VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el cierre definitivo del pozo Terra 123 que se incendió por casi tres meses en 2013 y provocó masivas manifestaciones de alrededor de 50 mil campesinos y pescadores que se dicen afectados y aún reclaman pagos por daños. La empresa informó que en cumplimiento a los protocolos de seguridad para la operación de instalaciones petroleras, personal especializado de Pemex realiza trabajos técnicos en ese pozo, “como parte del proceso orientado para su cierre definitivo”. Pemex explicó que los trabajos consisten en bombeo de lodo de perforación y agua dentro del pozo, el uso de nitrógeno para generar -de forma preventiva- un tapón de hielo en las conexiones superficiales que se colocaron cuando ocurrió la emergencia y el retiro de las mismas, debido a que el pozo ya no tiene presión. Concluidas estas actividades, “se realizará la instalación de equipamiento de reparación para posteriormente proceder a su cierre total”, señaló la empresa productiva mediante un comunicado. Además, precisó que los trabajos no representan riesgo alguno para la población, las instalaciones y el medio ambiente, y que durante su ejecución han estado presentes equipo y personal plenamente capacitado, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que establecen las normas en la materia. El pozo Terra 123 se incendió en octubre de 2013 en la comunidad indígena chontal de Oxiacaque, municipio de Nacajuca, y permaneció ardiendo durante 55 días, hasta que fue controlado en diciembre. Desde entonces, casi 50 mil campesinos y pescadores de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez iniciaron un movimiento para exigir a Pemex pagos por daños. La protesta alcanzó su máximo nivel en julio y agosto de 2014, cuando los afectados cerraron pozos e instalaciones petroleras en siete municipios, además de las oficinas de Pemex Exploración Producción (PEP), ubicadas en esta capital en la llamada Pirámide de Pemex. La empresa desactivó el movimiento firmando un acuerdo para revisar las demandas de los inconformes, principalmente el pago de daños a viviendas, cultivos, ganado, pastizales, animales de traspatio, árboles frutales y cuerpos de agua, provocado por la “lluvia ácida” del pozo Terra 123. Además, ofreció obras sociales para comunidades de Nacajuca y Jalpa de Méndez, entre ellas unidades deportivas, parques recreativos y de artesanías, pavimentación de calles y carreteras, canchas techadas y un centro social. En febrero de este año, Pemex declaró improcedentes más de 48 mil reclamaciones y anunció que sólo indemnizaría con 4 millones 700 mil pesos a 131 ganaderos y 32 cooperativas pesqueras. La empresa argumentó que de acuerdo con el dictamen elaborado por técnicos de instituciones nacionales y locales, el pozo no explotó, sino que ocurrió una fuga de gas y se incendió, y al no haber explosión, no existió onda expansiva que haya generado daños, además de que el hidrocarburo derramado no afectó más allá de los alrededores. Sin embargo, derivado de la restricción parcial a las actividades pesqueras y ganaderas, por tránsito de embarcaciones y vehículos que transportaban insumos y equipos para la atención del pozo, resultó procedente el pago de 2 millones 700 mil pesos para 32 cooperativas pesqueras y 2 millones de pesos para 131 ganaderos. Un mes después, en marzo, los afectados rechazaron el dictamen de Pemex y exhibieron uno realizado por el doctor e investigador Cuitláhuac Rovirosa Madrazo, que concluyó que la empresa dañó bienes, salud y medio ambiente de más de 240 comunidades de siete municipios del estado. El estudio fue presentado como prueba en la demanda que, en esa fecha, presentaron ante la PGR por daños ambientales, a la salud y al patrimonio de las personas. Rovirosa Madrazo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dio a conocer un estudio científico que, dijo, se realizó a través de rayos X e infrarrojos, así como del satélite LANDSAT-8, perteneciente a la NASA, que determinó la magnitud del daño provocado por el pozo Terra 123. Mediante proyección con imágenes satelitales, el académico informó que las emisiones del pozo afectaron 600 kilómetros cuadrados del territorio tabasqueño, con moléculas de azufre que directamente dañaron en su momento a los habitantes, así como la flora, fauna silvestre, aguas, agricultura y ganadería, y lo harán a largo plazo. Los más afectados, agregó, fueron más de 240 comunidades de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centro, Centla, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán. “Pemex es el responsable directo de la operación del pozo. Tabasco ya no puede seguir siendo tiradero ni basurero de la negligencia e irresponsabilidad de la empresa”, reprochó y reveló que la empresa tiene un seguro de mil 700 millones de dólares para cubrir catástrofes, pero “ha preferido mentir antes que ejercer la póliza para pagar los daños irreparables al estado de Tabasco”. También alertó sobre los riesgos de enfermedades crónicas y degenerativas para los habitantes de esos municipios, además del daño ambiental por la pérdida de cuerpos de agua para consumo humano y de animales. Asimismo, denunció que funcionarios de Pemex “mintieron con sus dictámenes” al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Arturo Núñez y al director general de la empresa productiva, Emilio Lozoya. Asimismo, destacó que del 2000 al 2012, Tabasco ha sido impactado con 52% de los derrames de crudo y gas que han ocurrido en el país, lo que significa “un daño de 4 mil 400 millones de barriles vertidos” sobre tierras tabasqueñas. El pasado martes los afectados del pozo Terra 123 reanudaron su movimiento y marcharon a plaza de armas para exigir a Pemex, por enésima vez, que pague los daños provocados. Más de mil representantes de comunidades afectadas pusieron un ultimátum a la empresa productiva del Estado: si no paga en un mes, volverán a bloquear pozos e instalaciones petroleras. Además, exigieron a la PGR que acelere la demanda que interpusieron contra Pemex y éste concluya las obras sociales que prometió.