MÉXICO, D.F. (apro).- México quedó en riesgo de sufrir sanciones comerciales por parte de Estados Unidos por no proteger adecuadamente a las tortugas caguama. El origen de esas penalizaciones radica en la certificación negativa expedida el 14 de agosto por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, por sus siglas en inglés), debido a que considera que las normas mexicanas no son comparables en alcance y efectividad con las de Estados Unidos. Aunque México ha instaurado regulaciones para proteger a la tortuga ‘caretta caretta’, caguama o amarilla, “no ha adoptado un programa regulatorio para eliminar o reducir la captura incidental que sea comparable en efectividad al de Estados Unidos, tomando en cuenta condiciones diferentes que podrían respaldar la capacidad y eficacia de estas medidas”, cita la ‘Adenda al reporte bianual al Congreso’, de cinco páginas de extensión y consultada por Apro. El documento, enviado a la Casa Blanca, señala que México no entregó evidencia de medidas de manejo que sean comparables en efectividad a las de Estados Unidos al abordar la captura incidental de los quelonios a causa de las artes de pesca utilizadas en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur (BCS). La resolución se basó en el examen del “Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero y medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la Costa Occidental de Baja California Sur”, publicado el 10 de abril último por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Esta disposición avala la mortalidad incidental de 90 ejemplares anuales en la zona, impone restricciones para redes pesqueras a partir de octubre próximo y hasta abril de 2017, y demarca un santuario de 8 mil 848 kilómetros cuadrados, de los cuales las prohibiciones sólo aplican a 2 mil 511 kilómetros. Además, instaura un Programa de Asistentes Técnicos a Bordo u Observadores Científicos de la flota ribereña, con el propósito de que las inspecciones se vuelvan permanentes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, de la cual depende NMFS, despedazó el programa de protección. “La reserva y el área de restricción tienen alcances geográficos limitados, así como las acciones de manejo asociadas. Además, algunas de las restricciones a las redes son sólo aplicables de mayo a agosto y hay un retraso de seis meses antes de que los requisitos entren en vigor. Incluso, las restricciones sólo abordan el tamaño de la malla y no otros factores (tiempo de inmersión, largo de la red) que podrían impactar en la frecuencia de la captura incidental y la mortalidad de las tortugas”, cuestionó la autoridad estadunidense. El informe revela que México no entregó evidencia documental para indicar qué medidas de manejo estarán vigentes de septiembre a abril para disminuir directamente la captura incidental, fuera de las medidas de mitigación de redes en el área restringida. Adicionalmente, el programa está autorizado sólo para 2016 y México no ha dado información sobre cómo abordará estos temas a partir de 2017. “La incertidumbre también rodea la efectividad de la aplicación del límite de mortalidad”, cita el texto, pues las regulaciones no requieren el reporte de captura incidental en tiempo real, “lo que no deja claro cómo la pesquería podría ser clausurada a tiempo para garantizar que no ocurra una mortalidad adicional”. NMFS puso en duda el cumplimiento del tope de especímenes muertos. “Es posible que México subestime el nivel de mortalidad. Los límites aplican sólo dentro de la reserva, pero es sabido que las embarcaciones operan fuera del área”, afirma. Finalmente, el examen indica que los programas de observadores y de cumplimiento de las normas no fueron descritos a detalle y hubo una falta total de claridad sobre cómo serán ejecutados. “Hay preocupaciones específicas sobre la efectividad del programa de observadores y su habilidad para apoyar la aplicación del límite de mortalidad”, resume. La tortuga caguama anida y desova en las costas de Japón, y cada año nada hasta el litoral del suroccidente de Estados Unidos y la península de Baja California. Su arribo se incrementa de mayo a agosto, cuando los quelonios más jóvenes maduran y regresan a playas niponas. Entre 15 mil y 20 mil ejemplares llegan a aguas mexicanas, y para éstos la mayor amenaza es la captura incidental por el uso de redes de arrastre y otros equipos marinos. En 1990 México prohibió la captura directa e intencional de tortugas marinas. Además, la caguama se encuentra entre las variedades protegidas. En Estados Unidos esa tortuga fue originalmente enlistada como “amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro en 1978. NMFS agregó en 2011 cuatro poblaciones, incluyendo la caguama del Pacífico Norte al status “en riesgo de extinción”. