CIUDAD JUÁREZ, Chih. (proceso.com.mx).- Cinco de seis hombres acusados de trata de personas y homicidio agravado en contra de 11 mujeres localizadas muertas en el arroyo del Navajo del Valle de Juárez fueron hallados culpables este domingo. El tribunal de juicio oral absolvió a otro sujeto debido a que no había elementos suficientes para condenarlo, aunque no determinaron que fuera inocente. Las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda explicaron que condenaron a los acusados por el delito de homicidio agravado. Explicaron que la red de trata de personas –en la que según testigos están involucrados policías, militares, jefes penitenciarios, entre otros– aprovechó la situación de violencia que vive Juárez desde 2008 “para utilizar la necesidad de las personas vulnerables, reclutarlas por la fuerza, segregarlas de su familia con fines de prostitución forzada, beneficiándose económicamente”. Los testimonios de las familias coincidieron con las pruebas aportadas por peritos, antropólogos y policías ministeriales. Los hombres encontrados culpables se dedicaban principalmente a enganchar, trasladar y reclutar a las víctimas: César Félix Romero Esparza, Edgar Jesús  Regalado Villa, Manuel Vital Anguiano, Jesús Hernández Martínez y José Antonio Contreras Terrazas, de acuerdo con el juicio 267/14. En el caso de José Gerardo Puentes Alva, fue absuelto pero podrá salir libre sólo hasta que una segunda instancia revise su caso. Las jóvenes desaparecidas y encontradas en el Valle de Juárez, la mayoría en el arroyo del Navajo son Jazmín Salazar Ponce, Lizbeth Avilés García, Mónica Liliana Delgado Castillo, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jessica Terrazas Ortega, Deysi Ramírez Muñoz, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Jesica Leticia Peña García y Andrea Guerrero Venzor. Sin embargo, a lo largo del juicio salieron a relucir nombres y casos de por lo menos 20 mujeres más que habrían sido reclutadas y asesinadas. Los delitos contra las 11 víctimas del juicio se cometieron entre 2009 y 2012. Sus cuerpos fueron localizados en el Valle de Juárez, que abarca los municipios de Juárez, Praxedis y Guadalupe Distrito Bravos. Los acusados reclutaron, engañaron, trasladaron a las víctimas y las segregaron de su familia mediante la coacción física y moral, las mantuvieron incomunicadas para luego privarlas de la vida. Las mujeres eran reclutadas para explotación sexual y venta de droga, de acuerdo con testimonios de víctimas que lograron huir y/o sobrevivir, así como de integrantes de la misma red que declararon como testigos protegidos. En los tres meses del juicio desfilaron por la sala 2 de la Ciudad Judicial de Juárez casi 200 testigos, muchos más no acudieron porque no se les localizó, o por miedo. Se presentaron también exempleados y vecinos del hotel Verde, donde se comprobó que prostituían a las mujeres y donde varias de ellas permanecieron mucho tiempo; asimismo, testificaron agricultores que localizaron restos óseos en el Valle de Juárez en 2012. Los restos fueron localizados en lugares inaccesibles o de difícil acceso, a donde sólo llegan campesinos a caballo o a pie, por lo que se determinó, con base en los peritajes, que las jóvenes fueron llevadas a fuerzas o atadas. A José Antonio Contreras Terrazas, uno de los procesados, le apodan El Gordo Maloso. Testigos afirmaron que se le veía en una Van verde junto con otras personas y llevaba a las muchachas a diferentes lugares, con distintas personas. La banda delictiva trabajaba para Los Aztecas, grupo del Cártel de Juárez. Contreras junto con El Pifas, El Patachú y El Piwi cobraban las cuotas y vendían droga en el centro. Las madres de las víctimas ubicaron a estos sujetos porque eran los encargados de enganchar a sus hijas, pero no se ha logrado dar con los jefes de la red ya que las autoridades los protegen. Edgar Regalado está acusado de ser el coautor del homicidio de Mónica González, Jazmín Salazar y Jéssica Terrrazas. La audiencia de “individualización de la sanción”, es decir, cuando se conocerá a cuántos años de prisión se les condena, así como la reparación del daño, será el viernes 24 de julio a las 10:00 horas. Por su parte, las organizaciones Red Mesa de Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas advirtieron que este caso es apenas el inicio de la investigación, ya que las autoridades deben investigar, procesar y juzgar a jefes policiacos y funcionarios que protegieron a la red. Norma Ledezma Ortega, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, dijo que “el reto ahora es que la Fiscalía continúe inmediata e ininterrumpidamente la investigación, para abrir carpetas de otras víctimas encontradas, hacia todos los servidores públicos que pudieran estar involucrados; otra deuda es encontrar a las jóvenes que aún están desaparecidas por la empresa delincuencial como ahora le llaman, hay que encontrar la punta de esta cadena”, indicó. Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, afirmó que durante el juicio se conoció que por lo menos son 28 casos de mujeres desaparecidas, varias de ellas ya han sido localizadas muertas y otras aún están desaparecidas. Señaló que hay más carpetas de investigación contra los mismos acusados, contra otros que ya están detenidos y contra unos más que aún no son localizados. Consideró que la Procuraduría General de la República también está obligada a hacer las investigaciones necesarias, porque hay agentes involucrados que le corresponde investigar. Santiago González, abogado coadyuvante por la Red Mesa de Mujeres, dijo que hay cuatro detenidos que ya están en proceso penal por las mismas víctimas, en donde también se ha aportado material humano, científico y otras pruebas, para acusarlos y encontrarlos culpables.