PARÍS (apro).- El asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, colaborador de Proceso y las agencias Cuartoscuro y AVC Noticias el pasado 31 de julio, causó consternación en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Apenas puesta al tanto del nuevo crimen perpetrado contra un periodista mexicano, la directora de ese organismo, Irina Bokova, denunció la agresión en un comunicado difundido el lunes 3: “Condeno el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa. Estos intentos de reprimir la libertad de prensa deben investigarse de manera firme y exhaustiva y sus culpables deben ser procesados y castigados. Debemos apoyar de manera clara a los periodistas valientes que trabajan para mantener informados a los ciudadanos.” Es la sexta vez en lo que va del año que Irina Bokova firma un comunicado de este tipo; sólo cambia el nombre de la víctima. Su primera declaración de condena la emitió después de la muerte violenta de José Moisés Sánchez Cerezo, periodista veracruzano cuyo cuerpo fue localizado el pasado 24 de enero. Meses después, el 4 de mayo, Bokova volvió a protestar por la ejecución de Armando Saldaña Morales. Después, a ritmo acelerado, la directora general de la UNESCO emitió otros tres comunicados en los que manifestó su indignación por los asesinatos de Gerardo Nieto Álvarez, perpetrado el 26 de junio, de Juan Mendoza Delgado, el 30 de junio, y el de Filadelfo Sánchez Sarmiento, el 2 de julio. En 2014, Bokova firmó ocho comunicados similares, cinco en 2013 y siete en 2012, incluyendo la denuncia que hizo el 4 de mayo por el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Procesoen el estado de Veracruz. La UNESCO es la única agencia de las Naciones Unidas que tiene como mandato la defensa de la libertad de expresión y sus corolarios: la libertad de prensa y la libertad de información, responsabilidad que conlleva también los espinosos rubros de la seguridad de los trabajadores de la prensa y evitar la impunidad de sus agresores. “Una grave responsabilidad”, reconoce Sylvie Coudray, quien encabeza la División de la Libertad de Expresión de la UNESCO, en entrevista con la corresponsal. “Estoy de acuerdo con usted: la lista de los periodistas asesinados en México es trágica –dice–. Las condenas públicas de la directora general de la UNESCO no se quedan en letra muerta. En el marco de nuestro mandato como agencia de las Naciones Unidas debemos identificar, seguir y dar a conocer los casos de impunidad de quienes atentan contra la vida de los periodistas. “Para lograrlo, después de condenar públicamente estos crímenes, Irina Bokova pide a los Estados concernidos que la mantengan informada del avance de las investigaciones policiacas y judiciales en curso, de los juicios y de las condenas de los culpables.” –¿Qué hacen con estos datos? –Cada dos años la directora general de la UNESCO presenta un informe global sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad ante el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC). Ese informe es de libre acceso en nuestra página web. También publicamos ahí la lista, país por país, de los periodistas asesinados y las eventuales respuestas que nos hicieron llegar los Estados concernidos. –¿Por qué “eventuales”? –Los Estados no tienen la obligación de contestarnos. Y si lo hacen, pueden exigir que sus respuestas no se den a conocer públicamente. Un informe crítico Echar una mirada a los datos sobre el seguimiento judicial de los casos de asesinatos de periodistas en México disponibles en la página web de la UNESCO es bastante revelador. Al final del último informe que Bokova presentó en 2014 ante el PIDC menciona 48 casos asesinatos de periodistas mexicanos en el marco de sus actividades profesionales entre 2006 y 2013. Sólo dos aparecen como resueltos. El documento especifica escuetamente que los autores de los homicidios fueron condenados. Las investigaciones siguen en curso en 13 casos, sin más precisiones, tres de los cuales se remontan a 2006. Los otros 33 están en el limbo. Llevan todos la misma mención: “ninguna información hasta ese día”, lo que significa que el gobierno mexicano no proporcionó los datos solicitados por la UNESCO. El caso de Regina Martínez es uno de ellos. La lista de los periodistas mexicanos asesinados publicada en la página web de la organización internacional país por país también es elocuente. Abarca 58 nombres de profesionales de la prensa ultimados desde 2001 y en ningún caso aparece la respuesta del Estado mexicano a la solicitud de información sobre la situación judicial de cada caso que le hizo llegar la UNESCO. Otros 13 países latinoamericanos están incluidos en ese rubro, pero sólo en tres –Bolivia, Perú y República Dominicana– se hacen públicas las respuestas de los respectivos Estados. –¿No limita la eficiencia de la acción de la UNESCO en el campo de la impunidad de los crímenes perpetrados contra los periodistas el hecho de que sus pedidos de información a los Estados no sean vinculantes? –se le pregunta a Coudray. –Es un tema complejo que implica cuestiones sumamente delicadas   de soberanía nacional y de independencia del poder judicial. Es la razón por la que la UNESCO opta por actuar con discreción y cuenta mucho sobre el impacto diplomático de sus informes. Resulta poco honroso para los Estados aparecer en la lista de los países más mortíferos para los periodistas y en los que prevalece la impunidad de sus agresores. –Durante su viaje oficial a Francia el pasado mes de julio, Enrique Peña Nieto visitó la sede de la UNESCO y se entrevistó con su directora general. ¿Pudo Irina Bokova manifestarle de viva voz su honda preocupación por la falta de seguridad de los periodistas mexicanos y la impunidad de sus asesinos? –No asistí a ese encuentro. De haberlo hecho, no hubiera podido comentarlo. El presidente Peña Nieto es plenamente consciente de nuestra preocupación puesto que nuestros comunicados llegan en forma prioritaria a las autoridades concernidas. La