MÉXICO, D.F. (apro).- Dos días después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) lo señalaran como cabeza de una red de defraudación aduanera –que llevó a su exvicepresidenta Roxana Baldetti a la cárcel–, el presidente Otto Pérez Molina se desvinculó anoche de la red y advirtió en un mensaje a la nación que no renunciará a su cargo.

“Daré la cara y demostraré, frente a la ley, que no he sido parte y mucho menos receptor de estos fondos malhabidos en perjuicio del pueblo de Guatemala”, sentenció Pérez Molina.

El pasado viernes Thelma Aldana Hernández, la fiscal general guatemalteca, y el colombiano Iván Velásquez Gómez, comisionado de la CICIG, solicitaron al Congreso que retire su fuero a Pérez Molina para que respondiera ante la justicia, y detuvieron a Baldetti Elías.

De acuerdo con las investigaciones, que abarcaron el análisis de más de 88 mil escuchas telefónicas, cerca de 6 mil correos electrónicos, 17 allanamientos y 175 mil documentos, entre otros, existen fuertes sospechas de que ambos encabezaron “La Línea”, la estructura de defraudación aduanera, corrupción y de cobro de sobornos que las autoridades y la CICIG exhibieron en abril pasado.

Entre los recientes hallazgos de las autoridades se encuentra un “plan de venta” relacionado con la adquisición de un inmueble y otras cotizaciones para blindajes de vehículos particulares, cuyo cliente es el presidente Pérez Molina.

A raíz de estas revelaciones, dos ministros, un comisionado presidencial y tres viceministros renunciaron durante el fin de semana. Desde abril pasado, el gabinete de Otto Pérez Molina sufrió una importante “sangría” de altos funcionarios señalados como integrantes de “La Línea”.

“Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y de haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera”, se defendió anoche el presidente, al precisar: “No puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos, o a los que designé”.

Como parte de su defensa, Pérez Molina echó la culpa a una “estrategia intervencionista” por parte de “ciertos sectores de la comunidad internacional y algunos grupos de poder del país”, cuyo objetivo sería, según él, de “quebrantar la democracia”.

Con el mandato inédito que le otorgó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, la CICIG proporciona apoyo a las autoridades guatemaltecas en las investigaciones “de un número limitado de casos difíciles y sensitivos” de delitos cometidos por grupos de seguridad ilegales, con el fin de desmantelar estas redes criminales.

A diferencia de otras fiscalías internacionales, la CICIG opera bajo la institucionalidad guatemalteca: de acuerdo con las leyes, las cortes y el procedimiento penal del país. En otras palabras, ayuda a las autoridades a concretizar lo que sus leyes plantean, pero que la profunda corrupción deja en “letra muerta” con demasiada frecuencia.

“Sin conflicto de intereses”

El viernes pasado, mientras las autoridades guatemaltecas solicitaban un antejuicio contra Pérez Molina, en México el titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, daba por concluida su investigación sobre posibles casos de conflicto de intereses que involucraban al presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Ángelica Rivera, y al titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Luis Videgaray.

En torno a la adquisición de la famosa Casa Blanca y de la residencia de Videgaray en Malinalco, Estado de México –ambas construidas y financiadas por el empresario consentido del régimen Juan Armando Hinojosa Cantú, beneficiado por millonarios contratos gubernamentales–, así como de la residencia de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal –erigida por Roberto San Román–, la SFP exculpó a los implicados.

En la edición que publicó Proceso esta semana se documentan las fallas del llamado “Informe Andrade”. Entre ellas, el reportero Arturo Rodríguez García destacó que la SFP omitió investigar sobre las relaciones que vinculan a Peña Nieto con Hinojosa Cantú y San Román, de los que el órgano fiscalizador se limitó a indagar a cuatro y dos empresas, respectivamente.

Las conclusiones del Informe Andrade detonaron una ola de críticas en las redes sociales que desde el nombramiento ceremonial de Andrade por Peña Nieto, el 3 de febrero, deploraban la supuesta falta de independencia del fiscal.

Este fin de semana, pese a sus reiteradas declaraciones de inocencia, los presidentes de ambos lados del río Usumacinta sintieron la necesidad de ofrecer disculpas a sus ciudadanos (https://www.youtube.com/watch?v=KAIsZngniBE).

“Estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos, les ofrezco una sincera disculpa”, declaró el pasado viernes Peña Nieto al comentar los resultados del informe.

“Los acontecimientos han producido un sentimiento generalizado de descontento y protesta social, que ha movilizado a diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en la ciudad y en el interior del país”, admitió por su parte Pérez Molina anoche, al añadir: “Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón: a pedir perdón a los guatemaltecos”.