MÉXICO, D.F. (apro).- A seis meses de que se lleve a cabo una sesión especial de la Asamblea General de la ONU para analizar el tema de las drogas, 17 organizaciones sociales y académicas de 11 países consideraron que será la “oportunidad excepcional para hacer una evaluación honesta de los éxitos y fracasos” de la política antidrogas que ha imperado en el mundo desde hace 50 años. En el informe “El impacto de la política de drogas en los derechos humanos. La experiencia del Continente Americano”, expertos y activistas enlistaron como algunos de las consecuencias de esta estrategia los “desplazamientos forzados, detenciones masivas, hacinamiento carcelario, afectación a las garantías judiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”. Tras puntualizar que paulatinamente los países de la región han alentado la militarización como salida al tráfico ilegal de drogas, apuntan que “en las últimas décadas se han ido produciendo cambios en la localización de la producción y el tránsito de las sustancias prohibidas”. Luego destacan que “muchos de estos cambios fueron provocados por la persecución estatal”, acción que ha derivado en “situaciones de violencia con fuerte impacto en las comunidades locales, lo que se ha ido ampliando, aparte de que la conflictividad se ha expandido a otras regiones y otros países”. El estudio de más de 50 páginas que incluye casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos toma como ejemplos de violencia sin control lo que ocurre en Honduras, considerado el país más violento del planeta con 97 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a lo que ocurría en Colombia en los años ochenta, cuando registraba 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, así como Guatemala, Brasil y Argentina, naciones con creciente violencia. El estudio hace un consideración especial en el caso de México y sus más de 70 mil asesinatos, “así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas”, mientras unos 50 mil efectivos militares eran asignados a tareas de seguridad, como lo reporta en su informe el relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez. De manera paradójica, se apunta, la presencia militar se ha traducido en un incremento significativo de las quejas contras las fuerzas armadas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Más de 5 mil quejas por torturas y maltratos, más de 22 mil víctimas de desaparición forzada y más de 280 mil personas desplazadas por la violencia”. Peor aún, “la investigación, sanción y reparación de estas graves violaciones a los derechos humanos muestran un déficit importante”. Al considerar como uno de los casos emblemáticos de víctimas de esta política el tema de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, presuntamente por la confabulación de autoridades con el crimen organizado, las ONG y expertos apuntan que en el continente las estrategias antidrogas “generan espacios de ilegalidad que también dan carta libre para el desarrollo de otras actividades ilícitas asociadas al narcotráfico, entre ellas la trata de personas, de la que las mujeres son las principales víctimas”. Organizaciones sociales de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Honduras, Chile, México, Brasil, Colombia, Uruguay y Guatemala resaltan en su estudio que en la política contra las drogas en el continente se ve reflejada el incremento exponencial de presos por posesión y consumo de drogas más que verdaderos traficantes. De acuerdo con el documento, divulgado en México por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), cerca de 71% de los detenidos por la PGR fueron procesados por delitos de posesión y consumo. Asimismo, resaltan que “el incremento de los narcomenudistas sentenciados no afecta la dinámica del mercado local de sustancias ilegales, pero sí el de miles de usuarios que son fichados con antecedentes delictivos por haber consumido en la vía pública”. Al señalar que una dinámica similar de criminalización del consumo ocurre en Argentina desde 2010, los expertos evalúan que en varios países las legislaciones antidrogas “configuran una herramienta policial para concentrar la vigilancia sobre determinados grupos vulnerables: jóvenes, migrantes, trabajadores informales de la vía pública, trabajadores y trabajadoras sexuales, entre otros”, sectores que de forma recurrente son víctimas de “plantado de drogas” por parte de los agentes policiales, La criminalización del consumo es un fenómeno que también se da en países como Estados Unidos, donde de 1990 a 2010 “los arrestos por drogas crecieron 53% y las personas detenidas por