MÉXICO, D.F. (apro).- A seis semanas de que el narcotraficante más buscado del mundo: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, lograra fugarse y burlar por segunda ocasión al Estado mexicano, el gobierno federal se reunió para “fortalecer” la política penitenciaria del país. Durante la clausura de la 38 sesión del Consejo de Seguridad, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló que este mecanismo es la instancia para el análisis y discusión de los temas que abonan al cumplimiento de la reinserción social, así como a la homologación operativa que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, puso a consideración del Consejo dos propuestas de acuerdo: La primera se refiere al Fortalecimiento de la Política Nacional Penitenciaria, en la que plantea que, por conducto de la Conferencia, se lleven a cabo cinco acciones: Primero, consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria, ya que éste es la base que, dentro de Plataforma México, contiene y administra los datos de la población penitenciaria de la Federación, así como de las entidades federativas. El mismo cuenta con aproximadamente un millón y medio de registros históricos de procesados, sentenciados y excarcelados, que incluyen a los 255 mil internos que existen actualmente en el país. El funcionario aseguró que en el último año se ha avanzado de manera significativa en el acopio de la información. Sin embargo, se requiere que la misma esté uniformada, pues el objetivo de esta acción es optimizar la calidad y oportunidad de la información de los internos y de su situación jurídica. Por lo anterior, sugirió instruir a la Conferencia para que establezca, junto con Plataforma México, los mecanismos de comunicación y de coordinación para que el Registro Nacional se constituya como una mejor herramienta para la gestión penitenciaria y la toma de decisiones en la materia a nivel nacional. La segunda acción es estandarizar la operación bajo protocolos homologados; en este punto explicó que actualmente existen en México 392 instalaciones penitenciarias, de las que 22 son federales, 297 estatales y del Distrito Federal, y 74 municipales. Los mecanismos de administración, operación y gestión de los centros penitenciarios varían, abundó, de manera tal que dificultan implementar acciones uniformes y eficaces necesarias para el buen funcionamiento del sistema penitenciario. Es por ello, prosiguió, que para unificar la administración y ejecución de los procedimientos en los centros se propone que la Conferencia Nacional, a través de su Comité de Normatividad, desarrolle y discuta protocolos de actuación, métodos y procedimientos de operación homologados para su aprobación en el pleno de la propia Conferencia. Monte Alejandro Rubido explicó que la tercera acción es crear un Sistema de Desarrollo Profesional Penitenciario: el personal que labora dentro del Sistema Penitenciario Nacional no cuenta con un servicio profesional de carrera, admitió. Ello implica, impulsar una mayor rotación, reglas más claras para la promoción y permanencia, así como para los estímulos por el desempeño de su labor. Con ello, acotó, se busca promover la dignificación de la carrera penitenciaria mediante el desarrollo personal basado en el mérito y en la igualdad. Así, se propone que al interior del Comité de Servicio de Carrera y Profesionalización de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se desarrolle y discuta, a la brevedad, un modelo que contenga el esquema de profesionalización para establecer la carrera penitenciaria. La cuarta acción tiene que ver con diseñar e implementar un modelo para la certificación de penales tanto federales como estatales, ya que los centros penitenciarios presentan áreas de oportunidad diferenciadas en torno a la operación, protección, orden, servicios administrativos y gestión. Por tanto, se propuso impulsar una estrategia que permita generar mecanismos de certificación y lograr un adecuado nivel de operación, además de proveer un entorno seguro para el personal que ahí labora como para la población interna. Y señaló que la certificación debe cumplir, por lo menos, con seis vertientes básicas: Seguridad y protección; Orden y disciplina; Atención médica; Programas y actividades recreativas; Justicia y derechos humanos, y Administración y gestión. La quinta y última acción es elaborar un Programa Integral para la Reinserción Social. Finalmente, el comisionado de seguridad solicitó la conformación de un Comité Evaluador del Sistema Penitenciario en el que participen tanto el Órgano Administrativo Desconcentrado, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CNDH y representantes de la sociedad civil y académicos.