El Grupo Atlacomulco detonó la urbanización en torno al Altiplano

sábado, 1 de agosto de 2015 · 19:53

El escape del Chapo Guzmán sorprendió a todos por su aparentemente perfecta obra de ingeniería. Pero luego comenzaron a surgir los interrogantes sobre la manera en que fueron vulnerados los protocolos del penal de máxima seguridad del Altiplano. Durante lustros, se sabe también, empresarios del Grupo Atlacomulco –al que pertenecen Enrique Peña Nieto y su tío Arturo Montiel– impulsaron la urbanización desordenada aledaña al centro de reclusión. No les importó violar las normas de seguridad en torno al penal, comentan a Proceso especialistas en el tema.

TOLUCA, Edomex. (Proceso).- El penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez de donde se fugó El Chapo Guzmán el 11 de julio pasado está rodeado de centros de población y fraccionamientos habitacionales cada vez más anárquicos y sobrepoblados, lo cual viola las normas de seguridad.

Según la legislación correspondiente, los penales de ese tipo deben construirse en zonas donde no haya desarrollos urbanos en por lo menos dos kilómetros a la redonda para garantizar su aislamiento.

Sin embargo, el incumplimiento de esa normatividad lo provocó en buena medida el Grupo Atlacomulco –al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto–, que desde hace años se ha dedicado al despojo de tierras ejidales, a la especulación inmobiliaria y a la desaforada construcción de estos grandes fraccionamientos con el propósito de hacer negocios.

Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, comenta al reportero:

“Uno de los requisitos básicos para los penales de alta seguridad es que deben estar alejados de los centros de población en por lo menos 15 kilómetros de distancia. Además, deben tener una zona de amortiguamiento de por lo menos dos kilómetros; esto es, en torno a ellos no debe existir ninguna construcción en un radio de dos kilómetros.

“Esta área de amortiguamiento también debe tener uso de suelo catalogado como ‘zona protegida’, porque corresponde exclusivamente al Estado protegerla y vigilarla por su alta peligrosidad. Cualquier urbanista conoce estos lineamientos porque están claramente estipulados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en su Sistema Normativo de Equipamiento”.

Por su parte, el criminólogo Enrique Zúñiga Vázquez, autor de la investigación Sistema penitenciario: el infierno como industria, señala que el sistema carcelario sigue la misma norma. Explica:

“Para tener la categoría de ‘máxima seguridad’, uno de los requisitos es que el penal debe estar totalmente aislado en por lo menos un radio de dos kilómetros. Así lo marcan los lineamientos para que la población externa no vulnere la seguridad del penal. Y al revés; para que los motines y fugas de los reclusos, así como los operativos policiacos, no afecten a la población de afuera. Es lógico”.

–Sin embargo, la casa por la que escapó El Chapo Guzmán, a través de un túnel subterráneo, estaba a 1.5 kilómetros de distancia del penal de Almoloya...

–Sí. La fuga del Chapo puso en evidencia que esa prisión no cumple con la normatividad para los penales de máxima seguridad, dictada por la Secretaría de Gobernación. Así de simple.

(Fragmento del reportaje que publica la revista Proceso 2022, ya en circulación)

 

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