MÉXICO, D.F. (Proceso).- La noticia de que, bajo presiones de organizaciones civiles de Alemania, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retiró fusiles de asalto procedentes de ese país que habían sido distribuidos a policías de Chiapas, Jalisco, Guerrero y Chihuahua, no pasa inadvertida. El arsenal fue comprado a la empresa alemana Heckler and Koch, aparentemente de manera irregular. En efecto, al igual que en todos los países de la Unión Europea, el código de conducta del gobierno alemán para el otorgamiento de permisos de exportación de armas prohíbe tales ventas cuando se sospecha que podrían destinarse a grupos que violan los derechos humanos. De lo anterior, dos hechos significativos saltan a la vista. El primero, la incorporación del tema de derechos humanos en normas que regulan el comercio internacional de armas. Una novedad sorprendente al recordar que, de todas las transacciones comerciales que se realizan en el mundo, el comercio de armas había sido una de las menos reglamentadas. Que en nuevas regulaciones se tomen en cuenta los derechos humanos representa, sin duda, un punto de transición admirable. El segundo hecho llamativo es la vulnerabilidad de México ante semejante situación. Por una parte, nos indica que el país es percibido en el exterior como territorio cuestionado por violación de derechos humanos. El retiro de los fusiles por presión internacional no es un asunto trivial. Las relaciones diplomáticas con Alemania deben estar bajo fuertes tensiones, y los ánimos al interior de la Sedena otro tanto. El caso es grave porque pone en evidencia los gastos en armamento que tanto subieron en los años del presidente Calderón y su guerra contra las dogas; porque revela, una vez más, la presencia de corrupción, y porque reitera los errores de combatir la violencia en forma tal que no se acaba con ella pero sí se atenta contra los derechos humanos. Más allá de los fusiles alemanes, México enfrenta un problema más grave y doloroso por el tráfico ilícito destinado a los grupos del crimen organizado, el cual proviene de la frontera norte. Para enfrentar este trágico hecho, el adelanto en la reglamentación internacional es, hasta ahora, de poca trascendencia. Sin embargo, se ha dado un paso adelante en el derecho internacional contemporáneo. A nivel universal, su expresión más importante es el Acuerdo sobre Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) que recién ha entrado en vigor y tendrá en los próximos días la primera reunión de las partes en México. El objetivo central del acuerdo es establecer lineamientos claros para guiar el otorgamiento de licencias comerciales por parte de gobiernos a los exportadores y comercializadores de armamento. Se trata, con ello, de asegurar que dichas armas sean utilizadas de manera “responsable” por parte de todos los involucrados en su venta y compra. Por responsabilidad se entiende, entre otras cosas, que no se utilicen en situaciones que implican violaciones de los derechos humanos o en actividades que pongan en peligro la paz internacional. La negociación y firma del tratado fue posible gracias a diversas circunstancias. Una de ellas, el hecho de que a nivel regional ya existían compromisos en ese sentido; por ejemplo, los códigos de conducta para países de la Unión Europea a que nos hemos referido. Para algunos de ellos (Alemania, Francia y Reino Unido) era conveniente fijar reglas del juego parejas, es decir, que se aplicasen también a los otros grandes exportadores de armas, que son Estados Unidos, Rusia y China. Si los intereses puramente económicos desempeñaron un papel, no menos cierto es que contribuyeron a hacer esto posible las presiones de grupos de la sociedad civil, como Amnistía Internacional y Oxfam, así como de numerosos grupos pacifistas y defensores de derechos humanos en el mundo. A la luz de esta situación se entiende el reclamo de Alemania. Al mismo tiempo, no se debe desconocer que el embrollo en que se encuentra México es mucho más complejo. Retirar fusiles a policías de quienes se sospecha han cometido violaciones de derechos humanos es correcto. Pero la dificultad mayor ante los temas de la violencia y la seguridad en México se encuentra en el crimen organizado, bien pertrechado y quizá mejor preparado en la utilización de armas que los policías y el Ejército. Entre ellos se hallan los violadores más grandes de uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida. En el panorama del comercio de armas, el ATT es un acuerdo que abre la puerta para ir venciendo la reticencia de los grandes exportadores e importadores de armas, tradicionalmente opuestos a cualquier limitación a sus actividades en ese campo. No obstante, es un tratado que todavía está muy lejos de ser un documento operativo, en el corto plazo, para enfrentar el tráfico ilícito de armamento para el crimen organizado que procede de nuestra frontera norte. La violación de derechos humanos asociada al comercio de armas proviene, así, de dos lados: de quienes pretenden combatir la violencia importando armamentos que serán utilizados de tal manera que afectarán los derechos humanos, y de quienes obtienen fusiles para profundizar el poder de grupos criminales. Ambos son culpables, pero por sus dimensiones y consecuencias para la vida nacional lo más grave es lo segundo. El problema central en esta materia es, pues, el comercio ilícito que tiene su origen en Estados Unidos. Ahora que están ocurriendo cambios en el Poder Ejecutivo, de los funcionarios de más alto nivel para conducir la relación con ese país, sería deseable obtener de ellos la seguridad de su buen conocimiento y habilidades diplomáticas para lidiar con dicho tema.