Pide HRW a gobiernos condenar inhabilitación de candidatos en Venezuela
MÉXICO, D.F. (apro).- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos latinoamericanos condenar la inhabilitación de cinco candidatos de la oposición para las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre en Venezuela.
“Es crucial que las próximas elecciones en Venezuela se celebren de manera libre y justa, y que todas las opciones sean tenidas en cuenta”, afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado difundido este jueves.
HRW reconoció que si bien las inhabilitaciones entran en el marco de la ley venezolana, afirmó que “es inconsistente con los estándares regionales, que plantean que ninguno debería verse impedido de competir por un cargo hasta ser condenado por un delito”.
Los candidatos inhabilitados por el gobierno de Nicolás Maduro son: Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, ambos alcaldes de oposición; María Corina Machado, exlegisladora destituida por la Asamblea Nacional; César Pérez Vivas, del estado de Táchira, y Pablo Pérez, del estado de Zulia, ambos exgobernadores.
Las primeras protestas en Venezuela iniciaron en febrero de 2014 en el municipio San Cristóbal, en el estado de Táchira, donde Daniel Ceballos fue electo como alcalde en abril de 2013. Ocho días después las manifestaciones se extendieron al resto del país y alcanzaron Caracas, la capital.
El 19 de marzo de 2014, agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Ceballos durante una protesta en San Cristóbal –en la que fallecieron tres personas– y lo inculparon por los delitos de rebelión y asociación criminal.
El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, justificó la captura al aseverar que “no solamente dejó de cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución, sino que facilitó y apoyó la violencia irracional que se desató en la ciudad de San Cristóbal”.
Tres días después, Maduro calificó a Ceballos de “jefe de los terroristas de San Cristóbal” por no haber frenado las protestas “neofascistas” en su municipio.
El pasado 3 de julio la Contraloría General de la República (CGR) venezolana confirmó la inhabilitación del alcalde electo para postularse a cualquier cargo público durante un año, y reafirmó que el candidato no había presentado su declaración patrimonial.
El mismo día de la detención de Ceballos, Vicencio Scarano, alcalde del municipio de San Diego en el estado de Carabobo, fue condenado a 10 meses de cárcel por no acatar una sentencia que lo obligaba a impedir la colocación de barricadas.
El 24 de marzo de 2014, la diputada de oposición María Corina Machado fue suspendida de su cargo legislativo por participar, tres días antes, en una reunión de embajadores en la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que asistió como invitada de Panamá.
En una conferencia de prensa que dio en esa ocasión junto al embajador panameño, Machado aseveró que la represión de las protestas que sacudían entonces a Venezuela demostraba que el gobierno de Nicolás Maduro es “una dictadura”.
En diciembre pasado, la legisladora fue acusada de urdir un supuesto complot para asesinar a Maduro, “aunque el documento oficial del caso, al que HRW tuvo acceso, indica que no existe evidencia creíble para sustanciar dicha alegación”.
Los pasados 14 y 15 de julio, la Contraloría general de la república (CGR) declaró la inhabilitación de Scarano y Machado, respectivamente, para asumir cualquier cargo público durante un año, lo que generó reacciones adversas en la oposición, reunida en la Mesa de la Unión Democrática (MUD).
La CGR también inhabilitó por varios años a los exgobernadores César Pérez Vivas y Pablo Pérez por las investigaciones abiertas en su contra ante supuestos actos de corrupción.