MÉXICO, D.F. (apro).- Pese a la conmoción que ha causado la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no es posible “dimensionar el fenómeno (de los desaparecidos en México) debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizados”, advirtió Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Durante su participación en la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en la inauguración de un foro sobre el tema, el ombudsman nacional recordó que la CNDH visibilizó el problema en la recomendación 26/2001, en la que se analizaron casos ocurridos en la década de los setenta y principios de los ochenta, en la llamada ‘guerra sucia’. Tras señalar que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa revivió el tema, González Pérez admitió que actualmente no hay registros confiables “para determinar con certeza el número de casos que serían imputados a autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos en que la desaparición sería responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o atribuidos a alguna otra causa”. Además de esos problemas, el presidente de la CNDH enumeró como otros obstáculos las inconsistencias jurídicas, la falta de una ley nacional, la escasa coordinación nacional para la búsqueda de desaparecidos, la falta de registros confiables sobre las detenciones y puestas a disposición, así como la carencia de equipos necesarios para la realización de bases de datos en genética. Resaltó que el caso de Iguala no sólo permitió visibilizar el problema de la desaparición forzada, sino la existencia de fosas clandestinas, de manera que en los últimos ocho años la Procuraduría General de la República (PGR) ha localizado 149 de esas fosas con un número no determinado de restos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas. González Pérez aseguró que “la existencia de un solo caso de desaparición forzada es inaceptable” y que la investigación debe priorizar la localización de las víctimas antes que la de los culpables. En el evento, el representante ajunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Jesús Peña, destacó que pese a los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto por legislar en materia de desaparición forzada, así como el ofrecimiento de cifras vedadas en el sexenio pasado sobre esta tragedia, además de la creación de una Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y de protocolos de búsqueda, “las acciones aún son insuficientes ante las graves violaciones a derechos humanos”. Y agregó que ante la “insuficiente actuación del Estado, las familias son quienes se han convertido en las protagonistas de las búsquedas”, por lo que recomendó al gobierno mexicano tomar medidas para emprender acciones de localización urgente y “dar pasos en México para generar confianza en las autoridades”. De acuerdo con Jesús Peña, siguen pendientes recomendaciones formuladas en 2011 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, así como las del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, emitidas este año. Si bien reconoció la importancia de legislar en materia de desaparición forzada, sostuvo que “mientras las familias de los desaparecidos no sepan qué ha pasado con sus familiares, no será posible acabar con el dolor inaceptable que causa la desaparición”. En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, se refirió al proceso de legislación sobre desaparición forzada, ley que “llega tarde y que se ha agudizado en los últimos nueve años”, dijo. Al insistir que en los últimos años se “recrudeció el problema”, De la Peña señaló que mientras no haya un diagnóstico serio y se reconozca el problema, “no será posible acabar con este monstruo”. El foro sobre desaparición forzada concluirá el próximo domingo 30, día fijado por la ONU para recordar a las víctimas de desaparición forzada.