MÉXICO, D.F., (apro).- La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidieron hoy al Juzgado B de Mayor Riesgo procesar a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por los presuntos delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. En el segundo día de audiencias, el fiscal del Ministerio Público, José Morales, afirmó que existen suficientes pruebas contra la exdignataria para juzgarla por su participación en una red de defraudación aduanera que supuestamente encabeza el presidente Otto Pérez Molina y de la que se desvinculó el lunes pasado. De acuerdo con Morales, en la investigación se pudo establecer la participación de Baldetti en la red criminal denominada “La Línea”, al menos entre el 8 de mayo de 2014 y el 16 de abril de 2015 cuando la organización fue desmantelada. Entre las pruebas que la incriminan están las escuchas telefónicas interceptadas y documentos que demuestran su participación y la comisión de los delitos referidos. Con base en esas pruebas el Ministerio Público pidió que Baldetti “sea ligada a proceso y se le dicte prisión preventiva”. Luis Fernando Orozco, delegado de la Cicig, coincidió con Morales en que “existen elementos suficientes para que se dicte acto de procesamiento” contra la exvicepresidenta. “Baldetti ejecutó actos que hacen ver que era parte de la organización criminal y daba órdenes a los diferentes niveles de la estructura”, señaló. Los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN) también se sumaron a la petición de la Fiscalía de procesar a Baldetti, quien renunció a su cargo el pasado 8 de mayo y fue detenida el viernes pasado en un centro asistencial privado. A raíz de estas revelaciones, dos ministros, un comisionado presidencial y tres viceministros renunciaron durante el fin de semana y hoy renunciaron el ministro de Finanzas, Dorval Carías y el ministro de Comunicaciones, Víctor Corado, según informó la noche del lunes el diario “Prensa Libre”. Otros funcionarios, entre ellos el viceministro de Administración Financiera, Édwin Martínez, y su colega de Ingresos y Evaluación Fiscal, Saúl Figueroa, así como la secretaria de Planificación de la Presidencia, Ekaterina Parrilla, también dimitieron. En “La Línea” también es mencionado el presidente Otto Pérez Molina, contra quien el MP y la Cicig pidieron el viernes último a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un antejuicio, un proceso para levantarle la inmunidad, y sea investigado. El mandatario negó tajante su participación en esta red la noche del domingo pasado, en un mensaje a la nación, aunque pidió perdón al pueblo por la participación en este caso de funcionarios que él designó. “Daré la cara y demostraré, frente a la ley, que no he sido parte y mucho menos receptor de estos fondos malhabidos en perjuicio del pueblo de Guatemala”, sentenció Pérez Molina. Ahora está a la espera de que el Congreso decida si le retira la inmunidad para que pueda ser juzgado.