PUEBLA, Pue. (apro).- Armando Guerrero Ramírez renunció este lunes a su cargo de consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), luego de que una investigación periodística reveló que el exfuncionario falsificó su título de abogado y cédula profesional. La renuncia se da a sólo tres meses de que Guerrero Ramírez, quien incurrió en el delito de usurpación de profesión y falsificación de documentos, concluyera su período al frente del IEE. En su columna “La Corte de los Milagros”, el periodista Rodolfo Ruiz, director del portal ‘e-consulta’, dio a conocer ayer oficios expedidos por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Poder Judicial de la Federación, donde se señala que no existen antecedentes del título de abogado y la cédula profesional de Armando Guerrero. Antes de dar una explicación, el exfuncionario electoral renunció a su cargo, alegando motivos de “índole personal”. “Por este medio quiero hacer del conocimiento de la opinión pública que, por razones de índole personal, he decidido presentar mi renuncia al cargo de consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado”, precisó en un comunicado. Según la legislación electoral de Puebla, para fungir como consejero presidente del IEE se debe contar con el título de abogado. Electo en octubre de 2012 por la anterior legislatura, Guerrero Ramírez se desempeñó como presidente del IEE en las elecciones locales de 2013, cuando se eligió a alcaldes y diputados locales que permanecerán en sus cargos por cuatro años y ocho meses. Desde su nombramiento fue cuestionado por su cercanía con el gobernador Rafael Moreno Valle, ya que antes de ser electo fungía como director del Instituto Poblano de Productividad Competitiva. En su desempeño al frente del IEE se suscitó una polémica después de que el órgano electoral determinó que las violaciones cometidas por Moreno Valle, al promover su imagen de manera extraterritorial y fuera de los tiempos que marca la Constitución, no merecían sanción alguna. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, Carlos Martínez Amador, dijo que de confirmarse que Guerrero Ramírez falsificó documentos y usurpó la profesión, tendrá que haber una sanción en su contra, porque esas faltas constituyen un delito. Detalló que el artículo 69 del Código de Procedimientos Penales establece que la falsificación de documentos es un delito grave, y en el caso de Guerrero, por ser funcionario público, podría alcanzar una sentencia de hasta 12 años de cárcel. Además indicó que deberá abrirse una investigación para fincar responsabilidades a los funcionarios del Congreso local que tuvieron a su cargo la revisión de la documentación en el proceso de selección de los integrantes del IEE. De acuerdo con exdiputados locales, esa labor estuvo a cargo de José Norberto Medina y Rafael Guzmán Hernández, quienes ostentaban los cargos de secretario general y director jurídico en la anterior legislatura.