El manejo del multihomicidio de la colonia Narvarte por la Procuraduría capitalina deja mucho que desear en los aspectos jurídico y político. Las inconsistencias prevalecen en los seis tomos del expediente del caso. Ahí se evidencia que la autoridad capitalina privilegió el móvil del robo con bases muy débiles, con tal de no seguir las pistas políticas; filtró un video que suscita más preguntas que respuestas y no preservó debidamente la escena del crimen. Para colmo, el único indiciado por los asesinatos denunció que fue torturado para confesar, y si consigue acreditarlo, la policía tendrá las manos vacías.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los seis tomos de la averiguación previa relacionada con el multihomicidio de la colonia Narvarte –fragmentos de la cual consultó Proceso– contienen información testimonial, pericial y documental que aporta innumerables pistas, pero después de 15 días la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) las ha soslayado, tocado a medias o de plano ignorado. Eso ocurre con la presunta presencia de un cuarto sujeto en la escena del crimen, las referencias a otro automóvil utilizado por los sospechosos y al menos un video donde se ven claramente los rostros de éstos. En el expediente está la ampliación de la declaración que el lunes 10 rindió Daniel Pacheco Gutiérrez, el único detenido y consignado hasta el momento. Ahí denuncia torturas y amenazas de los agentes investigadores que lo aprehendieron afuera de su domicilio el miércoles 5. El jueves 13, la juez Vigésimo Quinto Penal del DF, Hermelinda Silva Meléndez, envió el oficio 2623 a la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), María Elena Lugo del Castillo. La juez pidió que peritos en psicología y medicina forense intervinieran y “de manera inmediata rindan un dictamen en relación al estado actual que presenta hoy el indiciado (…) por considerar que existe razón suficiente para realizar una investigación… respecto de posibles actos de tortura”. Si la queja por tortura procede, el caso se le caerá a la PGJDF. Al cierre de esta edición, la Procuraduría capitalina no había citado a atestiguar a personas que conocieran las actividades profesionales del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera. Tampoco hizo caso a las solicitudes de información que los abogados de Vera presentaron a fin de detener cualquier intento del titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, de cerrar la indagatoria con los móviles de crimen pasional, drogas y prostitución, o bien el robo a casa-habitación, sin antes agotar cada línea de investigación. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)