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental y varios científicos estiman que más de 2 mil tortugas mueren al año debido a las prácticas pesqueras en BCS, la mayor mortalidad global documentada. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente calculó más de 200 especímenes varados en 2014: 145 de tortuga caguama, 37 de tortuga prieta y 30 de golfina. Presión exitosa Organizaciones ambientalistas que han pugnado por la certificación negativa apoyan ese fallo y urgen al presidente estadunidense Barack Obama a definir las sanciones con prontitud. Estados Unidos “ha dicho formalmente que México no está haciendo lo suficiente para proteger a las tortugas caguama. Saludamos la decisión, pues es una buena noticia para las tortugas marinas. La ley estipula que el presidente declare un embargo a los productos marinos mexicanos”, declaró a Apro Sarah Uhlemann, directora del programa internacional del estadunidense Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés). La especialista explicó que las regulaciones mexicanas simplemente no son suficientes para proteger de la extinción a las tortugas caguama. “Al emitir una certificación negativa, NMFS le dice a México que debe ajustar esas regulaciones o perderá pronto su habilidad para vender ciertos productos pesqueros en el mercado estadunidense”, precisó. Uhlemann adelantó que presionarán a la Casa Blanca para que tome “una acción pronta y fuerte”. Aunque la ley no estipula un lapso para imponer las sanciones ni su naturaleza, establece que NMFS debe evaluar si éstas han sido eficaces a los 60 días de anunciar su decisión. Por ello, México puede perder la entrada de productos pesqueros al país vecino y beneficios portuarios. Desde 2005, el país ha exportado un promedio anual de unos 500 millones de dólares en productos pesqueros, según la Oficina estadunidense del Censo. La certificación negativa persistirá hasta que la Secretaría de Comercio resuelva que México ha tomado las acciones necesarias acorde con la ley. Si el país revierte la certificación antes del reporte bianual de 2017, NMFS elaborará otra adenda para anunciar esa determinación. Es la primera vez que Estados Unidos certifica negativamente a una nación por pesca ilícita no reportada o captura incidental de especies marinas bajo la Ley de Protección Moratoria. Desde febrero de 2013 al 1 de mayo último ambos gobiernos efectuaron 19 intercambios, entre envíos de información y reuniones conjuntas, sobre la evaluación y las respuestas por parte del gobierno mexicano. En enero de 2013, el Departamento de Comercio envió al Congreso estadunidense su reporte bianual “Mejorando el manejo de las pesquerías internacionales”, en el que identificó por primera vez a México por actividades pesqueras que implican la captura incidental de recursos marinos vivientes protegidos. En su informe similar de febrero último, NMFS pospuso para mayo la decisión de sanciones a México por su política hacia el quelonio. Pero el retraso mexicano en enviar la normativa a sus contrapartes estadunidenses demoró la resolución hasta este viernes 14. Desde mayo de 2013, CBD y la Red de Restauración Turtle Island iniciaron una campaña por la imposición de sanciones a México con el argumento de que el país viola la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, vigente desde 2001 –en la que se comprometió a reducir su captura incidental–, y las disposiciones de Estados Unidos sobre el cuidado de recursos marinos amenazados. “Esperamos que México responda rápidamente y fortalezca sus regulaciones y las aplique inmediata e indefinidamente”, planteó Uhlemann. En su evaluación, NMFS concluyó que el programa mexicano puede incentivar la pesca fuera de la reserva, donde actualmente no hay reducción de captura incidental o requisitos de presencia de observadores, pero sí hay caguamas. “Cualquier mortalidad fuera de la reserva no sería incluida en el límite de 90 ejemplares”, alertó. Para evitar una certificación negativa, un país debe demostrar la adopción de un programa regulatorio para terminar con la pesca incidental o para reducirla de tal manera que sea comparable con la de Estados Unidos, y establecer un plan de manejo para cooperar con la recolección de datos específicos por especie para respaldar la evaluación del inventario de ejemplares y los esfuerzos de conservación.