COLIMA, Col. (apro).- El juez primero de lo penal de esta ciudad concedió la libertad bajo fianza a 33 ejidatarios indígenas de Ayotitlán, Jalisco, que habían sido detenidos el 22 de julio pasado, luego de que irrumpieron en las instalaciones de la minera Peña Colorada, en demanda del pago de regalías por la extracción de hierro de su territorio. Sin embargo, dictó auto de formal prisión, sin derecho a fianza, contra el abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), con sede en Guadalajara, quien acompañaba y asesoraba jurídicamente a los campesinos en el momento en que se produjo la detención por parte de las corporaciones policiacas de Colima. En el caso de los ejidatarios, cuya fianza fue pagada por el gobierno de Jalisco, serán procesados por el delito de despojo, en tanto que a Mosqueda Sánchez le fueron atribuidos delitos graves como privación ilegal de la libertad de tres empleados de la minera, despojo, lesiones, y daños. Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Idea, calificó como irracionales las acusaciones contra Mosqueda y consideró que, en este caso, los gobiernos de Colima y Jalisco se confabularon para ir en contra de los defensores de los derechos humanos, por lo que anunció la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante el relator de la Organización de las Naciones Unidas en esta materia. Asimismo informó que será interpuesto un juicio de amparo contra el auto de formal prisión dictado contra el litigante detenido. Desde hace varios años, el Instituto de Derecho Ambiental desarrolla un proyecto de asesoría jurídica al ejido Ayotitlán, dentro del cual logró el año anterior que un juez ordenara la suspensión de actividades de la minera Peña Colorada en terrenos de ese núcleo agrario, mientras se resuelve el juicio de amparo 462/2012. Con base en esa suspensión judicial y después de que no hubo acuerdos en conversaciones previas con la empresa, los ejidatarios ingresaron el miércoles 22 a las instalaciones de la mina para exigir el pago de 20 por ciento de las utilidades generadas por la extracción de mineral en los últimos tres años, una cifra calculada en mil millones de pesos. Gutiérrez Nájera informó que además de la defensa jurídica de su compañero Eduardo Mosqueda, el Idea también respaldará a los indígenas acusados de despojo, aunque “en el caso de ellos ya no existe la presión de que se encuentren detenidos, pero hay que quitarles ese delito que fue totalmente fabricado”. En el momento en que los ejidatarios salieron por la puerta principal del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima fueron recibidos con aplausos y abrazos de parte de sus familiares que los esperaban en el exterior del reclusorio. Además de los abogados del Instituto de Derecho Ambiental, ahí se encontraba Efraín Palacios Morquecho, representante jurídico de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, quien se negó a revelar el monto de la fianza pagada por cada uno de los liberados. Refirió que mientras dure el juicio por el delito de despojo, los ejidatarios deberán acudir cada semana a firmar al juzgado, aunque anticipó que se buscará que sea un procedimiento rápido en el que salgan libres de todo cargo.