diplomacia de la UNESCO es distinta –y complementaria– de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas últimas lanzan debates e interpelan públicamente a los Estados. Nuestras intervenciones se ejercen a otro nivel. Enfatiza Coudray: “Nos importa, por ejemplo, intensificar nuestra colaboración con todas las autoridades de los países, entre ellas las policiacas y judiciales. Es lo que nos aprestamos a hacer en Costa Rica. En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que se celebra el 2 de noviembre, la UNESCO organizará en ese país el 9 y 10 de octubre una conferencia internacional sobre el tema de la impunidad. Lo hará en colaboración con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la presencia activa de las cortes africana y europea de los derechos humanos”. Según explica la responsable de la División de la Libertad de Expresión de la UNESCO, la conferencia buscará crear redes de trabajo con asociaciones de jueces, fiscales y abogados nacionales e internacionales, ONG que luchan contra la impunidad de los crímenes perpetrados en perjuicio de los periodistas, con agencias de las Naciones Unidas involucradas y con las cortes regionales de derechos humanos. También se insistirá sobre la urgencia de elaborar y tomar nuevas medidas para consolidar la seguridad preventiva de los periodistas y luchar con más eficacia para evitar la impunidad de los crímenes cometidos en su contra, agrega Coudray. “En muchos países es imprescindible crear nuevos mecanismos de protección, cambiar leyes, federalizar los crímenes contra los periodistas”, precisa la alta funcionaria de la UNESCO. –En México existen mecanismos de protección, pero en muchos casos su funcionamiento deja bastante que desear... –Por lo menos estos mecanismos tienen el mérito de existir. Sin embargo, estamos conscientes de que sus limitaciones son múltiples: financieros, administrativos, falta de voluntad política… Es precisamente lo que se va a debatir en la conferencia de Costa Rica, que procederá a un análisis comparativo de los mecanismos de protección implementados en México, Brasil, Guatemala y Colombia. Después de un breve silencio Coudray agrega: “Hasta hace cinco años no se debatía a nivel internacional sobre el tema de los asesinatos de los periodistas y de la impunidad de estos crímenes. Sólo las ONG especializadas buscaban alertar a la opinión pública acerca de este problema de suma gravedad. Hoy crece en el mundo la conciencia de que, tal como ocurre en México, la impunidad alimenta el círculo vicioso de la inseguridad y amenaza a toda la sociedad”. Indignación de RSF Al igual que Bokova, Emmanuel Colombié, responsable del Despacho para los países de América Latina de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), manifiesta su “indignación y consternación” por el asesinato de Rubén Espinosa Becerril. Enfatiza: “Por desgracia, el caso de ese fotorreportero es un trágico ejemplo más de la escalada de violencia que azota a México y que costó la vida a ocho periodistas desde principios de 2015”. A diferencia de la UNESCO, RSF incluye en su lista de profesionales mexicanos de la prensa asesinados los casos de Abel Manuel Bautista Raymundo, presidente de la Asociación de Radios Comunitarias Vara7, asesinado el pasado 14 de abril en el estado de Oaxaca, y de Édgar Hernández García, director de la revista digital Foro Político, ejecutado el pasado 9 de julio en esa misma entidad. “Es una auténtica hecatombe –deplora Colombié–, y más que nunca exigimos a las autoridades mexicanas que esclarezcan este caso a través de una investigación imparcial, independiente y a profundidad que permita encontrar a los autores materiales e intelectuales de este crimen.” Colombié recuerda que en vísperas de la visita oficial de Peña Nieto a Francia RSFhizo llegar al presidente mexicano una larga carta en la que insistía sobre la urgencia de detener la violencia contra los periodistas. El 13 de julio la organización de defensa de la libertad de información dio a conocer públicamente ese documento del que Los Pinos nunca acusó recibo. Explica Colombié: “Además de los casos de asesinatos de nuestros colegas mexicanos mencionamos también otras agresiones, como el secuestro durante 20 días de Bernardo Javier Cano Torres en el estado de Guerrero y el indebido encarcelamiento durante nueve meses del periodista maya Pedro Canché acusado injustamente de sabotaje por el gobierno de Quintana Roo”. Al igual que la UNESCO, RSF insistió en su carta a Peña Nieto sobre la gravedad del problema de la impunidad de quienes agreden a los periodistas. “La impunidad es desafortunadamente la regla en México, en parte debido a la colusión entre el crimen organizado y ciertas autoridades políticas y administrativas del país –subraya la carta–. Algunos personajes políticos no vacilan en atacar a los periodistas en declaraciones públicas en lugar de apoyarlos. “Semejante actitud aumenta aún más las presiones sufridas por la profesión. Hace sólo algunos días, el pasado 1 de julio, el gobernador de Veracruz (Javier Duarte) acusó a algunos periodistas de tener lazos con el crimen organizado, lo que es el colmo, pues el suyo es uno de los estados más mortíferos para los periodistas.” Recalca Colombié: “EnReporteros sin Fronterasreconocemos que la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión en 2006 y del mecanismo federal de protección de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas en 2012 son avances jurídicos positivos, pero deploramos que no estén a la altura de las necesidades. “Eso es lo que demuestra el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, que había huido del estado de Veracruz para refugiarse en el Distrito Federal a raíz de amenazas en su contra. “Hoy, el Distrito Federal dejó de ser un ‘santuario’ para numerosos reporteros amenazados o perseguidos en las entidades federativas. Es una señal sumamente alarmante del deterioro de la situación que tienen que enfrentar los periodistas mexicanos”.