MÉXICO, D.F. (apro).- Pese a su disminución en las cifras oficiales, el homicidio sigue siendo “un problema de seguridad humana que no ha sido resuelto por las autoridades en México”, aseveró el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en un amplio informe sobre el tema que publicó hoy. Así, por ejemplo, las autoridades no consideran que un secuestro –o “levantón”--, una violación o un robo que derivan en el asesinato de la víctima son un homicidio doloso, sino más bien entran en la categoría de los homicidios culposos, tal como lo sería un accidente vial, ya que según ellas la intención primera no consistía en quitar la vida. “Parece una falta de respeto a toda nuestra sociedad que un homicidio sucesivo a un secuestro se clasifique como un homicidio culposo, con el argumento de que el fin de la privación ilegal de la libertad era el cobro de un rescate y no la muerte de una persona”, lamentó el reporte al subrayar que de acuerdo con la información oficial 320 víctimas de secuestros fueron asesinadas entre 2012 y 2015, aun cuando sus familiares pagaron el rescate. El ONC observó que en 10 entidades mientras disminuyó la tasa de homicidios dolosos, se incrementó la tasa de homicidio culposo, y afirmó que “persisten las dudas sobre qué clase de homicidios se clasifican en esta categoría, pues en al menos cinco entidades (Durango, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí) se detectó un padrón muy parecido al que registra el homicidio doloso”. A pesar de la gran persistencia de los homicidios dolosos en México, las autoridades estatales y federales no llevan registros que permiten tipificar y distinguir el fenómeno según sus motivos –que pueden ser interpersonales, sociopolíticos o vinculados con actividades criminales--, lo que ilustra la ausencia de una política pública orientada a prevenir los asesinatos. El ONC recordó que prácticamente todos los gobiernos estatales carecen de protocolos específicos en materia de feminicidios y que solamente seis de ellos implementan protocolos efectivos en materia forense, aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) haya donado a México la herramienta informática para agilizar estos procesos. El informe estimó que el feminicidio sigue siendo un “delito ignorado” en México, pues aún no existe una perspectiva de género entre los funcionarios públicos y que a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil reportaron 2 mil 505 feminicidios entre 2011 y 2014, ninguna entidad federativa decretó una Alerta de Violencia de Género. En cuanto al asesinato de periodistas, el ONC recordó que los profesionales de la información “son víctimas de agresiones, homicidios y desapariciones porque reportan algún tema que no es del agrado o pone en evidencia a algún grupo delincuencial o alguna autoridad”, por lo que “la libertad de expresión no es respetada ni se encuentra garantizada en nuestro país”. Y denunció que los crímenes contra comunicadores “suelen quedar impunes, porque se desestiman como líneas de investigación la actividad periodística de las víctimas”, al sostener que en algunas ocasiones las autoridades determinan que los reporteros fueron asesinados por “andar en malos pasos”. Varias entidades federales como Veracruz, Chihuahua, Morelos o Tamaulipas se negaron en entregar al ONC información respecto del número de asesinatos de víctimas de secuestro, robo o violación, lo cual “pone en tela de juicio la credibilidad de las instituciones, pues pareciera que sólo están obligadas a realizar lo mínimo establecido en las normas técnicas en lugar de cumplir cabalmente con la transparencia”. De mismo modo, “la aparente disminución de los homicidios no puede desligarse de la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias ni del hallazgo de fosas clandestinas en México, sobre todo si existen importantes deficiencias y carencias institucionales para la investigación y el registro de estos casos”, planteó el reporte. Pese a que desde 2005, la Policía Federal (PF), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y PGR descubrieron 586 fosas clandestinas –aunque es posible que una misma fosa clandestina fuera reportada por dos instituciones, advirtió el ONC--, las entidades federales carecen de una adecuada infraestructura forense. Es más: a las solicitudes de información de la ONC los gobiernos de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz afirmaron que en algunos casos realizan las necropsias y los estudios forenses en casas funerarias, panteones, hospitales civiles o universidades; mientras que sólo cuatro estados utilizan el programa informático que donó el CICR para potenciar la identificación de los cuerpos. Además de los costos económicos que generan los homicidios, éstos provocan estragos psicosociales, tanto entre los familiares de las víctimas como en la sociedad en su conjunto. “La exposición cotidiana a homicidios violentos no sólo nos ha llevado a perder cierta capacidad de asombro, sino que en ciertos sectores inclusive ha incentivado la comisión de homicidios porque se trata de una conducta que hemos asimilado positivamente como sociedad”, señaló el informe, al subrayar que este fenómeno no sólo se explica por la cobertura mediática, sino también por la falta de atención por parte de las autoridades y de la sociedad. Así, los discursos tienden a justificar los homicidios por las actividades criminales de sus víctimas, mientras que la impunidad alimenta la comisión de crímenes al “educar a las personas en la pasividad y el temor de la denuncia”. Los homicidios en México ya han reducido en un promedio de cinco meses la expectativa de vida a nivel nacional de los niños nacidos entre 2003 y 2013, con variaciones según los estados de la República: desde poco menos de dos años en Chihuahua hasta menos de un mes en Yucatán. Tan es así que en los estados con las mayores tasas de homicidios, que son Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, las personas estarían dispuestas a desembolsar más de 60 mil pesos para reducir la violencia. En Guerrero, esto representa más de 109% del PIB. Entre las consecuencias del clima de violencia generalizada, advirtió el informe, se encuentra el deseo de venganza de decenas de miles de huérfanos, quienes “probablemente” querrán cobrar los sufrimientos por los que pasaron; mientras que los niños afectados por la violencia tenderán a sufrir limitaciones sociales, como trastornos mentales o conductas de riesgo.