MÉXICO, D.F. (apro).- Habitantes de Santa María Ostula, del municipio michoacano de Aquila, exigieron a funcionarios de la secretaria de Gobernación que se garantice la integridad de su comunidad, se respete a la policía comunitaria, y se libere al líder de las autodefensas, Cemeí Verdía Zepeda. Además, pidieron que se aplique justicia y se castigue a los responsables de la muerte del adolescente Edilberto Reyes García, y de las agresiones a la población registradas el domingo 19. Los comuneros, quienes se reunieron con representantes de Gobernación, destacaron la firma de 12 acuerdos, entre ellos que la Segob y PGJE “se comprometen a ser muy cuidadosos y detallados respecto de las declaraciones públicas que hagan sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de julio”. También resaltaron que las autoridades presentes condenaron los hechos ocurridos en Santa María Ostula, en el que murió Reyes García, y se comprometieron a que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido y a que no existan agresiones, hostigamiento o detenciones por el ejercicio de la seguridad comunitaria. Los funcionarios también sostendrán, abundaron los inconformes, una reunión en la región con representantes y miembros de la comunidad de Santa María Ostula, en un plazo no mayor de 15 días. “Debemos recordar que no es la primera vez que se establecen espacios de diálogo entre los habitantes de Santa María Ostula y el gobierno, y que a pesar de ello la comunidad arrastraba el saldo de 32 habitantes muertos y seis desaparecidos desde 2009”. Pese a que desde el 12 de junio se instaló una mesa de diálogo con la Segob, acusaron, ahora se agrega la muerte de un niño a la lista de agravios. “Es por esto que hacemos un llamado a estar atentos a la tensa situación que prevalece en la comunidad para que se respeten los acuerdos firmados el día de hoy y a pronunciarse por todos los medios al alcance”. Por último, puntualizaron que a este encuentro acudieron, entre otros, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, así como el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos.