MÉXICO, D.F. (apro).- Después del último informe de la consultora Integralia, donde se establece un gasto de 3 mil 400 millones de pesos para subvenciones en la Legislatura pasada, el PAN se pronunció por revisar “las prestaciones” a que tienen derecho los legisladores, al tiempo que el PRI sostuvo que esa acción podría tratarse de un intento de “debilitar” a la Cámara. Por su lado, el PRD también se dijo dispuesto a revisar prestaciones, pero no a cancelar las “subvenciones”. El sábado pasado, al arrancar la 63 Legislatura federal, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, anunció que su fracción había decidido rechazar los gastos médicos que otorga el Congreso a sus legisladores. Antes Morena, mediante su coordinadora Rocío Nahle García, dijo que los 35 diputados rechazarán hacer uso de los gastos médicos mayores, y lo propio hizo Movimiento Ciudadano (MC) con sus 25 legisladores. Lo anterior da un total de 121 diputados federales que renunciarían a la prestación de gastos médicos mayores, pues todos ellos acudirán al ISSSTE cuando requieran atención médica. Además, la fracción de Morena con sus 35 diputados se comprometió a donar el 50% de su dieta para apoyar a la educación y crear un fondo para el sector. Del PRI, sólo la vicecoordinadora Ivonne Ortega anunció a través de su cuenta de Internet que donará con la mitad de su salario a un fondo educativo y apoyar así a estudiantes que deseen concluir sus estudios. La legisladora detalló que la dieta de los diputados es de 73 mil 910 pesos mensuales, un aguinaldo de 140 mil 504 pesos y vales de despensa por 2 mil 78 pesos. Sobre estos temas, el coordinador del PRI, César Camacho, consideró que la acción de PRD, Morena y MC podría tratarse de una pretensión para “disminuir” al Poder Legislativo. Incluso, Camacho Quiroz dijo que los anuncios huelen a “tufillo demagógico”. No obstante, consideró que su partido podría revisar si el gasto destinado a los legisladores es aplicado de manera correcta. “Las subvenciones son para pagar los apoyos en estudios y asesoramientos que tienen los legisladores, por lo que retirarlas en absoluto iría en detrimento de la calidad del trabajo legislativo, aunque esto no significa que no pueda revisarse si está siendo correctamente aplicadas”, ofreció. A su vez, el coordinador del PAN, Marko Cortés, aseguró que ellos también están dispuestos a revisar la partida de prestaciones y adelantó que su partido contratará a despachos internacionales calificados para verificar el uso que el grupo parlamentario dé a esos apoyos. Lo anterior, porque en cada legislatura y discusión de presupuesto de egresos existen presiones de algunos legisladores hacia presidentes municipales para que les proporcionen “una comisión” a cambio de la gestoría de mayores ingresos para sus ayuntamientos, como sucedió con el PAN en la legislatura pasada, “moches” fueron denunciados públicamente.