MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) registró un repunte en el número de secuestros de migrantes en tránsito por México el año pasado: de 75 plagios reportados en 2013, se elevó a 697 el año siguiente, prácticamente dos por día, de acuerdo con un documento difundido por el diario digital de El Informador, de Jalisco. Según estas cifras, 652 secuestros reportados por el INM el año pasado fueron perpetrados en el estado de Tamaulipas y 30 más en Chiapas, y más de la mitad de las víctimas, 365, eran de origen hondureño, 200 salvadoreños y 100 más guatemaltecos, según el documento. Llama la atención que el INM no tenga registrado ningún secuestro en el estado de Veracruz, y sobre todo en el tramo del tren de carga entre Las Choapas, Coatzacoalcos y Tierra Blanca, también conocido en la ruta migratoria como el “triángulo de las Bermudas” por el número de ataques y de secuestros que ahí se perpetran. En un informe elaborado con base en testimonios de más de 31 mil migrantes irregulares en tránsito por México y que dio a conocer ayer la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), la mayoría de las agresiones en la ruta migratoria se produjeron en Chiapas, Veracruz y Oaxaca el año pasado. De acuerdo con el reporte, el robo representó más del 70% de las agresiones que sufrieron los migrantes durante su estancia en México, seguido de la extorsión (10%), y en menor medida sufrieron lesiones, privación ilegal de la libertad y secuestros. Y, según la misma red, el crimen organizado no es el único agresor de migrantes: si bien cometió 54.27% de las agresiones contra los migrantes en 2014, las autoridades fueron responsables de 20% de ellas. De acuerdo con el documento, el principal delito que cometieron las autoridades mexicanas contra los migrantes en tránsito fue el robo, seguido de la extorsión y en menor medida la privación ilegal de la libertad y lesiones. Con base en testimonios de migrantes, la Redodem precisó que la Policía Federal fue la institución que más robó y extorsionó a los centroamericanos, por encima de los delitos perpetrados por policías municipales y estatales e integrantes del Ejército.