MÉXICO, D.F. (apro).- Del 5 al 7 de agosto, México hospedará la Quinta Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con el objetivo de construir una agenda digital en la región para 2018. Pero ese proceso en el plano nacional se encuentra envuelto en un manto de secrecía, fuera del alcance de la sociedad. Sólo los representantes de la industria de Internet y telecomunicaciones conocen el borrador de la Agenda Digital Nacional (ADN) y cuyos delegados tienen que firmar acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) y no pueden hacer copias de ese documento. En abril de 2011, el entonces secretario de Comunicaciones y Transporte, Dionisio Pérez Jácome, presentó la ADN, luego de un proceso de construcción y consulta entre las empresas, la academia, el Poder Legislativo y organizaciones de la sociedad civil. Ese documento planteaba 112 recomendaciones en temas educativos, tecnológicos, de salud, económicos, de seguridad y culturales, con objetivos a alcanzar en 2015, acorde con las metas estipuladas por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y otros organismos internacionales. Si bien la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2014 obligaba a actualizar la agenda, otras partes de su contenido podían avanzar sin apegarse a esa adaptación. Además, se creó el sitio http://agendadigitalnacional.org.mx, deshabilitado por la actual administración. La ADN rige y conecta medidas presentes y futuras vinculadas con la extensión del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y aspira a plantear objetivos, líneas de acción y estrategias a ejecutar por parte del gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil. “La agenda debe cumplir con el precepto constitucional de construir una red troncal, que el Estado tenga un recurso que ofrezca servicios para salud, protección civil, reducir la brecha digital y de precio”, plantea Carlos Brito, director de Incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, durante una entrevista con Apro. Datos de la Asociación Mexicana de Internet indican que la penetración de usuarios de la ciberautopista se sitúa en 51%, casi 54 millones de internautas conectados. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apunta que el país contaba en junio de 2014 con 11 subscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes, comparado con el promedio del bloque de 27%. En su reporte de 2014 Estado de la banda ancha, la UIT estimó que México tenía una penetración de casi 12% de banda ancha móvil. Por otra parte, el mercado de las TIC representa en México casi 4% del producto interno bruto, un porcentaje modesto. Para el periodo 2010-2013 ese segmento creció cerca de 6%, por debajo del promedio mundial. Iván Martínez, director en México de Fundación Wikimedia –la responsable de Wikipedia--, asegura a Apro que el gobierno no los convoca para debatir estos temas. “Ya no asistimos porque no nos toman en cuenta. La agenda debe servir para garantizar cuestiones como la accesibilidad, la conectividad y la neutralidad de la red”, plantea el activista. El artículo 14 transitorio de la reforma constitucional establece que el Ejecutivo federal tiene a su cargo la política de inclusión digital, con temas como infraestructura y conectividad, tecnologías de la información y la comunicación, habilidades digitales, programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos; el fomento a la inversión en telesalud, telemedicina y en expediente clínico electrónico, así como el desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales. La ADN anterior se propuso que México alcanzara el primer cuartil entre los países mejor evaluados por el Foro Económico Mundial en el índice de capacidad de TIC y ser el líder en Latinoamérica en el aprovechamiento de esas tecnologías. Para ello debe expandir la infraestructura de banda ancha para acceso a Internet, asegurar la neutralidad e interoperabilidad, dar certeza en la seguridad de la información y la protección de los datos personales, así como lograr la armonización normativa y fomentar la gobernanza y la participación democrática. Respecto de la banda ancha, la ADN previa identificó barreras como falta de competencia, de infraestructura, de apropiación tecnológica y acceso al conocimiento, de inversión y bajo poder de compra. Ese plan sugirió incrementar el porcentaje de la población que tiene acceso a la red y mejorar la calidad de uso de Internet, diseñar y aplicar el Programa Nacional de Alfabetización Digital, que este gobierno bautizó como Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. Además, instituir el Plan Nacional de Capacitación en Competencias Laborales y Habilidades Digitales, así como promover el desarrollo de Centros Comunitarios Digitales para prestar servicios de información, trámites, capacitación y alfabetización digital. Lo primero aún está pendiente. El gobierno además se compromete a la instalación de 65 mil espacios públicos conectados de manera