HERMOSILLO, Son., (apro).- El gobierno de Estados Unidos alertó a las autoridades mexicanas desde marzo pasado sobre una red de tráfico de menores que operaba en el estado de Sonora, que era dirigida por funcionarios estatales y que tenía alcanza internacional. En el oficio ICE007/2015, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos advierte al titular de la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, Carlos Navarro Sugich, que una “fuente confidencial” detalló que un grupo de personas se dedica a la venta de niños recién nacidos y han “formado una red compleja” para que la pareja “adoptante” se convierta en “padres biológicos” ante la Ley. Suscrito por Mario H. Méndez, agregado adjunto al Departamento de Seguridad Interior, el reporte daba más luces sobre las actividades “transfronterizas” de José Manuel Hernández López, de 37 años, exdirector jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, quien se encargaba de contactar a los padres interesados para ofrecerles a los pequeños. Emma Consuelo Falcón Etchechury, de 36 años, pareja sentimental de Hernández López, lo acompañaba para para consolidar la compraventa de menores. Pese a la alerta de las autoridades estadunidenses, la procuraduría local tardó catorce días para solicitar la presentación urgente de José Manuel Hernández López y Vladimir Arzate Carbajal, exsubprocurador de la Defensa del Menor del DIF Sonora, quién fue localizado en Cancún, Quintana Roo, donde se encontraba de luna de miel acompañado de su esposa Marisol Espinoza, misma que también labora en la fiscalía estatal. Larsa Noticias reportó que la “cloaca” se destapó el 8 de mayo anterior cuando un grupo de supuestos padres adoptivos realizaron una manifestación por fuera de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo para exigir la entrega de los pequeños por quienes habían pagado cantidades de dinero que iban de los 100 mil hasta 180 mil pesos, pero si los interesados provenían de los Estados Unidos la cuota se elevaba hasta los 20 mil dólares, unos 300 mil pesos al tipo de cambio de esa fecha. La acción penal fue encabezada por el director de averiguaciones previas, Luis Enrique Verdugo Toledo, quien integró un expediente en la agencia primera de Querellas contra Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, bajo el número 01/2015, por la presunta trata de personas, al gestionar adopciones irregulares, incluyendo entrega de menores de edad a personas radicadas en el extranjero. Tres y medio meses después, el 27 de agosto, la procuraduría giró 16 órdenes de aprehensión, sin que hasta este día haya resultados oficiales de las pesquisas. Según datos oficiales del Sistema DIF Sonora sólo en 2012 y 2013 estuvieron en riesgo de ser víctimas de esta red de tráfico infantil unos 132 niños, quienes fueron clasificados como Hijos de Madres Toxicómanas (HMT). Señalan engaño Finalmente, el abogado defensor de los “padres adoptivos”, Blake Urrutia justificó a nombre de sus clientes que fueron “víctimas de un engaño”. Dijo que los inculpados asistieron a cursos de sensibilización, cumplieron con los requisitos de la institución y con “esfuerzos” cumplieron con la petición monetaria. “Mis clientes nunca vieron nada extraño porque las personas que se entrevistaron porque portaban camisas con logos oficiales”, concluyó.