Al unísono, defensores de derechos humanos dicen que México es un país de impunidades, sobre todo en esta materia. Y enumeran los agravios acumulados en los últimos meses: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera… Frente a este tsunami de sangre, ejecutados, desaparecidos, desplazados por trata de personas e incremento de actos de tortura que dejó Felipe Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto está revolcado en esa ola. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Alejadas de la agenda de Enrique Peña Nieto durante los dos primeros años de gobierno, las violaciones a los derechos humanos cobraron relevancia a partir del segundo semestre de 2014. La luna de miel del mandatario con los medios extranjeros durante sus dos primeros años de gestión se agotó cuando salieron a la luz las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. A esos hechos oprobiosos se sumaron las masacres de Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán este 2015. Luego vinieron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en Ostula. En todas ellos han participado fuerzas federales de seguridad. Defensores de derechos humanos y miembros de grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostienen que la figura de Peña Nieto se resquebrajó ante su incapacidad de renovar el modelo de seguridad sostenido por su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que tiene a las fuerzas castrenses como fundamento de la política de combate al narcotráfico y de control social. Además, la figura presidencial se resquebrajó aún más con las posiciones reacias al escrutinio internacional ante los informes del Comité contra la Desaparición Forzada y del relator especial contra la tortura, Juan Méndez, expuestas en el último año de gobierno peñanietista. La tragedia humanitaria no ha parado, comentan a Proceso Santiago Corcuera Cabezut y José Antonio Guevara Bermúdez, integrantes de los grupos de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada y sobre detenciones arbitrarias, respectivamente, así como los directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Mario Patrón Sánchez y Fernando Ríos Martínez. “El baño de sangre y los datos de desaparecidos y de personas desplazadas se han agravado en los últimos tres años”, señala Corcuera. Eso sólo se explica, dice, por la decisión de Felipe Calderón Hinojosa de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de persecución del crimen organizado, que ya tenía el control, o casi, de poblaciones y municipios”. Vicente Fox, aclara, no quiso enfrentar el problema. “Frente a este tsunami de sangre, de ejecutados, desaparecidos, desplazados de trata de personas e incremento tortura que deja Calderón, el presidente Peña Nieto está revolcado en esa ola, y no ha podido o no ha querido cumplir su promesa de cambiar la estrategia de seguridad”. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2026, ya en circulación)