MÉXICO, D.F., (apro-cimac).- Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos acusaron que las filtraciones de la investigación por el feminicidio de Yesenia Quiroz, Nadia Vera, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete, así como del asesinato del fotoperiodista de la revista Proceso Rubén Espinosa, profundizan la incredulidad sobre las pesquisas por parte de las autoridades judiciales. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre otras organizaciones civiles, criticaron que desde el día del crimen, el pasado 31 de julio, circula información contradictoria de los hechos por parte de fuentes oficiales. En un comunicado, dijeron que esa información afecta los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. Por ello, externaron su preocupación de que los datos ventilados ante la opinión pública también lleguen a los probables responsables, que aún están prófugos. La investigación, advirtieron los grupos civiles, propicia un inadecuado manejo de la información, además de que desacredita, discrimina y estigmatiza a las víctimas por su nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos. En caso de no corregirse, advirtieron, esta situación profundizará la desconfianza hacia la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal (PGJDF), y la incredulidad respecto de lo que pueda concluir la investigación. Por esta razón, las organizaciones defensoras llamaron a las autoridades a ajustar su trabajo de investigación con bases en los estándares mínimos en materia de derechos humanos. Las autoridades judiciales, agregaron, deben cumplir los protocolos de investigación para que se garantice un mínimo de credibilidad en los resultados y para que se evite poner en riesgo o vulnerar la seguridad de las víctimas indirectas, así como de las personas testigos del caso. También precisaron que la información sobre el avance de la indagación debe ser difundida, primero a las víctimas indirectas y después a los medios de comunicación, para que la sociedad tenga información certera sobre el caso. “Las filtraciones son reflejo del incumplimiento del Estado para garantizar el acceso a la justicia”, advirtieron. Asimismo, exigieron a las autoridades judiciales una investigación seria, imparcial y transparente que agote todas las hipótesis del caso. Las organizaciones exigieron cumplir los protocolos para la investigación de los casos de feminicidio y se incorpore la perspectiva de género, ante las características de violencia perpetrada contra las víctimas. Piden en Veracruz intervención de PGR Por su parte, el Colectivo Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo AC, de Orizaba, Veracruz, pidieron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) en el caso, con base en las denuncias que Rubén Espinosa y Nadia Vera hicieron públicas con el señalamiento directo al gobierno de Javier Duarte. En un comunicado, las organizaciones civiles señalaron que ante la mala actuación de las autoridades de la PGJDF, la PGR debe ejercer con prontitud su facultad de atracción para conocer de todos los delitos del fuero común conexos con el homicidio de Espinosa Becerril, garantizando la integralidad de las investigaciones y la debida diligencia mediante la aplicación de la perspectiva de género y de derechos humanos. Enfatizaron que la competencia de la PGR es obligatoria, por mandato constitucional, no obstante, ésta se ha negado a conocer de los hechos de la colonia Narvarte y ha permitido que sea la PGJDF quien realice la investigación. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le exigieron investigar las graves violaciones a derechos humanos que, señalaron, son fundamentos de la Queja interpuesta hoy en dicha instancia cuyo número de folio es el 77201. También pidieron que la CNDH y la PGR informen de sus acciones en torno al caso y les permitan el acceso a la investigación del mismo. Una petición más de los activistas consiste en informar de las medidas de protección implementadas para garantizar la seguridad, vida e integridad de los periodistas de Veracruz, así como de todas aquellas víctimas directas, indirectas y potenciales; y que se informe sobre las diligencias realizadas en la investigación, vinculadas con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos delictivos. Finalmente, enfatizaron que se “abstenga de filtrar información pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones dejando de lado el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de Veracruz”.