sustitución de avenida de la Victoria, construido con ese nombre para conmemorar el triunfo del ejército sublevado en la batalla de la Ciudad Universitaria. En medio del conocido Parque del Retiro aún está la Plaza Arriba España, el tradicional lema de la Falange Española, parte de la simbología franquista, junto con el saludo romano con el brazo en alto, al lado del yugo, las fechas de los Reyes Católicos, el himno Cara al Sol y la camisa azul como parte de su uniforme. En la lista está la calle de Los Caídos de la División Azul, como homenaje a los caídos de la unidad española que sirvió al ejército nazi (entre 1941 y 1943) durante la Segunda Guerra Mundial. Era conocida como la 250 Einheit spanischer Freiwilliger de la Wehrmarcht. Madrid todavía preserva la Plaza del Caudillo, que sustituyó el nombre anterior, Plaza del Generalísimo, que sigue manteniendo la leyenda completa “Generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios”. Un nombre conocido ampliamente a nivel internacional, que de cumplir su propósito, la alcaldesa deberá retirar, es el de la avenida Juan Antonio Samaranch, quien fue presidente del Comité Olímpico Internacional (COI). El motivo es que Samaranch fue un falangista desde joven, fungió como procurador de las Cortes por orden de Franco, fue el delegado nacional de deporte y presidente de la Diputación de Barcelona, hasta que llegó a la presidencia del COI. El tema está llamado a convertirse en una nueva polémica en España si la alcaldesa continúa con su idea de hacer valer la ley y muestra, una vez más, que el legado del franquismo también sigue teniendo un sector de seguidores aún en esta época.