delitos vinculados con la mariguana aumentaron 188%”. Además, sólo entre 2001 y 2010 “hubo más de 8 millones de arrestos por mariguana, de los que 88% fue por posesión”, la mayoría afrodescendientes. En México el crecimiento de los delitos por posesión, según las autoridades federales, pasó de 31.5% en 2010 a 41.6% en 2011, y a 47.9% en los primeros meses de 2012. Se puntualiza en la baja monta de los detenidos, lo que no desarticula la estructura de los cárteles, de ahí que “en Colombia 98% (de los detenidos por drogas) no tiene probada una participación importante dentro de las redes del narcotráfico; en México, 75% están en la cárcel ‘porque se les detuvo con una cantidad mínima de sustancia ilícita”. Entre los sectores vulnerables, los investigadores destacan la situación de las mujeres cuyo porcentaje de encarcelamiento por motivo de drogas es mayor que el de los hombres y va en aumento, “entre 75 y 80% en Ecuador; 64% en Costa Rica; 60% en Brasil; 66% en Perú y entre 65 y 80% en Argentina”, detenciones que “no tienen ningún impacto en el funcionamiento del narcotráfico, una cadena delictiva en la que las mujeres suelen ocupar los eslabones más débiles: se desempeñan como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, correos humanos –lo que se suele conocer como ‘mulas’ o ‘burreras’— e introductoras de drogas en centros de reclusión”. En el estudio se aborda la despenalización del consumo de mariguana y el control del Estado en el mercado de Uruguay y en cuatro estados de Estados Unidos: Washington, Colorado, Alaska y Oregon y el Distrito de Columbia. Para las ONG se ha probado que en las estrategias antidrogas los más afectados son los “sectores más necesitados; fomenta violaciones a derechos humanos, aviva la inestabilidad y el conflicto social y a menudo benéfica a las organizaciones armadas”. También puntualizan que el sistema internacional del control de drogas, contrario a su objetivo de asegurar la salud pública, ha tenido como consecuencias “un aumento del mercado negro, la violencia y la corrupción; un aumento exponencial de las personas detenidas y procesadas por consumo y narcomenudeo, y la psiquiatrización y criminalización de los consumidores” sin que el consumo haya disminuido en los últimos 25 años. Las organizaciones evalúan que las respuestas de militarización como salida a la política de seguridad “han afectado negativamente el bienestar y la seguridad de la región americana y no han afectado a los núcleos de poder del crimen organizado ni su capacidad para penetrar las instituciones, ni ha reducido el tráfico”. Agregan que “en los mejores casos se ha logrado trasladar el problema a la región o al país vecino, donde se reproducirían luego los mismos daños sociales”, por lo que consideran que la guerra contra las drogas “ha servido como justificación discursiva de políticas de endurecimiento penal que han afectado inclusive a quienes nada tienen que ver con los mercados de sustancias prohibidas”. Por ello sugieren modificar la política prohibicionista y entre sus recomendaciones destacan la homologación de legislación en materia de derechos humanos; explorar “respuestas no punitivas”, como la regularización de los mercados y orientar la persecución del Estado a “las organizaciones criminales y a los grupos que utilizan la violencia”. Asimismo, consideran que la “descriminalización del consumo” y el auto-cultivo de drogas permitirían cambiar el panorama, así como establecer penas y condenas proporcionales a lo daños y coherentes con otros delitos, desarrollar alternativas al encarcelamiento y crear políticas de salud con una perspectiva de derechos humanos destinada a los usuarios de drogas que las necesitan. Entre las organizaciones que participaron en la realización del estudio destacan American Civil Liberties Union (ACLU) y Washington Office on Latin America (WOLA) de Estados Unidos; Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Centro de Investigación sobre Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) de Perú; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e Intercambios de Argentina, y Canadian Civil Liberties Asociation (CCLA) de Canadá. También colaboraron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh); Colegio Médico de Chile y Corporación Humana, también de Chile; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas de México; Conectas Direitos Humanos de Brasil; Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad de Colombia; Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay; Fundación Myrna Marck, y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia.