Tuvieron que pasar meses de audiencias de presentación de testimonios y desahogo de pruebas para que el Tribunal de Juicio Oral de Juárez diera su fallo condenatorio contra cinco de los seis implicados en 11 feminicidios ocurridos entre 2011 y 2012. La sentencia se emitió el 19 de julio último y es uno de los casos de justicia exitosos de los últimos tiempos. Sin embargo, las madres de las jóvenes agraviadas no se muestran seguras porque, dicen, uno de los imputados, José Gerardo Puentes Alva, fue absuelto por falta de pruebas en el juicio 267/2014. CIUDAD JUÁREZ, CHIH. (Proceso).– En julio pasado, durante la sesión del Tribunal de Juicio Oral que analizaba el caso de 11 mujeres asesinadas entre 2011 y 2012, doña Norma Laguna Cabral exclamó: “Yo quisiera saber cuáles fueron las últimas palabras de mi hija. Díganme cómo le hago para no pensar, cuando mis hijos salen a la escuela y mi esposo a trabajar, que ya no van a regresar”. Ese día, las jueces Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda dictaron por unanimidad una condena de 697 años de prisión a cinco de los seis presuntos implicados en esos feminicidios: Jesús Hernández Martínez, El Gordo Maloso o El Chuy; César Félix Romero Esparza, El Félix; Édgar Jesús Regalado Villa, El Piwi; José Antonio Contreras Terrazas, El Koyac, y Manuel Vital Anguiano Don Meny. Los inculpados, que pertenecen a la banda Los Aztecas y se dedicaban a la trata de personas, deberán pagar también 839 mil 274 pesos a los familiares de las víctimas por reparación del daño. Doña Norma es madre de Idalí Juache Laguna, una de las 11 ejecutadas. Durante meses, ella y los familiares de las otras mujeres recorrieron las calles, hoteles y burdeles de esta ciudad para recabar testimonios, incluida la presentación de restos óseos localizados en el Valle de Juárez, hasta localizar a los implicados y llevarlos ante la justicia. Después de analizar las pruebas aportadas por las madres de las víctimas y un adolescente llamado Luis Raúl Ramírez Loera –el “testigo estrella”–, el fiscal especializado en delitos contra mujeres, Ernesto Jáuregui Venegas, admitió que en este caso es probable la participación de militares, policías de los tres niveles y autoridades penitenciarias. Él era integrante de Los Aztecas y comenzó a “trabajar” a los 13 años con su tío Poncho (Proceso 1939 y 2012). El 19 de julio a las 2:00 horas, el tribunal los encontró culpables y absolvió por falta pruebas –no por ser inocente– a José Gerardo Puentes Alva, quien obtendrá su libertad cuando se agoten los recursos de casación y amparo que promoverá el Ministerio Público (MP). Al iniciar el juicio, Jáuregui Venegas consideró que se trataba de una red “pequeña” de trata de personas cuyos integrantes se movían sólo en el centro. Por ello, el órgano colegiado ordenó que el MP inicie una investigación contra uniformados, custodios y funcionarios de los dos reclusorios de Ciudad Juárez ante la presunción de posibles actos de corrupción durante el traslado de las víctimas y por facilitar su ingreso a los penales. Las 11 mujeres fueron explotadas y asesinadas porque se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. Eran muy jóvenes, físicamente agraciadas y de condición económica precaria. Y como carecían de redes de apoyo, fueron presas fáciles para los tratantes de blancas. “En el acto de desaparición fueron explotadas sexualmente, formaron indicios importante de que las reclutaron, las mantuvieron cautivas sin poder transitar libremente, las incomunicaron de sus familias”, según el tribunal. El juicio incluyó los casos de María Guadalupe Pérez Montes, quien desapareció cuando tenía 17 años; Lizbeth Avilés García, 16; Perla Ivonne Aguirre González, 15; Idaly Juache Laguna, 19; Beatriz Alejandra Hernández Trejo, 20; Jésica Leticia Peña García, 15; Deysi Ramírez Muñoz, 16; Andrea Guerrero Venzor, 15; Mónica Liliana Delgado Castillo, 18; Jessica Terrazas Ortega, 18, y Jazmín Salazar Ponce, 17. Nuevos riesgos La absolución de uno de los imputados, representa un riesgo, comenta doña Norma a Proceso. “Ya nos miró. Ahora no vamos a poder andar por el centro con nuestros hijos. Es un riesgo –insiste– porque si no estábamos seguras desde la desaparición de nuestras hijas, ahora hay más preocupación. Sin embargo, voy a seguir hasta que Dios me mande llamar”. Luego del fallo, Norma Ledezma Ortega, coadyuvante del MP a través de la organización Justicia para Nuestras Hijas, advirtió: “Que la fiscalía no piense que con esto nos va a tranquilizar… Tiene que continuar inmediata e ininterrumpidamente las investigaciones para judicializar los otros casos de víctimas no encontradas y otras que sí se han encontrado; tiene que abrir carpetas de investigación hacia todos los servidores públicos, militares y policías responsables”. El compromiso debe ser mayor porque la fiscalía de género no tiene suficientes recursos pues no se le ha dado toda la importancia”, agregó. Por lo pronto, comenta el abogado coad­yuvante por la Red Mesa de Mujeres, Santiago González, quedan más carpetas abiertas y cuatro detenidos a punto de llegar a juicio oral. Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, señala que la Procuraduría General de la República debe investigar también a los agentes y funcionarios involucrados. Le corresponde hacerlo; además, cuenta con indicios. El caso recién concluido fue sobre 11 feminicidios, aunque hay testimonios y registros periodísticos de por lo menos otras 16 muertes ocurridas en el Valle de Juárez y falta encontrar a otras desaparecidas del centro de Juárez. “El caso es complejo, sobre todo porque las autoridades no actuaron inmediatamente después de la comisión del delito”, asegura Marrufo. Míriam Sánchez, quien iba a declarar como testigo protegido, por ejemplo, fue asesinada en junio de 2014. Su testimonio sólo pudo ser leído en la audiencia. Sergio González considera que las autoridades deben brindar protección a las víctimas sobrevivientes, sobre todo a las que aportaron su testimonio, y a las que no se presentaron a declarar ante el tribunal por temor a represalias. Además, hay muchas mujeres desaparecidas en circunstancias idénticas en la zona centro entre 2009 y 2011. “De esta magnitud es el problema que hoy se empieza a abordar; está plagado de complicidades, corrupción, negligencia. Falta de la debida diligencia y otros tantos vicios del estado, dentro de los cuales operaron con absoluta impunidad miembros del crimen organizado”, asegura. Desde el 14 de abril pasado, cuando se inició el juicio 267/2014 y con el desahogo de 182 testimonios y diferentes pruebas, se evidenciaron indicios para determinar que policías municipales, estatales, federales, militares y autoridades penitenciarias estuvieron implicados o encubrieron a la red (Proceso 2017). De acuerdo con uno de los testigos protegidos –un adicto a las drogas–, agentes municipales que encubrían a la red lo golpearon y amenazaron para inducir su declaración. González solicitó a las juezas que dieran vista al MP para que se investigue su caso. El tribunal aceptó. Jesús Damián Pérez Ortega, El Patachú, es otro testigo y también uno de los impu­tados en el caso. Varios testigos expusieron que él se encargaba de enganchar y transportar a las jóvenes. Sin embargo, él expuso que estuvo detenido de 2005 a 2012 por transportación de droga. Po lo que es imposible que haya cometido los ilícitos estando en prisión. Sin embargo, el fiscal Jáuregui Venegas refutó esa versión y expuso que había una evidente corrupción penitenciaria. Y puso varios ejemplos: “Jesús Hernández estaba ligado con el líder de la red de trata, Adrián Roldán de la Cruz, alias El Miguelito o Zeta 1. Él trató con mujeres, cómo Jessica Peña, quien era introducida al penal con muchísima seguridad. … (Asimismo), se procesó al custodio Lucio Cuevas por corrupción, por permitir el ingreso de droga (al penal), así como a personas no autorizadas.” Las razones del tribunal El 14 de julio, Norma Ledezma solicitó la reclasificación del delito de homicidio como delito emergente para que las juzgadoras tomaran en cuenta que el delito de trata llevó al de homicidio. Si se veían de manera aislada, expuso, no había forma de probar cómo, con qué y qué participación tuvo cada uno de los imputados en los asesinatos. El tribunal aceptó. “El homicidio lo cometieron para disponer de la vida cuando (las mujeres) ya no les servían. Las víctimas de trata sufren un desgaste psicológico y emocional por los contactos sexuales y con las drogas que les suministran. Por eso, cuando ya no les servían, se deshicieron de ellas”, argumentó Santiago González a la defensora pública Yésica Jáquez. Ella aseveró que eran delitos de naturaleza distinta, para evitar que se acreditara el homicidio. Para el fallo fue clave la declaración de Raúl Ramírez Loera: “Se hizo creíble el testimonio del testigo ‘estrella’, quien señaló la participación de cada uno de los acusados. Es creíble para el tribunal que trabajó para la empresa, entre otros, de trata y prostitución”, según el documento del tribunal. Ramírez Loera era menor cuando fue detenido e imputado en 2013 por su presunta participación en dos feminicidios. Como aportó información