XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte salió al paso de las críticas por la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera al sostener que no renunciará y que el trágico suceso corresponde resolverlo al gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues los hechos ocurrieron en la Ciudad de México, “no aquí”. “Yo tengo un mandato muy claro por los veracruzanos, que tengo que cumplir puntualmente y trato de honrar ese mandado día con día con toda mi capacidad, con todo mi tiempo, con todo mi profesionalismo”, subrayó el polémico mandatario veracruzano en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula. Duarte tampoco se mostró dispuesto a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso; insistió en que “este es un caso que ocurrió en el DF, no en Veracruz”, y aclaró que tampoco le corresponde pedir a la PGR que atraiga la investigación. “Es un tema que ocurrió en el DF, es un tema que no ocurrió en Veracruz y, bueno, yo estoy atento a lo que la ley señale, simplemente cumplir con lo que la ley y la normatividad me señale, y así actuaré siempre”, dijo. Duarte de Ochoa negó haber solicitado pedido a sus amigos del PRI y del PVEM su ayuda para evitar ser llamado a comparecer al Congreso, –¿Tendrías algún problema si te citaran? –insistió el periodista. –Repito, es un tema que ocurrió en el Distrito Federal, es un tema que no ocurrió en Veracruz y bueno yo estoy atento a la ley –atajó el gobernador. Tampoco –afirmó– pidió ayuda a sus amigos verdes y priistas para que la PGR atraiga el caso. –Le pediste al Partido Verde y al PRI que te ayuden a evitar que el caso sea atraído por la PGR –preguntó el conductor de noticias. –Negativo, negativo, primero que nada quiero señalar que este es un caso que sucedió en el Distrito Federal, no en Veracruz, es decir, es un tema que corresponde a las autoridades del Distrito Federal, y por ende, en todo caso, quienes tendrían que solicitar la atracción a la PGR o no, son las autoridades del DF, no de Veracruz. Luego insistió en que debe quedar claro que se trata de un asunto que corresponde resolver al gobierno de Mancera, al que su gobierno ha ofrecido apoyo, dado que dos de las cinco víctimas que fueron brutalmente asesinadas en la colonia Narvarte “residieron en tiempos recientes, aquí, en la ciudad de Xalapa”. “Ese es el nexo que conecta al estado de Veracruz con este lamentable suceso, de ahí en fuera lo que podamos aportar lo haremos siempre con disposición e inmediatez”, ofreció. Según Duarte, el Ministerio Público solicitó copia de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero sostuvo que no se contaba con denuncia alguna interpuesta por Rubén Espinosa o Nadia Vera. La única de que se tiene registro, admitió, es la que interpuso el fotoperiodista y colaborador de Proceso en 2013 ante la PGR, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), con motivo del operativo de seguridad realizado en la plaza Lerdo, ubicada frente a palacio de gobierno de Veracruz, durante las celebraciones de las fiestas patrias el 14 de septiembre de ese año. Tras esa denuncia, comentó, el fotoperiodista vivió dos años más en Veracruz y se marchó al DF tras la cobertura de una movilización en Xalapa, el 8 de junio, donde recibió amenazas verbales y físicas por parte de encapuchados, por lo que el 9 de junio partió a la capital del país y nunca regresó. De su salida, aclaró, supo porque el propio Rubén la hizo pública, no porque lo estuvieran vigilando. Duarte de Ochoa afirmó que cuando se enteró del multihomicidio personalmente habló con Mancera “para ponerme a su disposición, para poder apoyar en lo que pudiera hacerlo en este caso y, de esta manera, que pudiera tener los elementos que nosotros pudiéramos otorgarle para esclarecer este caso”. También afirmó que el mensaje que pronunció en Poza Rica el pasado 31 de junio, en el que pidió a los periodistas portarse bien tras advertir “que sacudiría el árbol y caerían muchas manzanas podridas”, fue malinterpretado y sacado de contexto. El mensaje, abundó, se hizo en la víspera del operativo Blindaje Poza Rica, el cual consiste en “el desmantelamiento de lo que era la Policía Intermunicipal Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán y la entrada de la nueva institución policiaca que se llama Fuerza Civil de Veracruz", institución de élite de seguridad pública que entró en funciones el 1 de julio. Previo a las entrevistas a medios nacionales, Duarte convocó a rueda de prensa en la sala Banderas del palacio de gobierno, donde se prohibió la entrada a varios reporteros y corresponsales. En el acto, el gobernador dijo “respetar la libertad de expresión y de manifestación”. Sobre la edición 2023 de Proceso, actualmente en circulación, donde se destaca la impunidad que prevalece en los asesinatos de comunicadores en la entidad, Duarte aseguró que nueve de los casos han sido atraídos por la PGR y a esta dependencia federal corresponde dar una definición legal. El caso Regina Es más, Duarte de Ochoa aseguró que el homicidio de la corresponsal del semanario en la entidad, Regina Martínez Pérez, ocurrido el 28 de abril de 2012, ya se “encuentra resuelto”, aunque admitió que hay un asesino prófugo, en el caso de José Adrián Domínguez Hernández, El Jarocho. El priista reapareció este lunes luego de nueve días de mantener un bajo perfil tras multihomicidio registrado en la colonia Narvarte del Distrito Federal. En su reencuentro con la prensa, resaltó que en la entidad hay cerca de 8 mil reporteros y más de 500 medios impresos y electrónicos, aunque a la conferencia sólo se permitió el acceso a 27 comunicadores. Quienes pudieron acceder al acto, entre camarógrafos, reporteros y fotógrafos, fueron sometidos a una rigurosa revisión para evitar que se filtrara alguna cartulina de repudio al artero asesinato de Rubén Espinosa. El gobernador también aseguró que la mayoría de los asesinatos de comunicadores –solo reconoció 11 casos, no 14– fueron atraídos por la PGR. Al ahondar en el caso de Espinosa Becerril, Duarte no dedicó palabra alguna a las denuncias públicas del colaborador de Proceso, en el sentido de que elementos de la SSP, Secretaría de Gobierno y ayudantía lo hostigaban y lo habían amenazado con anterioridad. “Gobierno y la Fiscalía General del Estado han tenido y mantendrán una permanente comunicación con las autoridades del Distrito Federal, y en especial con la Procuraduría General de Justicia, a fin de atender cualquier solicitud de colaboración que requieran. “Así lo hicimos desde el momento en que los agentes del Ministerio Público del DF requirieron copia de las denuncias que hubiesen presentado ante la Fiscalía General del Estado Rubén Espinosa o Nadia Vera. El fiscal general dio contestación inmediata en el sentido de que no se contaba con denuncia alguna”. Luego argumentó que en los últimos cinco años han sido asesinados 97 comunicadores en el país, de los que Veracruz acumula sólo 10% de los casos. “Vemos con preocupación la muerte de 97 periodistas ocurridos a lo largo del país desde 2010. Once de esos casos, lamentablemente, han ocurrido en nuestra entidad. Es por ello que hemos realizado grandes esfuerzos como gobierno para generar condiciones necesarias para el libre y seguro ejercicio de la profesión”, acotó. El restringido acceso a la rueda de prensa generó la burla e irritación de diversos comunicadores, quienes la redes sociales anotaron: “Han abierto un nuevo antro en Veracruz, se llama El Palacio... Sus dueños, se reservan el derecho de admisión”.