MÉXICO, D.F. (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que antes del 15 de septiembre el gobierno de Enrique Peña Nieto dará respuesta formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace un año en Iguala, Guerrero. En su último informe preliminar, integrantes del GIEI dieron a conocer que si bien su mandato concluye el 2 de septiembre, tenían plena disposición a ampliar su estancia en México para continuar con las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, toda vez que había temas pendientes de explorar, entre ellos interrogar a 26 soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala. Entrevistado antes de participar en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada de Personas, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Campa Cifrián dijo que será hasta después de que los expertos den a conocer su informe final, el próximo 6 de septiembre, cuando el gobierno de Peña Nieto apruebe o niegue la permanencia del GIEI. Ante el cuestionamiento de representantes de medios de comunicación de qué obstáculos había para permitir que el GIEI continué operando, el funcionario respondió que “es importante tener la información para saber cuáles son las condiciones para su ampliación”. También dijo que los mismos expertos han considerado “que no podrían ser los mismos seis meses, porque ellos prácticamente han dedicado todo su tiempo al trabajo en México”, por lo que se estaría “analizando un esquema de características distintas”. Según el funcionario, la misma CIDH planteó “la conveniencia de que se pueda dar a conocer la posición final alrededor del día 15 de septiembre, eso es lo que ha planteado la misma Comisión”. Sobre la facultad de la CIDH de decidir la ampliación del plazo del GIEI para realizar su trabajo, independientemente de la opinión del gobierno mexicano, Campa Cifrián consideró que “la asistencia técnica es resultado de un acuerdo, y seguramente lo que tiene que ver con la ampliación será resultado de un acuerdo”. El subsecretario de Gobernación calificó el trabajo del GIEI como una “enorme ayuda en distintos frentes, que mejora en la investigación y en la ayuda con la atención de las víctimas, cada vez más cercana a los familiares, gracias al trabajo del grupo”. Sin definir si es factible que el gobierno de Peña Nieto acepte la ampliación del mandato del GIEI, Campa Cifrián confió en que se tengan “todos los elementos y valoraciones” para dar la respuesta final. Por otra parte, con respecto a la ley general sobre desapariciones forzadas, Campa Cifrián informó que, en atención a las organizaciones y familiares de víctimas, la iniciativa que presentará el gobierno federal no tendrá el carácter de preferente, sino que será agotada la consulta para su elaboración y puesta a disposición en el Congreso de la Unión para su discusión. Durante su intervención en el evento, Campa Cifrián informó que para la elaboración del proyecto de ley el gobierno federal ha contado con la colaboración del Comité de la Cruz Roja Internacional (CRI), con la participación en línea de familiares de víctimas impedidas a acudir al Distrito Federal, además de que la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realiza consultas en las entidades sobre búsqueda de personas, tipos penales, sanciones y reparación de daño. En tanto, abundó, se mantiene abierta la consulta con organizaciones sociales y familiares en diversas regiones del país, donde se han llevado a cabo foros de discusión, además de que el gobierno federal ha contado con el apoyo de la CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.