MÉXICO, D.F. (apro).- El Gobierno del Distrito Federal será el encargado de penalizar al consorcio PICSA en caso de incurrir en retrasos en la construcción del Corredor Cultural Chapultepec (CCC) y supervisará que se cumpla con el proyecto ejecutivo. En un desplegado de más de media plana publicado en los principales diarios de circulación nacional, el mismo CCC comentó las “preguntas frecuentes” sobre el proyecto dado a conocer el pasado 18 de agosto y que, desde entonces, causó polémica. La publicación pagada se difundió dos días antes de que inicie una campaña de difusión –del 29 de agosto al 18 de septiembre–, en diferentes plazas públicas de las colonias aledañas al proyecto, organizada por la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX) y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). La consulta ciudadana se hará el 19 de septiembre. A través de 12 cuestionamientos –también difundido en su página de internet– el CCC explica lo que considera las “inquietudes puntuales” de los ciudadanos sobre el proyecto que abarcará de la base del metro Chapultepec a la Glorieta de Insurgentes. Por ejemplo, niega que será un “centro comercial” pues detalla que de los más de 110 mil metros cuadrados que incluye el proyecto, “sólo 18.5% estará destinado a servicios, comercio y equipamiento”, 26.2% será para vialidad y 55.3%, espacio público. El proyecto calcula que la administración pública obtendrá 360 millones de pesos por el 5% de las utilidades de un proyecto a 40 años. No obstante, el CCC destaca que la ciudad “gana una gran obra de infraestructura con 62 mil metros cuadrados de espacio público y su mantenimiento por 40 años, sin invertir un solo peso, ni generar deuda pública”. Optimista, calcula que la suma de la obra y el mantenimiento beneficiarán a la ciudad por más de tres mil millones de pesos. El Corredor justifica la obra al decir que el rescate que necesita la avenida Chapultepec y su problemático “no son asuntos menores”, sino que “requiere una verdadera reingeniería” en su diseño. Y añade que es una “oportunidad histórica para crear un modelo de espacio público único en el país”, sin usar el dinero de los impuestos. De hecho, asegura que como en la obra no habrá recursos públicos, el GDF los dirigirá a mejoras como “repavimentación de calles o mantenimiento para sistemas de transporte público”. A propósito de la seguridad, vigilancia y la prohibición de comercio ambulante en el nuevo corredor, el CCC detalla que ambos elementos estarán a cargo de un Fideicomiso formado por la Agencia de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX) y PICSA, el consorcio responsable de la obra. El proyecto concluye un sistema de cámaras de videovigilancia las 24 horas del día y “total conexión” con los sistemas de la policía capitalina. Uno de los argumentos de oposición de los vecinos es el daño colateral que la obra pudiera ocasionar en sus viviendas y predios aledaños. Al respecto, el CCC asegura que “no habrá afectación alguna”. Dice que previo a la construcción, se hará una “fe de hechos de casa inmueble” y que en caso de ocurrir algún daño, “el desarrollo contará con los seguros necesarios para responder a cualquier afectado”.