gratuita a la red de internet de banda ancha, de una meta de 250 mil puntos para 2018. “La agenda digital involucra a muchos actores de la industria que han estado trabajando en el desarrollo de la misma. Es un largo proceso que enfrenta quizá uno de los más grandes retos del país, pero en el que hay que seguir poniendo atención y esfuerzos coordinados”, comenta Edmundo Cázares, gerente de Recursos de Internet de la firma Centro de Información de Redes México (NIC, por sus siglas inglesas), responsable de administrar la denominación geográfica mx. Slim vs gobierno La ADN también representa otra arena de la pugna entre el gobierno y Carlos Slim. En septiembre último, México reveló su intención de sumarse a la iniciativa Internet.org del estadunidense Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, lanzada en 2013 y que pretende masificar la conexión a la red mediante dispositivos móviles. A inicios de junio último, el gobierno estaba listo para anunciar su incorporación oficial, ejecutada por la española Telefónica. Pero Zuckerberg se opuso, pues su deseo es que lo haga Telcel, de Slim. En octubre de 2014, la revista Forbes divulgó que ambos magnates debatían cómo colaborar con el impulso a Internet.org en México. La agenda de la cumbre ministerial de Cepal versa sobre tecnologías digitales, economía y sociedad, ecosistema digital y visión de desarrollo, políticas públicas y regulación para el despliegue de las tecnologías digitales, economía digital e innovación, gobierno digital y ciudadanía, así como inclusión social y tecnologías digitales e implicancias de la gobernanza de Internet para el contexto regional. Cuando era candidato presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto prometió un Plan Nacional de Banda Ancha para propiciar el acceso universal a Internet mediante “una sólida y segura infraestructura de información de banda ancha, disponible en todo el territorio, accesible y asequible para la población”, lo cual aún no se materializa. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) formalizó en agosto de 2013 una cooperación técnica no reembolsable por 550 mil dólares. El marco para el plan, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), abarca cuestiones como la identificación de los principales retos de la infraestructura de banda ancha, instauración de regulaciones, definición de políticas para el acceso universal a la banda y de acciones para la inclusión digital, así como la estipulación de objetivos, indicadores, responsabilidades, línea de tiempo y presupuesto y diseño de un modelo de gobernanza. El proyecto, consultado por Apro, estipula “consultas multisectoriales para garantizar que el plan es respaldado por diferentes instituciones en los niveles federal, estatal y local, así como por la sociedad civil y el sector privado”. El BID coloca el mayor riesgo en tener un plan que no va a ser totalmente ejecutado por el gobierno federal. Para mitigarlo, dice el banco, supervisará la cooperación y garantizar que la propuesta final se alinea con los cambios constituciones y de política emprendidos. Peña Nieto ofreció también una Universidad Nacional Digital para ampliar la oferta de programas de educación superior a distancia existentes y así contribuir a ampliar con al menos un millón 500 mil lugares adicionales en ese nivel, especialmente a personas en zonas retiradas de centros urbanos y con discapacidad. Redes riesgosas Los ejecutores de la agenda digital son la oficina de la estrategia nacional en Los Pinos, a cargo de Alejandra Lagunes, y la Subsecretaría de Transportes, bajo Mónica Aspe. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró vacíos de seguridad cibernética en la SCT y que arriesgan la información bajo su resguardo. No obstante, el Manual de Seguridad de la Información de esa dependencia, autorizado en julio de 2012 no había sido actualizado en 2013. La ASF halló que ni el proveedor de los servicios ni la Subdirección de Seguridad Informática revisan las bitácoras de registro de actividades de cuentas privilegiadas de bases de datos. Además, esas bases, consideradas confidenciales o reservadas, y sus respaldos no están encriptados. A pesar de que la SCT “genera, almacena, procesa, respalda y concentra información, considerada de seguridad nacional”, y cuenta con unidades administrativas bajo esa categoría, no había controles existentes para la administración de la seguridad de la información. La ASF detectó vulnerabilidades en la red de esa secretaría, por lo que un usuario malintencionado podría aprovechar esos huecos para inyectar código malicioso – malware--. Desde 2011, la SCT tiene el contrato de adjudicación directa CMPS/IP/001/2011 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 552 millones de pesos, que expira en diciembre próximo, para recibir servicios de telecomunicaciones y conectividad. A la luz de las fallas identificadas, la ASF plantea evaluar la conveniencia de continuar con ese contrato.