MÉXICO, D.F. (apro).- La corporación Guerrero de la Policía Federal (PF) deberá entregar, en versión pública, todos los informes y documentos elaborados por su personal entre el 24 y 30 de septiembre, incluidos los relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Se trata de bitácoras de servicios y de radio, tarjetas informativas, parte de novedades realizados las 24 horas de cada día, órdenes económicas de servicio, dictámenes técnicos y puestas a disposición ante el Ministerio Público, algunos de ellos elaborados con motivo de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014. La información fue requerida mediante dos solicitudes distintas a las que PF contestó que la había sido clasificada. Ambas solicitudes fueron impugnadas ante el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (Inai) y turnadas para su resolución a la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. En los recursos de revisión, el o los requirentes argumentaron que la información debió proporcionarse y considerar que el interés en su difusión es mayor al de la reserva, aunado a que es un caso en el que pueden actualizarse violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, en alegatos, la PF argumentó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido pronunciamiento al respecto ni el Ministerio Público de la Federación lo ha dictaminado. Y argumentó que la información solicitada forma parte de una averiguación previa y difundirla “pondría en riesgo investigaciones o diligencias; que se podría identificar a elementos de la corporación y ponerlos en riesgo; que se darían a conocer datos de su ‘Estado de fuerza’, su estructura y estrategias; y que además existen datos personales que son confidenciales”. La comisionada ponente convocó a una audiencia de acceso a la información clasificada por la PF y en ésta identificó documentos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Kurczyn Villalobos determinó que esa información no es susceptible de reservarse con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia relativa a la persecución de delitos e impartición de justicia y porque no se acreditó que estuviera vinculada con alguna averiguación previa. Para llegar a esa conclusión la comisionada ponderó dos intereses en conflicto: por una parte el derecho humano de acceso a la información y por la otra, el interés general previsto en el citado artículo 13, fracción V. Además en su proyecto de resolución Kurczyn Villalobos, consideró pronunciamientos de la CNDH y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas referentes a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Y concluyó: “En este caso el interés de proteger documentales que se encuentra inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades, en relación con los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, pudiendo además conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos”. Así, a propuesta de la comisionada, el pleno del Inai resolvió modificar la respuesta de la PF e instruirle a que proporcione la información solicitada en versión pública. Únicamente podrá omitir los datos -- nombres, firmas, datos de identificación de unidades móviles, matrículas, sellos y fotografías-- que hagan identificables a servidores públicos con funciones de carácter operativo de la Unidad de Investigación y de las estaciones de Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Taxco, Zihuatanejo, Ometepec, Tecpan de Galeana, Tierra Colorada, Paso Morelos, Iguala y Aeropuerto Acapulco. También deberá testar datos personales relativos a nombres de particulares, edades, nacionalidades, domicilios, fotografías; placas, números de serie y de motor que hagan identificables vehículos de particulares y licencias de conducir, así como el número de elementos y autopatrullas de la PF, estos últimos, por revelar el estado de fuerza de la Policía Federal. Finalmente, en Inai instruyó a la PF a que la información considerada reservada mantenga ese carácter por un periodo de tres años, “mediante resolución fundada y motivada del Comité de Información”.