para resolver algunos casos, se convirtió en testigo protegido. Su testimonio coincidió con el de otros testigos que vieron a ocho de las 11 jóvenes en el hotel Verde, y el tribunal determinó que el hecho de encontrarlas a todas en el Valle de Juárez, bajo las mismas circunstancias, evidencia que se trata del mismo grupo delictivo: Los Aztecas. Una carga de prueba importante fue el testimonio del agricultor Héctor García Trevizo, quien encontró los primeros restos óseos en el Arroyo del Navajo, cerca del ejido San José de los Paredes, en el municipio de Praxedis Guerrero, el 21 de octubre de 2011. El Valle de Juárez era “resguardado” y “vigilado” por cientos de militares y agentes federales que llegaron a reforzar la guerra contra el narcotráfico en 2008 durante el Operativo Conjunto Chihuahua. En 2012 las autoridades hicieron más rastreos y localizaron más restos, prendas de vestir y cuerdas con nudos profesionales en el Valle de Juárez. Con los peritajes concluyeron que las mujeres fueron atadas y llevadas con vida por sus victimarios, quienes utilizaron brechas de partes altas. En cuanto al delito de trata, las llevaban a una casa de seguridad en la Avenida 16 de Septiembre, a unas cuadras del Distrito Delicias de la policía municipal, y al hotel Verde, donde eran violadas y retenidas. Luego eran removidas a otros puntos, como la ciudad de Chihuahua o al extranjero, donde eran prostituidas. Dos de los inculpados en el juicio de los 11 feminicidios –El Félix y Don Meny– operaban en el centro de la ciudad, ambos ofrecían trabajo a las jóvenes. El primero se dedicaba a la venta de droga; el segundo utilizaba su tienda de abarrotes como pantalla para contratar a las mujeres y “ponerlas” a los delincuentes para que las prostituyeran. A Don Meny lo ubican como responsable de la desaparición de mujeres desde 1995, entre ellas Olga Leticia Carrillo Pérez. El Chuy es un sicario y mano derecha del presunto líder de la red de trata, Roldán de la Cruz. Él controlaba prostíbulos ambulantes que la organización promovía como salas de masajes y se dedicaba a extorsionar; El Piwis era responsable de privar de la vida a víctimas. Es uno de los más mencionados dentro del grupo que las “levantaba” para ir a asesinarlas, junto con El Patachú, El Pifas y El Koyac. A este último lo vincularon con los homicidios de Nancy Gómez Farías y Jusalet Alejandra de la Cruz. El recuerdo de Marisela Escobedo Con el miedo a que los imputados fueran absueltos y a vivir lo mismo que vivió la activista y compañera de varias de ellas, Marisela Escobedo Ortiz –la activista asesinada en la puerta de palacio de gobierno, en diciembre de 2010–, las madres de las víctimas estuvieron durante tres meses en el juicio oral, realizado en la sala de audiencias 2 de la Ciudad Judicial de esta frontera. La tanatóloga de la Red Mesa, Gabriela Reyes, explicó que los principales sentimientos de las madres en el juicio fueron el miedo y coraje, lo que reconocieron en las terapias que realizaron varias de ellas. Durante las audiencias, algunas madres pasaron al estrado y hablaron. Susana Montes Rodríguez, mamá de María Guadalupe, recordó: “Yo le decía: ‘Ten mucho cuidado’… Para ese entonces ya empezaban a haber esos casos. Me decían que era trata, que tuviera cuidado, pero no entendía. Nunca imaginé que me la iban a entregar como me la entregaron”. Dora Venzor, mamá de Andrea Guerrero Venzor, llegó rota a la tribuna: “Siento coraje, culpa. Mi familia se está desintegrando, yo no quiero ir a terapia psicológica. Yo quiero justicia, y aquí estoy. Yo quería estar aquí desde que me entregaron los restos óseos. Me duele no haberle cerrado los ojos a mi hija en el momento en que ella expiró. Quiero que (sus asesinos) se lleven eso en su mente”. Siguió Norma Laguna, quien expuso: “Nunca pensé que hubiera gente tan mala, y menos porque ellos salieron de una mujer y ojalá que nunca sepan lo que se siente. Cuando siento esto, tengo deseos de quitarme la vida, de quedarme dormida para que esto ya no duela; para no pensar que ya no voy a besar a mi hija”. Y siguió su exposición: “Al mes estuve en un hospital psiquiátrico porque cuando nos hacen esto… a veces ya no quiero mandar a la escuela a mis hijos. Esas personas que den gracias a Dios por su familia, porque a nuestras hijas las trataron como si ya no sirvieran, como si no valieran, como si no tuvieran derechos”. El 27 de diciembre de 2013 sepultó a su hija Idalí. Los imputados insistieron en su inocencia. Finalmente, el 19 de julio pasado, a las 2:00 horas, cinco de los seis implicados fueron declarados culpables.