MÉXICO, D.F. (Proceso).- Dentro de lo poco positivo que hay en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se encuentra la creación del derecho de las audiencias como un singular derecho humano. La Constitución y la ley han sentado las bases que explican, a grandes rasgos, el contenido de esta herramienta legal para los gobernados. Pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) ha iniciado con el pie izquierdo el desarrollo de esta garantía ciudadana. Veamos. Primero. El derecho de las audiencias supone, de entrada, un paso especializado del más genérico derecho a la información. El reto es lograr un equilibrio razonable entre la libertad de expresión, la libertad de empresa y el derecho de los consumidores de medios. Este último encuentra asidero constitucional en la transformación del servicio de telecomunicaciones en un servicio público. Dicha circunstancia vincula en mayor medida a los concesionarios de radio y televisión y de telecomunicaciones que generan contenidos destinados al público, a la audiencia, que pasa de ser un objeto de consumo sin garantías de calidad a un conglomerado social dotado de derechos frente a los medios concesionados. El contenido de calidad puede tener varias acepciones, pero destacan dos: a) La técnica que entraña la mejor resolución con la que se reciben los contenidos, y b) La de valores básicos propios de un Estado democrático de derecho, que implican, entre otros, la veracidad, la creación de contenidos destinados a la niñez y, en general, un esquema de recepción crítica de formación ciudadana. Argentina, Canadá, Australia y varias naciones europeas han traducido en acto los mencionados derechos con elementos concretos de lo que la sociedad debe esperar de la oferta de los concesionarios generadores de contenidos. El antecedente en México de tal normativa se localiza en las defensorías de la audiencia que nacieron sin ley, pero con voluntad política, en Radio Educación, el Canal 11, el Instituto Mexicano de la Radio y el Canal 22, durante la gestión de Jorge Volpi, quien fue el primer practicante de esta figura que ahora ha muerto de facto en ese canal que pasó de ser público a vocero gubernamental. El Ifetel tiene la atribución legal de desarrollar dicho derecho. Segundo. En cumplimiento de su mandato legal, el Ifetel ha presentado a la sociedad un “anteproyecto” de lineamientos sobre el derecho de las audiencias para su “consulta pública”. De entrada, parecería que se trata de una buena noticia. Los lineamientos tienen una impronta reglamentista; es decir, buscan desarrollar los principios constitucionales y las disposiciones relevantes de la ley que son una suerte de híbrido entre poesía retórica y elementos de concreción que requieren definiciones, alcances y una propuesta que abreve del espíritu constitucional. El Ifetel no ha hecho en realidad ninguna propuesta. Se ha limitado a volver a escribir el contenido constitucional y legal al ciento por ciento en su “anteproyecto”. Ni una aportación original a lo que ya todos saben. En efecto, dicha pieza normativa contiene 90% de lo asentado en la Constitución y la ley, y 10% con un giro lingüístico distinto para decir exactamente lo mismo. No hay en ese “anteproyecto” masa crítica, un esfuerzo inicial de desarrollo del tema, una revisión del derecho comparado tropicalizado al caso mexicano. Nada. Es grave que el desconocimiento sea el hilo conductor de tal documento, que fue elaborado –es un decir– por la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Ifetel, órgano que al mes nos cuesta a usted y a mí la cantidad de 2 millones 846 mil pesos. Por un lado, el Coneval anuncia el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en los últimos años y, por otro, el Estado crea el Ifetel, que sangra al erario y le surte litros que no llegan a los 100 mililitros en un franco atropello al mandato de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Peor aún, es una ofensa a la inteligencia que un “anteproyecto” con semejante calidad haya salido del Ifetel, cuyo contenido no pudo pasar inadvertido por sus comisionados, que se convierten en parte del problema. Uno de mejor factura pudieron desarrollarlo, por ejemplo, dos becarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a un costo simbólico. ¿De dónde salieron los servidores públicos de esa unidad?¿Cuáles fueron los criterios para seleccionarlos dando gato por liebre a la sociedad ¿Cómo, a pesar de los cuantiosos sueldos que les pagan, ninguno tiene obra sobre la materia ni constituye un referente en esa disciplina? Tercero. Por si lo anterior no fuera suficiente, el llamado “anteproyecto” ha sido sometido a “consulta pública”. Este hecho puede engañar en cuanto a sus propósitos reales. De entrada, cualquier persona de buena fe creería que se trata de una medida de participación ciudadana y de una práctica democrática. La realidad es muy distinta. El fondo reside en que el Ifetel busca que la sociedad haga su trabajo mientras sus incompetentes integrantes esperan sentados. El tema no es, por supuesto, un asunto que haya adquirido carta de naturalización en el grueso de la población. Por esa razón se creó el Ifetel, para dar luz sobre los más diversos aspectos de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Lo que hace el instituto en cuestión es tanto como si, guardando las proporciones, el Instituto Mexicano de Cancerología sometiera a consulta pública una propuesta para mejorar los tratamientos de la quimioterapia y las radiaciones contra el cáncer. Es evidente que casi todos los gobernados no saben cómo participar en esa tarea por su grado de especialización. Es una irresponsabilidad del Ifetel delegar sus atribuciones a la sociedad. En muy poco tiempo este organismo autónomo constitucional ha perdido su bono de confianza o el beneficio de la duda, si alguna vez los tuvo. Si la sociedad enterada va a hacer el trabajo del Ifetel, ¿cuál es la razón de que se tenga esa gran burocracia que no aporta absolutamente nada? Ver para creer. @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com ernestovillanueva.blogspot.com