MÉXICO, D.F. (apro).- Por un error de las autoridades penitenciarias que no actualizaron su expediente penal, un interno permaneció dos años, nueve meses y 19 días más en prisión, primero en el penal “Topo Chico”, Nuevo León, y luego en las Islas Marías. Por esa razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –la número 26/2015—al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García. Ambos funcionarios son responsables de violar los derechos humanos a la libertad e integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, del reo. El afectado estuvo primero en el penal de Topo Chico y luego fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Seguridad Máxima “Laguna del Toro” del Complejo Penitenciario “Islas Marías” y ambos incumplieron con mantener actualizado su expediente jurídico con las penas impuestas por las autoridades judiciales competentes en las dos causas penales que se le seguían. Ello provocó que permaneciera casi tres años más privado de su libertad por lo que la CNDH pidió al gobernador de Nuevo León y al Comisionado Nacional de Seguridad reparar el daño ocasionado a la víctima, en términos de la Ley de Víctimas correspondiente. También solicitó su colaboración en la queja que presente ante el Órgano Interno de Control de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Nuevo León y ante el Órgano Interno de Control del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se determinen las responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados. Además, pidió a ambas instancias que participen en las investigaciones que deriven de las denuncias de hechos que presente la CNDH ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Nuevo León y la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investiguen las responsabilidades penales a que haya lugar. Asimismo sugirió a ambas autoridades adoptar medidas para mantener “constante comunicación” entre ellas y vigilar que el compurgamiento de penas privativas de libertad de internos del fuero federal se aplique de manera estricta, para evitar violaciones a derechos humanos. A Medina le pidió además instruir la creación de un registro o sistema integral de información que permita conocer de forma precisa la situación jurídica de las personas del fuero federal internas en los centros de reclusión de la entidad. Y a Rubido García le solicitó girar sus instrucciones para que se capacite y actualice en materia de derechos humanos, derecho penitenciario y disciplinas afines a éstas, a los servidores públicos de Prevención y Readaptación Social de la Segob, en particular a quienes vigilan la ejecución de sentencias dictadas a los internos por las autoridades judiciales.