MÉXICO, D.F. (apro).- La exjefa magisterial Elba Esther Gordillo está a la espera de que en los próximos días la justicia federal defina si le concede la prisión domiciliaria para enfrentar los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal que la tienen presa en la cárcel femenil de Tepepan desde hace dos años y medio. La Procuraduría General de la República (PGR) se opone a ese beneficio que reclama la exdirigente de los maestros y pidió al juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Alejandro Caballero Vértiz, le niegue la prisión domiciliaria bajo el argumento de que Gordillo reside en el extranjero. “¿Cómo podría ser residente de otro país, siendo dirigente de los maestros?”, preguntó Gordillo durante videoconferencia que tuvo lugar entre el penal de Tepepan y el Juzgado Sexto, durante la audiencia en la que la PGR se opuso al beneficio que reclama la exprofesora por ser mayor de 70 años y tener problemas de salud. La PGR alude a las casas que la exsecretaria general del PRI tiene en Estados Unidos. Pero según la defensa de la exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Ministerio Público federal no demostró que Gordillo residiera en el extranjero. Soy cien por ciento mexicana y mis visitas al extranjero eran breves y para descansar, respondió la exprofesora rural desde el penal de Tepepan, al sur de la ciudad, a los representantes de la PGR presentes en el juzgado con sede en el reclusorio Oriente, donde está encausada por delincuencia organizada y lavado de dinero. “Quisiera precisar con todo respeto al Ministerio Público tenga a bien aplicar la ley sin ningún sesgo político”, al Poder Judicial, perdón”, expresó Gordillo, quien en febrero pasado cumplió los 70 años de edad. Aun cuando el Juzgado Sexto se pronuncie sobre la petición de la profesora, la defensa de Gordillo que encabeza el abogado Marco Antonio del Toro tiene que esperar también el pronunciamiento del juez Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales en el DF, con sede en el Reclusorio Sur, donde se le sigue la causa por defraudación fiscal grave. La PGR la acusa de haber desviado más de dos mil millones de pesos de las cuentas bancarias del SNTE, entre 2008 y 2012.