MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Por proteger a empresarios casineros en Coahuila, el juez Luis Armando Jerezano Tovilla fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano disciplinario del Poder Judicial de la Federación. El CJF se llevó cuatro años para decidir sobre la expulsión de Jerezano Tovilla, motivada por el amparo que de forma irregular le concedió a la empresa Emociones y Atracciones Vallarta, la misma razón social que operó el casino Royale de Monterrey, donde en agosto de 2011 murieron 53 personas por un incendio atribuido al cartel de Los Zetas. Un mes después de la tragedia, el CJF decidió suspender a Tovilla como juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Coahuila. La suspensión se hizo para investigar el amparo mediante el cual la Secretaría de Gobernación le dio permiso de operación a la empresa. La investigación se prolongó por tres años y fue hasta el año pasado que el CJF decidió abrir un procedimiento disciplinario de oficio, registrado con el número 12/2014 en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF. Según informó el Consejo de la Judicatura Federal, en esa secretaría “quedó plenamente demostrado que en su actuación como juez Cuarto de Distrito en La Laguna, Torreón, Coahuila, (Jerezano) incurrió en irregularidades en el trámite y resolución de diversos juicios de amparo, algunos relacionados con permisos para la operación de casinos”. Además, el entonces juzgador resolvió otros juicios relacionados con permisos para la operación de casinos, a pesar de estar impedido para ello, debido a que tenía “amistad estrecha y relación laboral” con quienes promovieron esos recursos legales. El CJF encontró además que Jerezano tuvo ingresos distintos a los que le correspondían como juzgador. Ante esa evidencia, los siete consejeros del CJF, en el que participa el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, determinaron por unanimidad la destitución del juez. El CJF, sin embargo, evitó precisar si procederá legalmente contra el exjuzgador. El secretario del juzgado, Gerardo Tiscareño Mercado, también fue suspendido en 2011 por el CJF por la misma razón que su entonces jefe. En julio del año pasado, el CJF inició un procedimiento administrativo interno y denunció ante la PGR al magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por su probable responsabilidad de “conductas vinculadas a la delincuencia organizada”, al negar órdenes de aprehensión contra familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, recién fugado del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México.