OAXACA, Oax. (apro).- “En el país y en el estado están fracasando las políticas de derechos humanos (y) cuando se agotan todas las vías, lo que sigue es la insurrección”, vaticinó el ombudsman Arturo Peimbert Calvo, durante el Tercer Informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Según su diagnóstico, “la defensa de los derechos humanos ha sido hasta ahora una válvula de escape para la presión social ante el abuso de poder. De agotarse esta vía, de persistir la insistencia de las autoridades para cancelar a la ciudadanía esta opción, rebasadas las instituciones, divorciadas de la sociedad, lo que quedaría es un escenario de confrontación y violencia que nadie desea”. De entrada, el presidente de la Defensoría cuestionó la presencia de las fuerzas armadas federales que llegaron para quedarse en la entidad a petición del gobernador Gabino Cué y que, paradójicamente, se instalaron en la calle llamada Derechos Humanos. Esa vialidad la mantienen cercada y con las letrinas frente a la Defensoría. “Esta clara y grave alegoría nos dice a gritos que en el país y en el estado están fracasando las políticas de derechos humanos”, dijo. Peimbert Calvo calificó a estos tiempos de “sombríos, donde el sofisma demagógico plantea con matices reformistas, supuestamente trasformadores, el fortalecimiento de una fórmula económica y política que supedita el agua, el aire, la tierra y todos sus recursos a intereses particulares por encima de los intereses humanos, y que convierte a las personas en mera mano de obra, en fuerza de trabajo, en fuente de energía, reduciéndola al mismo nivel que una turbina”. En esta época, dijo, “la codicia institucionalizada atropella la cosmovisión originaria que plantea sentirse parte de la tierra o del bosque y no los dueños, en tiempos del modelo patrimonialista que deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en objetos de utilidad y rendimiento o, en su defecto, en obstáculos a superar por cualquier vía”. Según el panorama del ombudsman, en este tiempo de alevosías y fracasos “no podemos asumirnos en el autoengaño de un supuesto progreso mexicano que no alcanzamos a percibir, a diferencia con la acendrada pobreza que contrasta con todo el discurso público”. Agregó: “No podemos asumir que hemos avanzado en derechos humanos por contar con una ley de vanguardia mundial que pone en la letra la preponderancia del mayor beneficio en favor de la persona, el principio pro hómine o pro persona, cuando en los hechos el interés humano es relegado al final de la lista, o simplemente es excluido”. Sólo en tiempo de alevosías, añadió, se puede plantear que con leyes y decretos y nuevas instituciones se solucionarán los graves problemas estructurales, cuando a los agentes estatales encargados de impartir justicia les genera prurito el pobre, el indígena, el campesino, el distinto, a quienes aún juzgan y condenan lejos de las reformas e instrumentos novedosos que son enaltecidos con orgullo en cada brindis oficial. El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, consideró que en estos tiempos “sombríos” también se ha desmantelado el campo en México, y particularmente en Oaxaca. “No sólo se decidió dejar de invertir en la tierra y la generación del alimento; más grave aún, de manera inconcebible observamos cómo desde la función pública, personas (como Salomón Jara) que han enarbolado la lucha social y que han tenido la oportunidad de impulsar el campo oaxaqueño, optaron por el subejercicio presupuestal, atentando contra el derecho de toda una población a la alimentación y al desarrollo”, aseguró. El funcionario también resaltó que el colapso “estrepitoso” de la política económica mexicana obliga a que se autoexilien mixtecos y triquis, quienes deciden convertirse en “esclavos” en lugares como San Quintín, porque en Oaxaca “su única posibilidad es la inanición”. Son, dijo, “tiempos de alevosías en que los encargados de la justicia imponen penas o fianzas multimillonarias a estos migrantes campesinos oaxaqueños, mientras los secuestradores pagan nimiedades o los narcotraficantes escapan de las cárceles”, en clara alusión a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Al referirse a la educación, Peimbert Calvo mencionó que se olvida que el hambre está en las aulas; el fracaso en la política económica, social y agropecuaria en México y en Oaxaca está concatenada a la crisis educativa. Y sentenció: “Mientras no se atienda integralmente el capítulo de la educación en México fracasará cualquier reforma, cualquier decreto, cualquier institución nueva o vieja. Y en lo que esta discusión se resuelve tenemos enfrente una población en estado de indefensión por falta de educación y preparación frente a esta gravísima crisis”. El ombudsman finalizó al asegurar que “Oaxaca es muestra clara de que por décadas el gobierno no quiso educar a los oaxaqueños y eso ha traído como consecuencia que habitantes de la entidad hayan y sean víctimas de las más graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hoy el reto no está únicamente en cambiar las leyes, y la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo el gobierno piensa resolver este capítulo”.