OAXACA, Oax., (apro).- Indígenas zapotecas de Juchitán presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz contra la Secretaría de Energía (Sener) por violaciones graves al derecho a la consulta, debido a que autorizó un parque eólico sin cumplir con ciertas normatividades. Así lo dio a conocer el cuerpo jurídico del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), al precisar que la demanda se presentó ayer en respuesta al anuncio de la Sener de que en breve iniciará la construcción del parque eólico en las comunidades de Juchitán y El Espinal. El pasado martes 4, la dependencia federal y el gobierno de Gabino Cué anunciaron la autorización para que la empresa Eólica del Sur construya un parque eólico que dejará una “derrama económica” de cuatro mil 300 millones de dólares, aunque solo beneficiará a unos 500 propietarios y apenas generará 350 empleos. Según el gobierno estatal, el parque eólico se edificará en una dimensión aproximada de 5 mil 300 hectáreas de los municipios zapotecos de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, donde se instalarán 132 aerogeneradores. Los gobiernos federal y estatal confirmaron que después de 18 meses de “consulta”, en octubre próximo iniciará la construcción del parque eólico que la empresa Mareña Renovables pretendía instalar en la zona huave. Para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, la presentación de la demanda constituye un paso muy importante en el proceso de defensa de la tierra y el territorio, a partir de la posibilidad de que se exija el cumplimiento del derecho a la consulta. La Misión de Observación, integrada por ProDESC, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT), resaltó que la consulta realizada por las autoridades es violatoria de los principios rectores que rigen este derecho. Mencionaron que el otorgamiento de permisos y firma de contratos previos a la obtención del consentimiento, los más de 30 incidentes de seguridad, 75 solicitudes de información sin atender, la falta de traductores certificados, el desarrollo de las sesiones sin considerar las tradiciones de la comunidad, y en general un contexto de inseguridad, presión, violencia y falta de transparencia, dan cuenta de que las condiciones no fueron propicias para la obtención del consentimiento informado y legítimo de la comunidad indígena zapoteca. De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la consulta debe desarrollarse con base en los siguientes principios: libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Sin embargo, en el proceso de consulta se cometieron graves violaciones a esos principios rectores. La Misión de Observación documentó la realización de actos, incluso antes de iniciada la consulta, que implicaron afectaciones a la comunidad, como el hecho de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante la resolución SGPA/DGIRA/DG/05364 del 20 de junio de 2014, otorgó la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Eólica del Sur. Posteriormente, el pasado 7 de abril, la empresa manifestó, a través de un documento de respuesta a una solicitud de información enviada por el Comité Técnico de la Consulta, que tenía firmados 722 contratos de arrendamiento. Y durante la llamada fase deliberativa de la consulta, la representante de la Secretaría de Energía dio a conocer el permiso E/1264/AUT/2015-ES/006/2015, en el que autoriza a la empresa Energía Eólica del Sur, SAPI de CV, la generación de 396 MW (Megawatts) bajo la modalidad de autoabastecimiento en sus 18 socios. Aunado a ello, desde los primeros días de la consulta, la Misión de Observación fue informada de incidentes como amenazas de muerte, hostigamiento en los alrededores de las oficinas y dentro del recinto donde se desarrollaba la consulta, en particular contra integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ).