CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Manuel Salcido Romero, nombró jueces provisionales en materia penal en Juárez a los hijos de los fiscales general y de la Zona Norte. Hace dos semanas Enrique Villarreal Díaz, hijo del fiscal de la Zona Norte Enrique Villarreal Macías, fue nombrado juez segundo de Ejecución de Penas con funciones del sistema tradicional, cargo que ocupaba Armando Jiménez Santoyo y que dejó porque está en periodo prejubilatorio. Villarreal Díaz tiene ocho años en el Poder Judicial, y previo a su nombramiento como juez fue secretario del tribunal especializado en justicia para adolescentes y de un juzgado de primera instancia. Luis Enrique González Rodríguez, de 25 años e hijo del fiscal general Jorge Enrique González Nicolás, era secretario del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y durante quince días ocupó el cargo de juez durante las vacaciones del titular, Luis Alfredo Reynoso, pero hoy lo nombraron juez de garantía sin concurso de por medio. Tiene menos de dos años en el Poder Judicial, el tiempo que su papá ha sido fiscal general. Los dos “junior-jueces” ocupan sus cargos sin capacidad probada, pues no fueron sometidos a exámenes ni a concursos; por el contrario, fueron designados de manera directa por el presidente del Tribunal Superior, lo que ha generado la molestia generalizada de otros juzgadores de diferentes niveles. "Ahora tenemos afuera a tres escoltas de 'Jorgito', porque debe tener vigilancia", aseguraron en entrevista. El Tribunal Superior dio a conocer que ambos nombramientos son facultad del magistrado presidente para cubrir las necesidades prioritarias en la operación judicial y cubrir una situación transitoria. El pleno deberá ratificar los nombramientos luego de que ambos se concursen, pero no hay plazo fijo, ya que pueden durar toda su vida como jueces provisionales, con las mismas prestaciones y salarios que los jueces titulares. "Las facultades del magistrado presidente se apoyan en la Ley Orgánica artículo 46 de la fracción XIV para nombramientos provisionales", justificó el TSJE sin dar mayor explicación de los motivos por los que fueron nombrados los hijos de los fiscales, en claro caso de conflicto de intereses. "Jorgito y Enriquito", como les dicen los jueces del Tribunal como signo de malestar por sus nombramientos directos, se unen al 44% de jueces provisionales del Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez. De 13 jueces del Tribunal Oral, siete son interinos, y de 18 jueces de garantía, siete también son provisionales, pues desde que en 2008 fue implementado el Sistema Penal Acusatorio en Juárez, no se han realizado más concursos para nombrar a otros jueces de garantía. Al inicio del sistema eran 15 jueces los que participaron en concursos y otros filtros para ser parte del Sistema Penal Acusatorio a partir del 1 de enero de 2008; de ellos quedan sólo seis porque unos renunciaron y a otros los movieron de plaza. "Los dos (Jorge y Enrique) fueron colocados sin la menor preparación. En el caso de Jorgito (que fue nombrado juez de garantía) queremos verlo resolver casos difíciles, declarar prueba nula o decir que existe competencia por parte de las autoridades o reclamar la falta de investigación dictando una sentencia absolutoria, ni modo que se excuse de todo. “Que diga que hay tortura por parte de los fiscales, que hable de violaciones a derechos fundamentales por parte de la Fiscalía, que ordene una apertura de investigación en contra de quien resulte responsable", plantearon los juzgadores inconformes. También aseguraron que se ordenó desde el Poder Judicial que se les pasen casos "facilitos" y que ingresen a audiencia “hasta que aprendan”. Además, refirieron, "tienen que justificar cómo es que eligen, como un derecho de la sociedad saber quién está juzgando y cómo llegó hasta ahí, qué preparación tiene, porque es un derecho fundamental el debido proceso y, para que pueda existir, tal como garantía del ciudadano, es necesario que las autoridades responsables de la impartición de justicia cuenten con estándares y sean valorados para tomar esos puestos". La novia del juez También denunciaron que en esta administración nombraron jueza a Brisa Yadira Meraz Mendoza, quien es novia del coordinador de jueces de garantía, Lorenzo Villar Chavarría. "Ella era la secretaria de Lorenzo Villar cuando éste era juez, pero cuando lo nombraron juez, a ella la nombró jueza. Es preocupante que atiendan hasta asuntos de bajo impacto porque no tienen la menor preparación", insistieron los quejosos. El Tribunal Superior dio a conocer que los jueces provisionales gozan de todas las prestaciones, aunque acotó que “estamos estudiado un modelo definitivo de gestión judicial para la asignación de jueces y, lejos de debilitar el sistema, lo han fortalecido porque 95% de las sentencias quedan firmes y es excepcional la que es materia de amparo”.