MÉXICO, D.F., (apro).- Obligado por la presión de organismos nacionales e internacionales, el gobierno del Distrito Federal decidió dar un paso que no tenía previsto al menos hasta ahora: declarar al gobernador Javier Duarte sobre los trágicos sucesos registrados el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de esta ciudad. El anuncio no lo hizo el responsable de la indagatoria, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, lo hizo nada menos que el propio jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa imprevista. Dicho anuncio no estaba en la agenda de actividades del funcionario capitalino. La invitación a medios llegó poco antes del mediodía de manera súbita. Mancera informó que personal de la PGJDF, encabezado por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, se trasladará hasta el estado de Veracruz para tomar la declaración al mandatario estatal, quien por lo pronto, ya se lavó las manos y le echó la bolita a la Procuraduría capitalina. “Es un asunto de su competencia”, dijo en conferencia y luego en entrevista con Radio Fórmula. Además, reveló también que en una conversación telefónica  que sostuvo la mañana de este lunes con el mandatario estatal le hizo notar a este último la necesidad de cumplir con ese requisito legal que hasta la semana pasada el procurador Río Garza se había resistido a cumplir como parte de la investigación. “Hay que ligar los procedimientos de estilo para efectos de la inmunidad del gobernador, es decir, del carácter de gobernador”, dijo. Sin embargo, destacó que para acelerar la investigación se optó por tomar la declaración directa en vez de enviarle un cuestionario vía correo electrónico. No obstante, esa declaración se le tomará sólo “en su calidad de testigo”, derivado de la línea de investigación de la actividad profesional del fotoperiodista de Proceso y Cuatroscuro, Rubén Espinosa, y el activismo de Nadia Vera el pasado 31 de julio de 2015. En una tarjeta informativa, la Procuraduría detalló que esa declaración se le tomará con base en el acuerdo “interprocuradurías” firmado en Acapulco, Guerrero, durante la Conferencia Nacional de Procuradores, el 23 de febrero de 2012. Como parte coadyuvante de la investigación, la organización Artículo 19 –que se ha mantenido al tanto del caso– participará en la elaboración del cuestionario que deberá responder Javier Duarte para conocer su versión sobre las amenazas que sufrieron Espinosa Becerril y Vera Pérez. “El cuestionario tiene que ser extenso. La coadyuvancia la tiene en este momento Artículo 19; ellos estarán aportando las preguntas pertinentes y esas preguntas estarán sumadas a todo el interrogatorio. Mañana lo que nosotros queremos es que se agoten todas estas diligencias” a través del contacto directo, dijo el jefe de Gobierno. Mancera Espinosa realizó el anuncio después de que Duarte de Ochoa se dedicó dar diversas entrevistas en radio y televisión para deslindarse del multihomicidio y señalar al GDF como el responsable de resolver este crimen cometido en la Ciudad de México. En la edición que circula esta semana de Proceso (2023) se publicó un reportaje que muestra las inconsistencias, omisiones y contradicciones en que ha incurrido la PGJDF en el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte y cómo las autoridades han evadido seguir como una de las líneas de investigación la actividad periodística y de activismo de Rubén Espinosa y Nadia Vera, así como las amenazas que denunciaron en diversas entrevistas y redes sociales. “No es oportunismo político” Diez días después del multihomicidio, que le dio la vuelta al mundo al conocerse que entre las víctimas se encontraban el colaborador de Proceso y Cuartoscuro, y la joven activista del Movimiento #YoSoy132, Mancera promulgó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF. En el acto oficial en la sede del Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación en México (Copred), negó que la promulgación sea “oportunismo político” por el caso de la colonia Narvarte. Y argumentó: “es una respuesta urgente a la necesidad de asumir corresponsabilidades para dar garantía a quienes ejercen el periodismo en la Ciudad de México, mismo que pueden realizarlo con plenitud, seguridad, libertad de expresión, y en un el ejercicio pleno de sus derechos”. Dicha Ley fue aprobada en la ALDF el pasado 8 de julio. El 3 de agosto –tres días después del multihomicidio de la Narvarte--, Apro  preguntó al mandatario la razón por la que no se había publicado en la Gaceta Oficial del DF, a lo que contestó que “estaba en refrendos”. Este lunes, ante la presencia del director de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez –quien le demandó una investigación completa sobre el caso de la colonia Narvarte --Mancera omitió mencionar el asesinato de Rubén Espinosa y de Nadia Vera, pero reiteró que el Ministerio Público agotará todas las líneas de investigación “para que este hecho no quede impune”. Con invitados especiales de medios de comunicación como El Universal, Televisa y Proyecto 40, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías, e integrantes de su gabinete y la Asamblea Legislativa del DF, Mancera pidió guardar un minuto de silencio por los periodistas asesinados en el ejercicio de su labor y pidió a la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del DF entonar el “toque de silencio”. Aún con ese protocolo, dicha Ley está incompleta pues falta la elaboración de su Reglamento que, según Mancera, “se hará en breve”. También falta la creación de mecanismos para proteger el trabajo de los periodistas durante las marchas que haya en la ciudad. Por lo pronto, dijo que el GDF destinará 10 millones de pesos para la creación y funcionamiento del Mecanismo para ofrecer garantías a comunicadores y activistas en riesgo que desde ya, lo soliciten. Protesta comunidad colombiana La comunidad colombiana residente en México también se hizo escuchar. En un segundo comunicado, acuso a las autoridades capitalinas de criminalizar a su compatriota Mile Virginia Martín, una de las cinco víctimas de la colonia Narvarte. “Estamos preocupados porque además de tratarse de una connacional, ha recibido un trato discriminatorio”, subrayó. Dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública, la comunidad colombiana demandó que se preserve el debido proceso y dejen de sustentarse prejuicios sobre nacionalidad, sexo u oficios de las víctimas masacradas. Aseguran que frente al vacío y el ocultamiento de información clara y verídica en torno al caso, han circulado un sinnúmero de versiones periodísticas y por parte de las autoridades mexicanas, algunas de ellas tendenciosas, irresponsables, que atentan contra la dignidad y la honra de la connacional asesinada en circunstancias dolorosas y crueles.