MÉXICO, D.F., (apro).- A unas horas de que el Congreso de Guatemala vote sobre la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, su abogado César Calderón presentó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que esa medida se concrete. El pasado sábado 29, la Comisión Pesquisidora del Congreso, compuesta por cinco diputados –tres opositores y dos oficialistas–, dictaminó que había indicios suficientes para recomendar al pleno de congresistas retirarle la inmunidad a Pérez Molina, para lo cual se requieren 105 votos. La votación, que deberá realizarse mañana, se suspendería si la CC otorga el amparo de manera provisional el Ejecutivo, una decisión que tomará unas 24 o 48 horas según la ley. Calderón indicó a la agencia EFE que dicho recurso fue presentado ayer ante un juzgado de turno que trasladó el expediente al mayor órgano jurisdiccional del país porque, a su juicio, el dictamen Comisión Pesquisidora cae en una “persecución penal”. El abogado de Pérez Molina explicó que la solicitud de antejuicio, pedida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el viernes 21, supuestamente porque el presidente guatemalteco lidera la red de corrupción aduanera “La Línea”, se basa en los mismos hechos delictivos de otros antejuicios ya rechazados. “Deberían compararlos con el actual”, ya que “el objeto” es el mismo y la persona acusada también, dijo. A juicio de Calderón, la Comisión Pesquisidora debió pedir los expedientes del anterior antejuicio para analizar la situación, aunque reconoció que de haberlo hecho, la resolución final “no va a cambiar”. “Pero es su obligación”, subrayó, y agregó que la comisión “no tomó en cuenta” el expediente que él presentó en nombre de su defendido y en el que se demuestra “su inocencia”. A mediados de mes el Congreso rechazó levantar la inmunidad al mandatario guatemalteco, lo que impidió que fuera investigado tanto por el caso de fraude aduanero como por una corruptela en el Seguro Social, después de ser denunciado por el diputado opositor Amílcar Pop. En medio de esa crisis política, se prevé que alrededor de 7.5 millones de guatemaltecos asistan a las urnas el próximo 6 de septiembre, cuando deberán elegir al sucesor de Pérez Molina, así como al vicepresidente, 334 alcaldes, 158 diputados y 20 legisladores al Parlamento Centroamericano. De acuerdo con la convocatoria emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 2 de mayo, la Corte de Constitucionalidad –el máximo tribunal en materia constitucional– ratificó la fecha establecida para los comicios generales. No obstante, amplios sectores del país han reclamado el aplazamiento de los comicios por la corrupción de políticos que salió a la luz en abril pasado, cuando el MP y la CICIG desarticularon la red de “La Línea” y detuvo a 21 personas, incluidos el director y exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Posteriormente fue aprehendida la exvicepresidenta Roxana Baldetti y se solicitó el antejuicio a Pérez Molina.