XALAPA, VER. (Proceso).- Están acusados de desapariciones forzadas desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, tráfico de influencias para dirigir la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y nulo trabajo para ofrecer garantías a reporteros, además de la ­subordinación absoluta de esos órganos al gobernador veracruzano, Javier Duarte… Son los servidores públicos que la semana pasada declararon ante los enviados de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP; Benita González, presidenta, y Namiko Matzumoto, secretaria ejecutiva, de la CEAPP, fueron citados en la Fiscalía General del Estado para “aportar pruebas” que ayuden a esclarecer el multihomicidio de Narvarte. Bermúdez, González y Matzumoto arrastran un negro historial en el servicio público; desde el Congreso local, legisladores de oposición ya han exigido las renuncias de los tres, por sus nulos resultados al frente de las instituciones que representan. “Deben renunciar; los órganos autónomos han perdido la autonomía. No tienen credibilidad ante la sociedad”, señala en entrevista Cuauhtémoc Pola Estrada, diputado de Movimiento Ciudadano sobre la CEAPP y también acerca de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dirigida por Luis Fernando Perera Escamilla, quien llegó al cargo “recomendado” por su hija, la exdiputada local priista y exdirectora del DIF municipal de Veracruz, Ángela Perera. Pola puntualiza que las dirigentes de la CEAPP fueron al Congreso local dos veces, acompañadas de Perera Escamilla, a escuchar quejas de periodistas en temas de amenazas, acoso y represión. “Entre los reporteros que tomaron la palabra estaba Rubén, con un posicionamiento fuerte”, dice. Sin embargo, los representantes de los órganos autónomos “sólo tomaron nota, pero no dieron garantías”. En 2014 Pola solicitó en tribuna la renuncia de las dirigentes de la CEAPP, por la falta de atención del organismo ante las amenazas de las que era víctima la reportera Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz: “Desde que ingresamos como diputados nos dimos cuenta de que la CEAPP era un elefante blanco, donde cada año se echan a la basura 22 millones de pesos”. En el caso de Bermúdez, una decena de diputados del PAN, líderes y legisladores del PRD y dirigentes empresariales han pedido su remoción por la ola de inseguridad. “Pinches medios” El 22 de noviembre de 2013, durante la comparecencia protocolaria de Bermúdez como titular de la SSP, su equipo de trabajo llevó a más de mil acarreados al Congreso local, para reivindicar su maltrecha imagen; sin embargo, la fiesta fue interrumpida por una veintena de reporteros y fotoperiodistas de Xalapa, quienes irrumpieron en el acto exigiendo un alto a las agresiones e intimidaciones de los policías. Bermúdez –con gesto descompuesto– soltó a micrófono abierto: “Pinches medios”. En mayo de 2013, familiares de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, ­desaparecidos cuatro meses antes, enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la cual piden su intervención para “investigar al interior de la SSP”, pues aseguran que sus esposos, hijos o hermanos fueron “levantados” por un cuerpo de élite de la propia Policía Estatal. “Los veracruzanos somos víctimas de la ola de violencia que está desbordada en todo nuestro estado, con extorsión, amenazas, intimidación, secuestros, robos, asaltos, a plena luz del día a civiles y, como en nuestro caso, a policías municipales o tránsitos”, decía la misiva, la cual recriminaba que las llamadas “policías tácticas” eran delincuentes con permiso gubernamental, pues estaban implicadas en casos de extorsión y secuestro. La carta reclamaba que aunque habían presentado una queja ante la CEDH, el organismo “no movió un dedo para investigar hacia el interior de la corporación policiaca”. Esa corrupción quedó exhibida desde septiembre de 2012, cuando 35 uniformados de Veracruz –19 de ellos adscritos a la nueva Policía Estatal Conurbación Xalapa– fueron detenidos por efectivos de la Marina, en cumplimiento de una orden de presentación de la Procuraduría General de la República, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. El último roce de Bermúdez con la prensa de Veracruz ocurrió en junio pasado, cuando aquél admitió tener “fichados” –con fotografías, videos y audios– a todos los reporteros que se han manifestado en la entidad. Los activistas sociales y los estudiantes y catedráticos de la Universidad Veracruzana responsabilizan a Bermúdez de la agresión a ocho jóvenes universitarios el pasado 5 de junio en un departamento de Xalapa. En dicho ataque, perpetrado por encapuchados armados con machetes, palos con clavos y bates de beisbol, tres de los jóvenes agredidos terminaron desfigurados. El más grave presentó traumatismo craneoencefálico. La del café, la de los velorios Matzumoto, exempleada del Poder Judicial estatal, llegó a la CEAPP por “efecto rebote”. Su intención era encabezar la CEDH, y aunque fue incluida en la terna propuesta al Legislativo, fue desechada por un compromiso político de Duarte con el actual ómbudsman local. Matzumoto, emparentada con el exsecretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, fue propuesta meses después como secretaría ejecutiva de la CEAPP, luego de trabajar en el equipo de prensa del Consejo de la Judicatura, donde –recuerdan reporteros de la fuente judicial– era la encargada de organizar el servicio de café, refrescos y galletas antes de cada conferencia de prensa del titular del Tribunal Superior de Justicia. A Benita González Morales, segunda presidenta de la CEAPP, los reporteros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la identifican como “la mujer de los velorios”, pues en los ocho meses que lleva al frente de la comisión sólo la han visto en los sepelios de tres periodistas: Moisés Sánchez, Juan Mendoza y Armando Saldaña. “Llega de negro, pone su jeta de muy dolida, de lástima, para salir en las fotos y nada más. La hemos visto en los dos funerales de Medellín, pero jamás acercarse a los reporteros de la zona para buscar mecanismos de protección y garantías del ejercicio profesional”, dice una reportera del puerto de Veracruz. El columnista Mussio Cárdenas define así a la presidenta de la CEAPP: “No es que sea mala. Es que es convenenciera, oportunista, ventajosa y tendenciosa. Benita González no es líder de opinión. Sólo lo creen así Fidel Herrera (exgobernador), Javier Duarte (actual) y la propia Benita González, pero sólo es una empleada del poder. Nunca se le verá fijando la posición crítica de la CEAPP. Nunca condenará el régimen de agresión, insidia, hostigamiento, represión, violencia, que distingue al duartismo”. En entrevista, Pola insiste en que los llamados “órganos autónomos”, garantes de los derechos humanos y de la protección a periodistas, no son tales: “No vemos los resultados de la CEAPP y de la oficina de Derechos Humanos, no hay reacciones rápidas y oportunas. Dejan mucho que desear; el sentido autónomo que pregonan hay que ponerlo entre comillas”. Jorge Morales, único integrante de la CEAPP que ha marcado distancia del Poder Ejecutivo, expone que los mecanismos de protección para reporteros son una “falacia”. La CEAPP, señala Morales, las comisiones de derechos humanos y hasta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional, son entes burocráticos dedicados “hasta el momento” a atender la parte más “light” y hasta cierto punto “glamorosa” del problema, sin meterse con los agresores, quienes están dentro del aparato ­gubernamental.