MÉRIDA, Yuc. (apro).- Los colectivos Oasis San Juan de Dios y Equipo Indignación denunciaron penalmente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) por “graves actos de corrupción”. Según los denunciantes, el organismo protegió al gobierno de Rolando Zapata Bello alterando documentos, falsificando firmas y cerrando expedientes sin enterar a los agraviados Ambas organizaciones detallaron que de manera conjunta atienden dos casos en los que se exhibe una “grave corrupción”, al grado de alterar documentos y falsificar firmas. La alteración de documentos y falsificación de firmas, explicaron, se dio durante la presidencia del anterior ombudsman, Jorge Victoria Maldonado, aunque su relevo, José Enrique Goff, “tenía un cargo de responsabilidad directa sobre las recomendaciones y la conclusión de expedientes”. El responsable directo, “a reserva de lo que arroje la investigación, sería el visitador Edwin Arcila Cordero, así como el entonces visitador general Miguel Óscar Sabido Santana, quien actualmente es secretario ejecutivo”, puntualizaron. Oasis San Juan de Dios y el Equipo Indignación destacaron que los casos concluidos mediante corrupción son muy graves y afectan a un gran número de población vulnerable. Precisaron que el 12 de noviembre de 2013, por una serie de irregularidades en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), presentaron una queja ante la Codhey, debido a que el gobierno del estado desatendió su obligación de otorgar medicamentos complementarios a pacientes con VIH. Además, el 20 de febrero de 2014 presentaron ante la Codhey una queja por violación a los derechos humanos y discriminación, debido a que se le negó atención médica a una persona que vive con VIH/SIDA, pretextando que era migrante. “Ello retrasó la atención de urgencia que requería, lo que derivó en la muerte de esa persona”, acusaron. Los colectivos aclararon que una de las quejas fue por violación flagrante de los derechos humanos de migrantes, y la otra por derecho a la salud integral. Desde hace un mes –destacaron– la Codhey ha negado a los representantes de ambos organismos el acceso a los expedientes, “y el pasado jueves 6 supimos que se había concluido uno de ellos, pero no sabían dónde estaba”. Al día siguiente se presentó al albergue Oasis de San Juan de Dios el visitador Edwin Arcila Cordero, “a dar confusas explicaciones sobre la conclusión del expediente por una serie de supuestos informes que había enviado el gobernador (Rolando Zapata Bello), donde cumplía todas las peticiones”, y pedía que nos olvidáramos de los dos expedientes y volviéramos a abrir otro con algún caso distinto que tuviéramos”. De acuerdo con las organizaciones, hicieron patente su desacuerdo de unir los expedientes, “pues cada uno tiene un objetivo diferente, además de que se dejó en la indefensión a más de 2 mil personas con VIH/SIDA en Yucatán, al no recomendar al gobierno del estado cumplir el compromiso de cubrir todos los medicamentos al 100%, además de minimizar la muerte de un migrante”. Abundaron que el miércoles 12, al revisar el expediente, “descubrimos que la Codhey introdujo un acta según la cual el señor Carlos Méndez se desistía de continuar con la queja e incluía una firma a todas luces falsa”. Además encontraron “un acta de conclusión ‘firmada’ por doña Eva Pool, quien fuera voluntaria del albergue, fechada el 7 de mayo de 2015, pero ella murió el 10 de enero, es decir, falsificaron la firma de una persona fallecida cuatro meses antes de la fecha insertada en el acta”. Estos actos de corrupción, subrayaron, “pretenden encubrir a la Secretaría de Salud y complacer al gobernador de Yucatán”. Asimismo, lamentaron “otras graves irregularidades” dadas a conocer “amplia y documentadamente al Congreso del estado en diversas ocasiones, pero distintas legislaturas hicieron caso omiso y encubrieron a una Codhey que, con tal de complacer al gobierno, es capaz de alterar documentos”. Oasis de San Juan de Dios y el Equipo Indignación destacaron que ante los “graves e inaceptables actos de corrupción” de la Codhey, interpusieron una denuncia penal ante la 35 agencia del Ministerio Público, a la que se le asignó el número de carpeta de Investigación NSJPYUCP3/2053/2015. Por el mismo motivo interpusieron una queja ante la propia Codhey, “exigiendo una investigación inmediata y la sanción de todos los responsables”, además de que hicieron llegar “nuestro extrañamiento” al actual ombudsman, así como a los consejeros del organismo “que ha pervertido su función de defensor del pueblo”.