México, D.F., (apro).- Integrantes del albergue de migrantes oaxaqueño Hermanos En El Camino denunciaron que en las estaciones migratorias del sur del país operan redes de corrupción y de tráfico de personas que lucran con la vulnerabilidad de los extranjeros sin papeles detenidos y en las que participan servidores públicos. Desde hace ya varios años, las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes acuden a distintas dependencias gubernamentales para denunciar los abusos perpetrados contra los migrantes detenidos en las estaciones, sobre todo en los estados de mayor tránsito, como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz o el Distrito Federal, los cuales se encuentran en la ruta migratoria entre la Frontera Sur y Estados Unidos. El pasado viernes, personal del albergue interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR); en ella, afirmó que agentes migratorios extorsionan a los migrantes con cantidades que van de 3 mil a 20 mil dólares a cambio de un oficio de salida, o incluso consiguen el número telefónico de sus familiares para simular un secuestro y exigir dinero como rescate. Otra de las conductas que reportaron a la PGR es el ingreso de falsos abogados en las estaciones migratorias –con la complicidad de los agentes migratorios--, los cuales ofrecen sus servicios a los migrantes como forma de engancharlos y desaparecen después de recibir el dinero. Lo anterior, expuso el albergue a la PGR, resulta posible ya que en no pocos casos las autoridades impiden a los migrantes detenidos comunicarse con sus familias. Falsos “coyotes” aprovechan entonces de la incomunicación para asegurar a las familias que su cercano se encuentra en Estados Unidos y piden más dinero para finalizar el viaje. Hasta la fecha, condenó hoy el Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (Codemire), “las instituciones han mostrado falta de interés y una supuesta falta de conocimiento sobre un tema que se ha denunciado constantemente desde 2013”. Además, reiteraron que “las estaciones migratorias en México se han convertido en espacios en donde los derechos humanos de los migrantes son constantemente violentados”, por lo que “cada detención de una persona migrante representa un peligro para su vida e integridad física y psicológica”. A finales de julio pasado, seis organizaciones de la sociedad civil señalaron en un informe que a partir del momento de su detención en estaciones migratorias –que en realidad son “cárceles”, según los activistas--, los migrantes sufrían de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. En el documento, afirmaron que los centros de detención de mayor tamaño, como el de Tapachula o de Iztapalapa reservan a los migrantes detenidos un trato “en masa” e “inhumano”. “En Tapachula hay una percepción más clara de maltrato por el tipo de relaciones que establecen los custodios hacia los migrantes y por los castigos que se implementan en casos de motines o riñas”, sostuvieron las organizaciones. Asimismo, denunciaron que a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias en México, instauradas después de la implementación del Plan Frontera Sur, en julio pasado, se multiplicaron los operativos –que son “más violentos” que antes—y se disparó en un 92% el número de detenciones de migrantes en situación irregular. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo y deportó a un mayor número de migrantes centroamericanos que las autoridades migratorias estadunidenses. Y hoy, el Centro para los Estudios sobre Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés) indicó que entre junio de 2014 y el mismo mes de 2015, el número de migrantes mexicanos en Estados Unidos, tanto en situación regular como irregular, se disparó de 740 mil.